El cierre de la Térmica podría suponer la pérdida de mil familias en dos años
La confirmación del cierre de la Central Térmica de Andorra en la última junta general de accionistas el pasado jueves no ha pillado por sorpresa a la cuenca minera turolense, que lleva meses trabajando con el horizonte de 2020 para encontrar alternativas a la minería del carbón e intentar revertir la situación «ganando tiempo». Desde el sector del carbón recuerdan que en 2014 un documento oficial de Endesa remitido a los accionistas ya contemplaba «provisiones de 96 millones de euros para el desmantelamiento de las centrales de carbón de Compostilla y Andorra». Esta previsión se ratificó en la redacción del Plan Estratégico de Endesa 2017-2019 que se hizo público en noviembre de 2016. En el documento, la eléctrica dejaba claro que no contemplaba inversiones en las centrales de carbón nacional «por las condiciones de mercado».
Así, la única esperanza que le queda al territorio es que el Gobierno Central haga una «apuesta firme por el carbón autóctono», tal y como llevan años defendiendo. «Esto se conseguiría si el ejecutivo pusiera en marcha un Marco Regulatorio que garantice la quema de lignito nacional y que se contemple como Reserva Estratégica, tal y como nos han dicho en muchas reuniones los propios responsables de la eléctrica», recalca el presidente del presidente de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Antonio Donoso.
En la misma línea se manifiesta el secretario provincial de UGT y andorrano, Alejo Galve, que lamenta que el foco se haya puesto en la Central Térmica en este momento y no antes y subraya el "pasotismo político" de todos los gobiernos. «Llevamos años pidiendo voluntad política, reuniéndonos con representantes de todos los gobiernos, de la empresa… Pero el tiempo pasa y no se hace nada», lamentó.
Con el objetivo de crear un grupo de presión para que lleguen alternativas al territorio, el año pasado se creó la mesa por el futuro y la reindustrialización de Andorra-Sierra de Arcos, un foro formado por alcaldes, trabajadores, asociaciones, entidades y ciudadanos. Desde el mismo alertan de que, en caso de no salir adelante un plan de reindustrialización «serio y eficaz», la comarca podría perder unas mil familias en los próximos dos años. «Nuestros pueblos se quedarán sin escuelas porque no habrá niños para llenarlas; se quedarán sin médicos porque no querrán venir a poblaciones desiertas; y sin emprendedores porque no habrá motivos para emprender», señalaron ayer en una nota de prensa.
Uno de los logros de este foro fue la creación de una comisión en el Gobierno de Aragón en la que están presentes todas las administraciones así como las empresas Endesa y Samca. Sin embargo, y pese que ya se han realizado un par de encuentros, no hay ninguna acción firme relativa al asentamiento de empresas o impulso de infraestructuras necesarias para propiciar ese asentamiento.
Por otra parte y a nivel político, las reacciones a la nota de la organización ecologista que creó la alarma, no se hicieron esperar. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, envió una carta el propio viernes al presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, para pedirle una reunión urgente en la que hablar sobre el asunto.
Desde Cepyme Teruel, su presidente, el también andorrano Juan Ciércoles, concluyó: «Estamos renunciando a un combustible autóctono en favor de otros importados. Se tiene que cumplir el 7% del mix energético para que las centrales sigan funcionando o las consecuencias van a ser dramáticas».
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