Mediante carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Desarrollo Regional e Industria en el Parlamento Europeo, Susana Solís, denuncia que España está en riesgo de perder 200 millones del Fondo de Transición Justa. Esta «desidia del Gobierno de Pedro Sánchez, que no va a presentar en plazo el plan operativo que pide Bruselas, le supondría a Aragón la pérdida de 23 millones de euros».
Solís reclama a Ribera «una reacción urgente porque este Fondo esencial para nuestra economía está en serie riesgo de acabar perdiéndose en la nada», dice en la misiva. Este programa -recuerda- apoya el proceso de descarbonización de la industria y la economía de Teruel, Asturias, León, Palencia, A Coruña, Almería, Córdoba y Cádiz. Según la información recabada por la eurodiputada, está en juego una anualidad que asciende a 200 millones de euros. De este montante, 23,2 millones corresponden a Aragón. Para Asturias son 66 millones. Le siguen Castilla y León, 49,8 millones; Andalucía, 39 millones y Galicia con 28. «El momento es especialmente difícil para la industria, que está sufriendo el desbocado precio de la luz y la ausencia de un plan energético o industrial por parte del Ejecutivo», dice.
Como recuerdan desde Ciudadanos, «el Gobierno ha centralizado la gestión de estos fondos en el Instituto de Transición Justa». Tras el envío de los primeros borradores de los planes regionales, «Bruselas pidió una serie de correcciones en un nuevo documento». Ahora, el Ejecutivo ha abierto un plazo de consultas hasta el 15 de octubre con las comunidades autónomas afectadas. «Así que, no enviará una nueva propuesta, como pronto, hasta la segunda mitad de mes. Sin embargo, la Comisión Europea reclama tres meses para revisar y aprobar los planes antes del 31 de diciembre».
Solís advierte que, «aún suponiendo que el Gobierno responda el 16 de octubre, se va a incumplir el plazo. Tenemos que confiar en la buena fe del Ejecutivo comunitario para acelerar su trabajo y que nos permita llegar a tiempo», lamenta la eurodiputada asturiana, que denuncia el «desinterés y la falta de organización» del Instituto de Transición Justa cuando fue creado con la única finalidad de dar apoyo a estas regiones.
Recapacitación
En su carta a Ribera, Susana Solís explica que también la comisaria de Desarrollo Regional, Elisa Ferreira, le ha trasladado su preocupación. Los planes que presentó España no se ajustaban a lo que se pedía, «son contrarios a la normativa de competencia y al ámbito de aplicación del fondo, que está centrado en la recapacitación de trabajadores», según afirman desde la Comisión. «Tenemos aún muy presente los errores que se cometieron en el pasado con los fondos mineros», lamenta.
Las provincias incluidas en el ámbito de aplicación del Fondo de Transición Justa llevan años siendo testigo del progresivo cierre de plantas industriales, fuente estable de ingresos y empleo de calidad, lo cual ha derivado en una pérdida de los niveles de empleo y PIB muy por encima de la media europea. La formación de trabajadores es precisamente un capítulo crucial, porque según el Informe de Impacto de la Comisión, se estima que solo en España han sido 8.000 los puestos de trabajo perdidos desde 2008 en la minería del carbón y más de 13.000 los que derivarían del cierre de centrales térmicas.
«Insto encarecidamente al Gobierno de España en general, y en particular a usted, a que entregue en la mayor brevedad posible los Planes Territoriales de Transición Justa a la Comisión Europea, y a que informe a las regiones sobre los plazos y los trámites que aún quedan pendientes antes de perder esta primera anualidad», concluye la carta de Solís.
