La institución comarcal aprueba una nueva regulación a raíz del polémico ataque de un vecino, y para evitar futuras amenazas a trabajadores
La Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp ya cuenta con un nuevo protocolo de actuación para todos sus empleados. Así se ha aprobado en el último pleno celebrado el pasado miércoles en Fabara, como solución al problema que se produjo en octubre del pasado año 2018 con unas trabajadoras sociales que fueron amenazadas por un vecino en la sede comarcal.
Después de que los propios empleados, grupos políticos e incluso el Justicia de Aragón lo solicitasen, la institución comarcal cuenta desde esta semana con un nuevo protocolo, totalmente adaptado a las circunstancias de este territorio. El objetivo del documento, que cuenta con una veintena de páginas, es que los trabajadores y políticos conozcan el proceso y trámites que hay que seguir en caso de algún tipo de amenaza, y especialmente, proteger a los trabajadores de cada uno de los departamentos ante cualquier problema.
«El protocolo se ha hecho entre todos los trabajadores de la institución, y estando todos los agentes implicados de acuerdo y, tras aprobarse en Junta, lo pasamos a pleno para su aprobación definitiva», comenta el vicepresidente de la Comarca, Rafael Guardia, una de las personas que han trabajado en su elaboración. «Es una forma de asegurarnos que todos tendremos claro cómo actuar cuando haya un caso de violencia física o verbal».
«Este documento se ha elaborado para que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace unos meses, que fue solamente un malentendido», asegura Guardia. «Los trabajadores no tenían claro qué debían hacer y algunos grupos lo utilizaron como arma política, no queremos que todo esto vuelva a suceder».
Episodio irrepetible
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre de 2018, cuando desde el área de Protección de la Infancia del Gobierno de Aragón decidieron retirar la custodia de los hijos de un vecino de Caspe, quien vertió una serie de amenazas de extrema gravedad a tres trabajadoras sociales que se encontraban en la sede comarcal.
Ante tal intimidación, las funcionarias decidieron llamar a la Guardia Civil exponiendo los hechos y preguntando acerca de posibles medidas de protección. La Guardia Civil explicó que las únicas medidas que se podían establecer en esta situación era denunciar los hechos e interponer, como medida cautelar, una orden de protección.
Desde la institución comarcal se informó entonces de que «no existía un protocolo de actuación para estos casos». Dentro de todo este proceso, el presidente de la Comarca, Francisco Domenech, no «vio conveniente que se procediese a denunciar y anunció a las trabajadoras que si decidían tomar ese camino, sería a título individual y la institución no se haría cargo de los gastos».
Esto fue criticado por los propios empleados, por los grupos de la oposición en la Comarca, el Colegio de Trabajadores Sociales y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, quienes pidieron al presidente que cambiase de parecer. Además, tras la celebración del juicio pertinente, el juez dio la razón a las trabajadoras.
Finalmente, durante el pleno anterior correspondiente al mes de enero, se acordó sufragar todo lo invertido en abogados por parte de dichas empleadas, y se prometió crear un nuevo protocolo de actuación atendiendo a las necesidades actuales de la institución.
Con la elaboración de este documento se cierra finalmente episodio, con la intención de la institución comarcal de que no vuelva a repetirse en el futuro.
Último pleno ordinario
Durante el pleno comarcal del pasado 26 de marzo también se aprobaron varios puntos como la liquidación del presupuesto de 2018, la publicación de un puesto de técnico de juventud, la aprobación de varios convenios, de algunas cláusulas para la ampliación de la sede o el nuevo Plan de Convivencia.
La Comarca organizará una nueva sesión plenaria extraordinaria las próximas semanas con el objetivo de aprobar los presupuestos de este año y concretar las contrataciones de sus trabajadores antes de las elecciones.
