El pleno ordinario de febrero de la Diputación de Teruel (DPT) ha aprobado la modificación del Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación para que los préstamos a largo plazo para los ayuntamientos aumenten hasta los 400.000 euros. Además, los municipios con otros núcleos de población podrán solicitar una cantidad adicional por cada núcleo y el plazo de amortización se dobla y pasa de los 10 a los 20 años.
Después de un primer aumento en 2020, cuando el importe de estos préstamos pasó de 18.000 a 150.000 euros, el equipo de gobierno de la institución provincial ha decidido volver a aumentar la cuantía máxima en consonancia con el incremento de la partida desde los 5 a los 10 millones de euros y en respuesta a las peticiones de los propios ayuntamientos, que cada vez ven más útil este instrumento para su funcionamiento.
«Este instrumento se pone a disposición de todos los ayuntamientos para dar liquidez a coste cero, para realizar inversiones, cancelar préstamos o sanear cuentas municipales, entre otras cosas. Cada vez más municipios la solicitan y nos sugirieron que pudiésemos incrementar las ayudas máximas, así pues hemos pasado de 5 a 10 millones de euros con el objetivo de que más ayuntamientos la pidan», explicó el presidente de la DPT, Manuel Rando.
El vicepresidente Alberto Izquierdo explicó que el objetivo «siempre ha sido intentar mejorar la ayuda directa a los municipios. Los ayuntamientos son mayores de edad, no tenemos que tutelarles sino ayudarles. Esta es una buena herramienta y, a pesar de que los ayuntamientos tienen dinero, hay momentos de necesidad de caja, de tener economía», ha precisado.
El número de ayuntamientos que solicitaron un préstamo a la Caja de Cooperación de la DPT aumentó considerablemente en 2021 tras las primeras modificaciones realizadas en su reglamento el año anterior. Si en 2018 tan solo lo solicitaron dos ayuntamientos y en 2020 cinco, en 2021 se registraron 11 solicitudes.
El proyecto de presupuestos de la institución provincial para 2022 vuelve a aumentar de forma extraordinaria la partida dedicada a la Caja de Cooperación, pasando de los 5 millones de los dos últimos ejercicios al doble, 10 millones de euros. «Esta cantidad supone un 9900 % de incremento respecto a los 100.000 euros presupuestados en el último presupuesto del anterior equipo de gobierno», indicó Rando.
La modificación del reglamento de la Caja de Cooperación no solo contempla la cuantía máxima de 400.000 euros y el aumento del plazo de devolución hasta los 20 años, sino que incorpora también la posibilidad de que todos los municipios que cuenten con barrios, pedanías y otros núcleos de población diferenciados puedan solicitar también hasta un máximo de un 10% por cada barrio sobre esa cantidad para inversiones a realizar en esos núcleos de población diferenciados.
Según señaló el presidente Manuel Rando, el objetivo de esta última medida es seguir dando la importancia debida a todos los pueblos de la provincia, también los barrios. «Va orientada, siguiendo la política del equipo de gobierno, en cumplir nuestras promesas», ha dicho.
Izquierdo añadió además que este préstamo no computa como deuda a los ayuntamientos: «No tienen que acudir a un banco, vienen a Diputación y tienen facilidades para devolverlo. Aumentar esta cantidad es bueno porque así nos lo han pedido los ayuntamientos».
Además de la aprobación de otros asuntos ordinarios, el pleno también oficializará el nombramiento de Antonio Pérez como el nuevo portavoz del Grupo del Partido Aragonés a partir del 1 de marzo.
Propuestas: transporte sanitario y borrasca Gloria
En el pleno ordinario se debatieron tres propuestas presentadas por los grupos políticos. Las presentadas por el Partido Popular y por Ciudadanos en referencia al nuevo pliego que ha de formalizar el Gobierno de Aragón sobre el transporte sanitario en la provincia han salido adelante con los votos a favor de PP, Partido Aragonés, Ciudadanos y Ganar-IU y el voto en contra de los diputados del PSOE.
En el texto, tal y como recordaron desde Ciudadanos, instaban al Gobierno de Aragón a elaborar un nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario urgente «con más ambulancias y recursos para garantizar la calidad del servicio en todo Teruel»; al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo autonómico su intención de suprimir ambulancias en varias zonas rurales, lo cual provocará «graves consecuencias para muchos aragoneses».
Su portavoz, Ramón Fuertes, instó al Gobierno a garantizar un servicio «en condiciones de igualdad, calidad y equidad a todos los turolenses, especialmente en el medio rural». «El nuevo pliego contempla zonas con tiempos de respuesta de 45 minutos; esto es impensable para un servicio denominado «de urgencia»», aseveró Fuertes, quien ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del servicio «tanto en el presente como en el futuro».
En ese sentido, lamentó no haber podido sacar adelante esta iniciativa por unanimidad, puesto que el PSOE se ha negado a apoyarla. «Esta no es una cuestión partidista, toda la sociedad turolense ha mostrado su malestar por el pliego y ha reclamado que no se supriman ambulancias, hoy podíamos mandar un mensaje de unidad total en torno a una reivindicación legítima», señaló.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha solicitado al comparecencia de la consejera de Sanidad para analizar las últimas incidencias en el servicio y para conocer qué medidas pretende llevar a cabo el Gobierno de Aragón para solucionar «problemas graves en uno de los servicios más importantes para el medio rural».
Además, Ciudadanos presentará iniciativas igual que la aprobada este miércoles en todas las instituciones turolenses en las que tiene representación, tanto en ayuntamientos como en comarcas, para rechazar los recortes en este servicio e instar al Ejecutivo autonómico a que elabore un nuevo pliego. «Vamos a exigir desde todos los territorios afectados que se elabore un nuevo pliego con más recursos y ambulancias para garantizar la equidad y la igualdad del servicio a todos los ciudadanos», indicó Fuertes.
Para el Partido Popular, hay «muchas palabras y pocos compromisos». Esa fue la principal conclusión extraída por los diputados populares «a los intentos del equipo de gobierno de la Diputación de Teruel (DPT) de acordar una declaración institucional sobre la situación del transporte sanitario urgente en la provincia». Un texto que, denunciaron, «solo incluye generalidades y ningún compromiso».
La diputada provincial, Yolanda Sevilla, anunció que el Partido Popular no acepta la declaración institucional propuesta por el equipo de gobierno al no incluir explícitamente la petición del principal partido de la oposición: transformar las 8 ambulancias convenionales en Soporte Vital Básico. Por esa razón mantuvieron la propuesta registrada por los populares en la DPT y que fue aprobada por todos los grupos a excepción del PSOE, que votó en contra.
En ese sentido, recalcó que la esperanza del territorio es que «no desaparezcan los 8 vehículos que hoy prestan un servicio esencial a la provincia» y evitar «una brecha entre el medio rural y el urbano». «Queremos tener acceso a los servicios», resaltó. Yolanda Sevilla recalcó que esta propuesta surgió como consecuencia de la presentación de los pliegos del transporte sanitario urgente el pasado 10 de febrero, a cargo del gerente del Salud, José María Arnal, y de la gerente del 061, Amparo García Castelar. Un plan que, tal y como incidió, provocó una «gran preocupación» en la provincia.
Por otro lado, la tercera propuesta, presentada por Ganar, que se aprobó es la que exigía al Gobierno de Aragón que se tomen las acciones pertinentes para complementar las subvenciones ya recibidas tanto por el Gobierno de España como de la propia DGA para paliar los daños en infraestructuras públicas provocados por la borrasca Gloria, en la que se ha repetido la votación a favor de PP, PAR, Ciudadanos y Ganar-I y el rechazo del PSOE.
Desde el Grupo Popular, como recordaron en un comunicado posterior al pleno, «mostraron su conformidad a la propuesta de Ganar para que el Fondo de Inversiones de Teruel destine una cuantía económica para ampliar» las ayudas que ha otorgado el Gobierno de Aragón para subsanar las afecciones por la borrasca Gloria. Una línea que finalmente ascenderá exclusivamente a 900.000 euros y que suponen el 10% de los gastos que van a tener que soportar los ayuntamientos. «Hablamos de Teruel, cuyos ayuntamientos tienen una capacidad económica limitada, que las obras se calcularon hace dos años y ahora los precios se han incrementado en muchos de los casos», explicó Carlos Boné. Concretó que esta propuesta «tiene mucho sentido» porque los consistorios «no podrán hacer frente a los importes de esas invertenciones». «Las administraciones que tienen posibilidad económica de ayudarnos deberían colaborar más con los ayuntamientos», insistió.
