El objetivo es estudiar, analizar y depurar responsabilidades de las causas que provocaron el accidente del 2011
Las Cortes de Aragón fueron testigo ayer de un día muy importante para las familias de las seis personas que perdieron la vida en el siniestro de la Helitransportada de Alcorisa en 2011 (cuatro brigadistas, un APN y el piloto). El Parlamento aragonés constituyó de manera formal la comisión de investigación del caso cuyo objetivo es esclarecer y depurar responsabilidades políticas en las causas del trágico suceso ocurrido hace siete años en Villel.
Los familiares tienen la mirada puesta en el informe que se dio a conocer hace ahora dos años que indicaba que existió una negligencia relacionada con un fallo mecánico en el helicóptero Bell 407 en el que viajaban los fallecidos. Pese a este informe, el caso se cerró, por segunda vez, de manera definitiva en 2016. «Lo que pedimos es depurar responsabilidad política y, bueno, la idea es ver si en esta investigación puede salir algún dato nuevo para pedir al juzgado la reapertura del caso. Este es nuestro objetivo», explicó Salafranca. «Nosotros no somos jueces, pero vamos a intentar recopilar y aportar toda la información para que las familias puedan reabrir el caso», indicó la diputada de Podemos, Marta Prades.
«Lo que pedimos es depurar responsabilidad política y ver si en esta investigación puede salir algún dato nuevo para pedir al juzgado la reapertura del caso»
La consecución de la comisión de investigación no ha sido fácil. Los familiares de las víctimas ya solicitaron su creación hace casi dos años y, por fin, el asunto llegó en el 2017 hasta las Cortes. El parlamento aprobó su creación con el visto bueno de todos los diputados y ayer por fin vio la luz. En la comisión estarán representados todos los partidos políticos con representación en las Cortes: Fernando González, por el PP; Herminio Sánchez, PSOE; Marta Prades, Podemos; Berta Zapater, PAR; Ramiro Domínguez, Ciudadanos; y Carmen Martínez, Grupo Mixto.
La sesión celebrada ayer significó la primera toma de contacto entre los miembros de la comisión, que además de elegir a su presidente, en este caso la elegida fue Marta Prades, también trató de encauzar el calendario marcado para obtener unas conclusiones. De esta manera, la próxima reunión queda fijada para el próximo miércoles 7 de noviembre.
Depurar responsabilidades
Pese a que el objetivo principal marcado por la comisión de investigación será depurar las responsabilidades políticas del suceso, la comisión nace con la premisa de analizar y estudiar todo lo ocurrido el 19 de marzo de 2011. «Nuestro objetivo es ser útiles y eficaces para intentar ayudar a las familias en su demanda», comentó Marta Prades, quien se mostró «satisfecha» con la constitución de la comisión de investigación.
«No han parado de pelear por aquello que consideran justo y necesario, así que ahora llega el momento de que nosotros, los políticos, seamos una herramienta útil para ellos»
Ánimo compartido por los familiares de las víctimas de los brigadistas para los que «por fin» ha llegado el momento de conocer toda la verdad sobre la muerte de Francisco Javier Benaque, Esteban Galve, Rafael Andreu, José Ramón Milián, Angus Thomson y Albert Batlle. «Parece ser que hasta ahora había temas más importantes que tratar, pero por fin se han decidido a crear esta comisión. Y bueno, ahora esperemos que dé los frutos que nosotros necesitamos», destacó Marisol Salafranca, madre de José Ramón Milián, uno de los brigadistas fallecidos. En este sentido, Prades excusó la tardanza de la constitución aludiendo a los «complicados» trámites parlamentarios y subrayó que en todo momento han estado en contacto con los familiares. «No han parado de pelear por aquello que consideran justo y necesario, así que ahora llega el momento de que nosotros, los políticos, seamos una herramienta útil para ellos».
En este sentido, la comisión de investigación ya se ha puesto manos a la obra con el caso. Por el momento encima de la mesa existe un gran volumen de información y documentación sobre lo ocurrido, y será este aspecto por el comenzarán a trabajar. El próximo encuentro está previsto para el 7 de noviembre y el objetivo de la comisión es agilizar al máximo las sesiones para cerrar cuanto antes el caso. «No nos podemos permitir más tiempo, porque en marzo las Cortes se disolverán, por la convocatoria de las elecciones, y las sesiones deben ser cortas. Ya hemos empezado a organizar un calendario. Dependemos de la disponibilidad de los comparecientes para poder marcarnos fechas específicas», explicó Prades.
Siete años en busca de la verdad
Han pasado más de siete años desde que el Bajo Aragón Histórico se despertara con la trágica noticia del siniestro mortal de la Helitransportada de Alcorisa, que acabó con la vida de seis personas y otra resultó herida de gravedad, pero el deseo de las familias de las víctimas sigue siendo el mismo: saber toda la verdad y que se depuren responsabilidades políticas.
El paso dado este lunes por las Cortes de Aragón, con la creación de la comisión de investigación, significa un pequeño paso para que las familias vean cumplido su deseo. La constitución de esta herramienta parlamentaria llega con cierto retraso, ya que los familiares solicitaron su creación hace dos años, pero «más vale tarde que nunca».
La historia de todo lo que rodea al accidente de la helitransportada no es sencilla de explicar, ni tampoco, a decir verdad, muy transparente. En cuanto al caso, permanece cerrado desde principios de 2016, aunque ya se cerró previamente en otoño de 2013, cuando el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo de algunas familias. Se presentó por considerar que el sobreseimiento vulneraba varios derechos de las familias. Argumentaron, entre otras cosas, que al cerrarlo se les dejó sin posibilidad de alegar. Lo más grave es que desde 2014 existe un informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que recoge una negligencia vinculada al fallo de una pieza que provocó la caída.
De este modo, la comisión de investigación que echó a andar ayer en Zaragoza supone una nueva importancia para las familias. Se estudiará el caso a fondo y se buscará depurar responsabilidades políticas. En este sentido, los familiares confían en que puedan aparecer nuevas pruebas que puedan ser susceptibles para ser presentadas ante el juzgado, de manera que el caso se podría reabrir. Con todo, el tiempo corre en su contra. Primero porque las Cortes se disolverán en marzo, llegan las elecciones, y segundo porque en estos supuestos, la ley señala que estos casos prescriben a los diez años. «Llevamos mucho tiempo esperando este momento y por fin ha llegado. Es cierto que no entendemos por qué se ha tardado tanto en constituir la comisión, cuando lo solicitamos hace dos años y las Cortes lo aprobaron el año pasado... Pero bueno, podemos decir que por fin se investigará y se buscarán responsables», explicó Marisol Salafranca, madre de Jose Ramón Milián, uno de los brigadistas fallecidos.
