Una nueva dirección general asumirá todas las competencias del agua del IAA
El Consejo de Gobierno autorizó ayer la celebración de los convenios necesarios para que los centros públicos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte que imparten Formación Profesional puedan suscribir con empresas de su área de influencia convenios de colaboración para implantar proyectos de FP dual. El Departamento de Educación ha realizado acciones para incrementar el número de alumnos de FP dual y para dar a conocer esta modalidad de enseñanza. Este curso 2016-2017 hay en Aragón 42 proyectos de FP dual con 222 alumnos y 177 empresas participantes. En el caso de la provincia de Teruel, hay un total de 20 (6 en la capital y 14 en la provincia).
Los convenios que podrán firmar los centros suponen que los alumnos tendrán contratos de trabajo con una duración mínima de un año y podrán ser prorrogado por acuerdo de las partes según la normativa laboral vigente. La remuneración se fijará conforme al convenio colectivo de referencia y será proporcional al tiempo de trabajo efectivo realizado en la empresa.
Tal y como se confirmó ayer, el Gobierno de Aragón considera esta modalidad formativa una oportunidad para que los alumnos se inicien en el mundo laboral, al tiempo que reciben la formación necesaria. La FP dual permite conseguir una mayor motivación del alumnado al permitirle estar en contacto desde el primer momento con el mundo laboral real, facilita la inserción laboral como consecuencia del mayor contacto con las empresas e incrementa la vinculación y corresponsabilidad con la FP. Además, potencia la relación del profesorado con las empresas de referencia.
Gestión del agua
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó un anteproyecto de ley que tiene como objetivo la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y el traspaso de todas sus competencias, sus medios materiales y humanos y sus derechos y obligaciones a una nueva dirección general del Agua. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, explicó que con esta decisión «política» se persigue conseguir una «mejor gestión», «más transparente y eficaz» y «más controlada» a través de los servicios de intervención» de la propia comunidad.
Tras una etapa en la que en España, y también en Aragón, se optó por crear múltiples organismos que en parte realizaban una gestión opaca, ahora se vuelve a optar por un «control de la legalidad». El anteproyecto es una muestra a la «firme apuesta» del ejecutivo por la gestión pública, transparente e integrada con el resto de políticas sectoriales. La creación de una nueva dirección general busca economía de medios, homologación de la gestión y de los procedimientos y garantía de rigor y transparencia.
En su único artículo, el texto establece la extinción del IAA, ordena el inicio del procedimiento de liquidación y fija que la Comisión del Agua de Aragón y la Comisión de Autoridades Competentes del Agua de Aragón quedan adscritas al departamento al que se atribuyan las competencias, en este caso al de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Se incluyen disposiciones adicionales para que los bienes, derechos y obligaciones del IAA pasen a la administración general de la comunidad, así como para la integración del personal propio del IAA, que se incorporará a la administración autonómica con la condición de «a extinguir» y sin que ello suponga la atribución de la condición de funcionario. El personal funcionario y laboral de la administración autonómica que prestaba sus servicios en el IAA se adscribirá con idéntica condición en la administración de la comunidad.
