La Cámara de Comercio de Teruel pide al Gobierno de Aragón la aplicación de ayudas directas para minimizar la crisis de las empresas por los altos costes de producción, derivados de los precios de la energía. En la sesión plenaria celebrada esta semana se incidió también en la necesidad de que las ayudas al funcionamiento se apliquen en los porcentajes más altos permitidos por la Unión Europea, para ser lo más eficaces posible.
Entre otros puntos del día se analizó la "difícil situación" que enfrentan las empresas por los altos costes de producción y la energía, que condicionan ya las líneas de producción de algunas empresas. Es por eso que la Cámara ve necesaria la aplicación de ayudas directas no solo para los hogares individuales, sino también para el tejido empresarial. "Hemos pedido que haya un apoyo directo desde el Gobierno de Aragón que se transmita al Gobierno Central. Si las empresas como estamos notando van a empezar a hacer cierres parciales o reducciones de jornada, al final se trasladará un problema mayor al Gobierno ya que va a haber más gente que va a a entrar en una crisis económica", explicó Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara, quien recalcó que es necesario apoyar directamente a las empresas para seguir "contratando y manteniendo el empleo".
Desde la Cámara se muestran "cautos" con la aplicación de las bonificaciones fiscales, aunque tienen claro que, si no cumplen con las expectativas de la provincia, se unirán a las movilizaciones ya anunciadas por los agentes sociales y económicos. Santa Isabel proporcionó datos concretos: de las 9.400 empresas de la provincia de Teruel unas 2.640 se sitúan en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. "De esas 2.600 tenemos que ver autónomas o cuantas son empresas de un único trabajador", destacó. También está por conocer en qué sectores se contemplan las bonificaciones, lo que determinará su impacto real. Casi todas las empresas que se encuentran en el medio rural son de agricultura o de trasformación por lo que la ley necesariamente tendría que atender a esta realidad.
El pleno contó con la participación de la consejera de Presidencia Mayte Pérez, quien vino en disposición de «escuchar» las demandas. Asimismo se expusieron las numerosas iniciativas en las que se encuentra inmersa la entidad como la creación de una central de compras para los multiservicios rurales o la campaña de bonos como una forma directa de ayudar al comercio y que ha llegado para quedarse. También se evaluó la próxima apertura de la oficina de Alcañiz, cuya obra está a punto de finalizar, que será "mucho más dinámica y más abierta al público", tal como recalcó el presidente. En el pleno también se dio la bienvenida a nuevos miembros.
