La falta de agentes de la Guardia Civil en la provincia de Teruel sigue latente pese a que el lunes se desplegara un dispositivo adecuado para capturar al Rambo de Requena. «Se hizo lo que se debe hacer cuando hay un tiroteo, ni más ni menos», coinciden vecinos, alcaldes y representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
Insisten en que no fue lo que se hizo en 2017 cuando en Albalate hubo un tiroteo con dos heridos y «no se movilizó a nadie». Igor el Ruso tuvo que asesinar diez días después a tres personas -el ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Caballero y Víctor Romero- para la que la Subdelegación del Gobierno reaccionara y pusiera en marcha un dispositivo acorde a la gravedad de los hechos.
Desde entonces y gracias, en buena parte, al movimiento Siempre Iranzo -encabezado por los amigos del ganadero-, la seguridad en el medio rural ha pasado a ser una de las grandes reivindicaciones del territorio. Faltaban agentes y medios y siguen faltando.
En diciembre de 2017 el número de agentes en la provincia de Teruel oscilaba entre los 600 y los 650. Hoy hay 690. «Pero lo que más preocupa es que del total no llega a 200 los que se dedican a seguridad ciudadana, es decir, salen a la calle a velar por la seguridad de la gente», denuncia Cristóbal Soria, portavoz de la AUGC en Teruel.
También, en muchos casos, carecen de medios como chalecos antibalas aunque sí es cierto que, en ese sentido, en los últimos tres años ya se han incorporado equipos de dotación en algunos cuarteles, como en el caso de Muniesa. Hasta entonces, los chalecos eran de uso comunitario. Es decir, que compañeros de turnos diferentes usaban el mismo chaleco antibalas. Al respecto, cabe recordar que Víctor Caballero llevaba un chaleco que le iba pequeño cuando Norbert Feher le asesinó. «Medía 1,80 y llevaba un chaleco que era para una persona de 1,65, por lo que no le cubría bien partes vitales», ejemplifica Soria.
«Se está celebrando que hubiese un dispositivo amplio pero realmente se hizo lo que se tenía que hacer. Cuando hay un tiroteo tiene que haber un despliegue en condiciones porque la vida de las personas está en juego», reflexiona el alcalde de Andorra, Antonio Amador, que reconoce que la presión y la memoria de «José Luis Iranzo» han hecho que se actuara de forma eficaz. Recuerda que la semana anterior ya se desplegó en Andorra un operativo importante cuando el dueño de un bar alertó de la posible presencia del Rambo de Requena en la localidad. Participaron en aquella búsqueda efectivos especiales de la Guardia Civil, agentes de élite de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Zaragoza y patrullas de Seguridad Ciudadana.
El Bajo Aragón Histórico sigue preguntándose cómo en pleno estado de alarma un huido de la justicia pudo atravesar desde el interior de Valencia una provincia que es dos veces y medio el País Vasco en extensión. Tanto desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) como desde los municipios se sigue exigiendo que el medio rural cuente con más presencia policial para evitar que se convierta objetivo de las bandas organizadas o en refugio de bandoleros como ha sido el caso.
Los alcaldes de la comarca se plantean organizar una reunión para abordar un futuro protocolo de información cuando surjan casos de este tipo. «Lo peor que puede pasar es lamentar desgracias por no llegar a avisar a tiempo a la gente. Es preferible crear una alarma que luego quede en un susto», reflexiona el alcalde de Andorra, a quien le avisaron de que el fugitivo estaba en la localidad cuando ya se había bajado del coche. Antes, por precaución, ya habían hecho bandos para que los vecinos se quedaran en sus casas. Fue él quien avisó a varios alcaldes de la comarca.
En Muniesa el alcalde, José Luis Iranzo, supo por su hija que habían disparado a un agente de la Guardia Civil.
Esto nunca se va a solucionar si no se unifican recursos en pro de la eficiencia, eliminando solapamientos competenciales, e implicando a todas las administraciones y actores políticos.
¿Sabían que España es el país con mayor índice de policías por ciudadano, con tasas similares a una zona de guerra?
-El problema es la distribución de estos recursos, en muchos cuerpos atomizados gestionados por diversas Administraciones y niveles, en ocasiones solapados, minimizando su capacidad operativa.
Unificando y redistribuyendo estos recursos técnicos y humanos, mediante la fusión de todos los cuerpos policiales, se garantizaría la seguridad en zonas rurales a la par que se reducirán los costes.
En este sentido, hay un proyecto de cambio de modelo policial presentado en el Congreso por la asociación Una Policía para el S.XXI, pero nuestros mandatarios no tomarán iniciativa -por temor al coste político relativo-, hasta que no se convierta en clamor popular.
Saludos.