El Parlamento aprobó ayer dos mociones para fomentar medidas y fondos para frenar esta problemática
Las Cortes de Aragón aprobaron ayer en pleno dos proposiciones de ley con el objetivo de fomentar medidas y fondos para frenar la despoblación en la comunidad. La primera iniciativa sobre fondos europeos para combatir la despoblación fue presentada por la diputada María Herrero, del G. Partido Aragonés -con una enmienda del PSOE que no fue admitida y una de Podemos que fue retirada-. La segunda proposición no de ley fue defendida, a su vez, por Carmen Martínez del G.P. Mixto (Chunta Aragonesista) y giró sobre la necesidad de impulsar políticas para actuar ante el problema de la despoblación en Aragón, una iniciativa en la que fue aceptada la enmienda presentada por Podemos.
Además, en este debate conjunto, tomaron la palabra el resto de grupos; Miguel Ángel Lafuente (PP), Fernando Sabés (PSOE), Nacho Escartín (Podemos) y Ramiro Domínguez (Ciudadanos). Todos los grupos votaron a favor de las dos iniciativas. De esta forma el texto final aprobado de la primera proposición quedó de la siguiente manera:
«Las Cortes de Aragón manifiestan su preocupación por la problemática que sufre Aragón —y en especial la provincia de Teruel y algunas amplias zonas del territorio— de despoblación, dispersión y envejecimiento de sus habitantes, e instan al Gobierno de Aragón a que:
Solicite al Gobierno de España que se comprometa con la lucha contra la despoblación, poniendo en marcha cuantas medidas estén a su alcance. Entre otras cosas, que en las próximas negociaciones para revisar los criterios de adjudicación de los fondos europeos incluya entre sus programas prioritarios el relativo a la despoblación, de tal manera que podamos optar a fondos específicos desde la UE para ello y/o, en todo caso, a través del programa concreto que España establezca.
En tanto en cuanto —y de manera transitoria hasta que se revisen los criterios y programas— no existan esos fondos específicos en un programa concreto, el Gobierno central arbitrará los mecanismos necesarios para que la despoblación pueda tener cabida en el programa actual de «crecimiento sostenible» (u otro), al objeto de que esta Comunidad Autónoma no tenga que destinar a este fin parte de los fondos que ya tenía asignados y previstos para otros asuntos.»
Asimismo, el segundo texto defendido por Grupo Mixto (CHA) ha sido aprobado de esta forma, tras añadir la enmienda de adición por parte del Grupo Parlamentario Podemos:
««Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno de España a:
— Reclamar a la Comisión Europea el compromiso necesario para establecer planes específicos, estrategias y financiación adaptados a la compleja naturaleza y las características de cada caso particular, en cooperación con expertos independientes y autoridades locales y «regionales», con el fin de garantizar que las obligaciones legales de la UE en el marco del TFUE sean debidamente cubiertas, con el objetivo de abordar el problema de los desequilibrios territoriales y la falta de oportunidades para lograr la recuperación de estas zonas y regiones evitando la pérdida irrecuperable de su población, paisaje humano, patrimonio cultural, tradiciones, lengua e identidad.»
En el Palacio de la Aljafería, a 26 de abril de 2016.
– Reclamar al Gobierno de España la aplicación inmediata de la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y que comience a elaborar el Plan para el sexenio, a fin de que coincida con las convocatorias de otras ayudas de fondos europeos.
– E instan al Gobierno de Aragón a que:
1. Reúna a la Mesa para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en Aragón, para que pueda comenzar a trabajar para velar el cumplimiento de esa ley.
2. Comprometa en los presupuestos de 2017 la cantidad que le corresponde para la aplicación de la Ley y exija al Gobierno de España que haga lo propio con carácter urgente.»
PAC
Por otra parte, el pleno de las Cortes de Aragón también aprobó una proposición no de ley del PAR en la que se pedía que el gobierno haga frente a los retrasos en los pagos de la PAC de 2016 antes del 28 de febrero de 2017 y que de forma sucesiva abone el cien por cien de las ayudas antes del 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, en la iniciativa, aprobada con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios excepto con la abstención del PSOE, se pidió al ejecutivo que se establezcan las medidas oportunas que resuelvan con urgencia las exclusiones o retenciones sufridas en dichos pagos, así como a establecer los mecanismos necesarios para evitar que se vuelvan a producir en años posteriores.
Otra de las peticiones es que se abone en el año 2017 linealmente el 90 % del pago de la PAC en el primer pago, de manera que el 10 % se reserve para incidencias, otras valoraciones y cuestiones de segundo grado.
La diputada del PAR Lucía Guillén recordó durante su intervención que el 30 por ciento de la renta media de los agricultores proviene de los pagos de la PAC y que a día de hoy 2.115 aún no han cobrado «absolutamente nada» de 2016. Su propuesta, por eso, pretendíe solucionar estos problemas y ofrecer a los agricultores la seguridad económica que ahora no tienen.
Hermino Sancho, del PSOE, defendió las enmiendas presentadas al texto y que, al no ser aceptadas, han provocado su abstención.
En este sentido, dijo que no es posible realizar pagos lineales, porque hay que aplicar unos determinados controles antes de hacer los abonos, ni mucho menos fijar un pago del 90 % porque el límite lo fija la Unión Europea.
Sí que apoyó la iniciativa Podemos, cuyo portavoz, Nacho Escartín, aseguró que la actual PAC es «una mierda pinchada en un palo«, un sistema que genera incredulidad y pesimismo y que es necesario cambiar, algo en lo que coincidió Patricia Luquin (IU), quien lamentó que el sistema de la PAC está «mal planteado desde el principio» y cada vez es «más complejo» y genera más trabas.
Para el popular Ramón Celma, hay soluciones para agilizar el sistema de los pagos, y cambiar la gestión depende del Gobierno de Aragón, a quien ha pedido que no ponga excusas para hacerlo. Javier Martínez, de Ciudadanos, pidió al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, que haga presión, se queje y que estos retrasos y problemas en la gestión para el pago «no vuelva a ocurrir».