La Diputación de Teruel destinará 3,3 millones de euros al Plan de Concertación Económica Municipal. Así se desprende del pleno celebrado durante la jornada del jueves, que por primera vez en sus historia, ha sido de forma telemática. El presidente de la Diputación, Manuel Rando, y el vicepresidente, Alberto Izquierdo, han destacado la importancia de aprobar estos planes para «asegurar» la financiación de los ayuntamientos, teniendo en cuenta la especial situación que vive el país por la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas. «Los ayuntamientos van a recibir un dinero que van a poder utilizar en las necesidades que ellos consideren con criterios con los que se ven muy beneficiados los pueblos más pequeños», ha explicado el presidente Rando. Por su parte vicepresidente Izquierdo ha asegurado que la línea a seguir es ayudar a los ayuntamientos para que los ayuntamientos ayuden a la gente. «Las administraciones no nos tenemos que confundir y no tenemos que intentar todos hacer de todo. La obligación y la verdadera labor de la Diputación es ser el paraguas de los ayuntamientos», ha afirmado Izquierdo. De igual modo Rando ha apuntado que se «ayudará» a las familias, a los desempleados, a los autónomos y a los comercios que actualmente están cerrados.
Distribución del Plan de Concertación
El Plan de Concertación Económica Municipal tiene carácter incondicionado por lo que los ayuntamientos pueden destinar el dinero a financiar cualquiera de las actividades que desarrollan. La asignación de porcentajes atiende a la diversidad demográfica de la provincia de Teruel, sin que la diferencia de población entre los municipios más poblados y los menos poblados distorsione un reparto equitativo. Una vez aprobado el plan se transferirá de manera inmediata a cada uno de los municipios beneficiarios. Así, la ayuda del 1% que recibe Teruel y sus barrios rurales, 33.000 euros, no se corresponde con la población total dado que únicamente se deben atender las inversiones en los núcleos rurales de la ciudad. En los casos de Andorra y Alcañiz, se otorga un porcentaje fijo en atención a la proporción respecto al resto de municipios de la provincia; 72.600 euros para Alcañiz y 49.500 para Andorra.
Deducidas las cantidades a estos municipios más grandes se reparten los 3.144.900 euros. En primer lugar, destinando el 35% a distribuir una cantidad fija para cada una de las entidades, que ajustada sería de 4.699,97 euros. El plan contempla también designar una cantidad fija atendiendo al número de núcleos de población habitados de cada municipio, asignándoles una cantidad: 1 entidad, 1.155 euros; entre 2 y 3 entidades, 2.310 euros; entre 4 y 6 entidades, 3.465 euros; y más de 6 entidades, 4.620 euros. Para aplicar este criterio se atenderá a las cifras oficiales del Padrón a 1 de enero de 2019. También se establece una cantidad fija por habitante, que será de 3,96 euros, excluidos los tres grandes municipios que ya tienen una asignación. El resto del dinero se distribuirá por tramos de población, atendiendo al número de habitantes de cada municipio; de los 1.271,18 euros para los municipios de hasta 25 habitantes hasta los 27.774,36 para los que tienen más de 4.000 habitantes.
Ordenanza de subvenciones
Tras la aprobación, en el pleno del pasado mes de enero, del Plan Estratégico de Subvenciones hasta 2023, este pleno ordinario ha dado el visto bueno a la Ordenanza General de Subvenciones, que modifica las bases reguladoras en vigor desde el 2017 con el objetivo que las tramitaciones sean más ágiles y simples para las entidades locales. El Plan Estratégico no crea obligaciones o derechos, es un instrumento de planificación programático a largo plazo y relaciona las líneas generales las 85 líneas de subvención que contempla el presupuesto 2020 de la institución provincial y del Instituto de Estudios Turolenses. La ordenanza, en cambio, es de naturaleza normativa y fija los criterios en la concesión, gestión, justificación, en su caso reintegro, control financiero e infracciones administrativas del conjunto de subvenciones que otorga la Diputación de Teruel. De este modo, la institución provincial cumple con la disposición transitoria primera de la Ley de Subvenciones, donde se recoge que en el plazo de un año de la entrada en vigor del Plan Estratégico de Subvenciones se debe adecuar la normativa reguladora de subvenciones en el marco de las bases de ejecución del presupuesto.
FITE para carreteras
En el pleno también se han aprobado actuaciones en materia de carreteras con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 2019. Se trata de la mejora de siete carreteras por un importe total de 1.800.000 euros y con esta aprobación se pretende agilizar la tramitación de estos expedientes para agilizar el desarrollo de estas obras. El vicepresidente y diputado delegado de carreteras, Alberto Izquierdo, ha señalado que «no hay ninguna discusión sobre estas obras. El equipo de gobierno está demostrando una total objetividad en el trabajo que hacemos. Lo demostramos en los caminos rurales, en las obras de emergencias y lo volvemos a demostrar en estas obras de carreteras, que no se fijan en colores políticos sino en los proyectos que estaban empezados para ser terminados, carreteras que llevan fases interminables… El objetivo es agilizar los trabajos y en cuanto se nos permita licitaremos muchas obras públicas, para que las empresas de nuestra provincia trabajen».
Las actuaciones aprobadas son la mejora de la TE-V-8021 de Cabra de Mora al Castellar, una segunda fase por un importe de 250.000 euros; la segunda fase mejora de la TE-V-3341 a Arens de Lledó por 360.000 euros; la mejora de la TE-V-003 de Villar del Cobo a Tramacastilla por 210.000 euros; segunda fase de mejora de la TE-V-9026 de Santa Eulalia a Alba por 170.000 euro; sexta fase de la TE-V-1703 a Vinaceite, por 426.000 euros; mejora de la TE-V-3004 a La Portellada, por 270.000 euros; y mejora de la TE-V-1521 del cruce con TE-V-1521 a Santa Cruz de Nogueras, por 114.000 euros.
Liquidación del presupuesto
En el pleno del mes de abril también se ha dado cuenta de la liquidación del Presupuesto General de 2019 de la Diputación de Teruel, que ha cumplido con los principios fundamentales de actuación de las Administraciones Públicas en cuanto a la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad del gasto y la sostenibilidad financiera que marca la Ley Orgánica 2/2012. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, la liquidación del ejercicio 2019 deja un superávit de 10.578.802,84 euros. Este dinero se pretende utilizar para actuaciones municipales financieramente sostenibles, fundamentalmente a través de los ayuntamientos y bajo criterios exclusivamente objetivos. En el capítulo de sostenibilidad financiera, la institución sitúa su ratio de deuda viva en un 36,21%, unos 22 millones de euros, y una media de periodo de pago a proveedores de 9,43 días, muy por debajo de los 30 días a los que están obligadas a pagar las Administraciones Públicas por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Utilizar el superávit
El Pleno de la Diputación de Teruel ha aprobado también una declaración institucional en la que institución solicita al Gobierno de España «poder utilizar el superávit 2019 y años anteriores de Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones Provinciales, destinando esos remanentes al apoyo del empleo, la reconstrucción económica y la reconstrucción social». La ultima vez que se debatió sobre esta cuestión fue recientemente en un Pleno de esta Diputación en enero de este año 2020, justo antes de iniciarse esta pandemia y de la que se extrajo una declaración institucional que instaba al Gobierno de España a que permitiera a las entidades locales hacer uso de sus remanentes como manera de combatir la despoblación y dar liquidez económica a sus municipios.
La firma conjunta de esta declaración institucional ha motivado la retirada de las propuesta que sobre este mismo tema habían presentado los grupos provinciales de Partido Popular y Ciudadanos. Además, el Partido Popular ha retirado también la propuesta en la que reclamaba reestructurar el presupuesto de la Diputación de Teruel y proponía destinar más cuantía al planes provinciales de empleo y concertación, residencias o entidades sociales como Cáritas. El portavoz popular, Carlos Redón, ha anunciado esta retirada tras recibir el compromiso del presidente Rando de convocar próximamente una junta de portavoces de los grupos políticos para consensuar las modificaciones en el presupuesto, que serían aprobadas próximamente en un pleno extraordinario.
¿ En Castellote cuanto nos va tocar ?. Quizás, como D. Ramón Millán, se lleva fatal con el Sr Izquierdo. Pues agua y ajo. De todas formas para bajar deuda, porque para hacer otra cosa no sé yo.