La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a la devolución de las ayudas estatales defraudadas, 2,6 millones de euros; y a seis meses de prisión a Diana S; expareja del impulsor de Puerto Calanda, un proyecto para crear una industria de hortalizas precocinadas recibió dinero público sin que la planta llegara siquiera a construirse. Por contra, la absuelve del delito de blanqueo de dinero.
El empresario, José Luis G. P. de Lleida, ha perdido la razón y está en tratamiento psiquiátrico, motivo que ya obligó a aplazar la vista en tres ocasiones y que le incapacita para ser juzgado.
La Audiencia absuelve a la otra acusada, Leonor G; amiga del industrial de los delitos de fraude de subvenciones y blanqueo de dinero que, en concepto de cómplice, le imputaba el Fiscal.
Durante el juicio las acusadas coincidieron en que era José Luis G. P. quien controlaba las empresas y que firmaron en los documentos sin conocer el contenido de estos. Negaron, además, haberse beneficiado en lo más mínimo del dinero de la subvención, que acabó, según el seguimiento realizado por la Policía, no en el desarrollo empresarial de Calanda, sino en la compra de un chalé en Lérida, dos coches de alta gama, diversas extracciones bancarias y otros negocios también en la provincia leridana.