Los condenados también deberán pagar una multa de un millón y medio de euros cada uno
La magistrada del juzgado de lo Penal de Teruel ha condenado a los seis acusados por el cultivo masivo de cannabis en Villarluengo a cuatro años de prisión y al pago de un millón y medio de euros a cada uno de ellos. La magistrada acusa a los identificados como Adolfo I. B., Thierno S., Carles T. R., Tomás R. R., Pablo Luis LL. B. y Ajay K., de ser los autores responsables de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.
La jueza considera probado que los seis acusados se unieron para cometer delitos, estando todos ellos implicados e integrados en una estructura criminal que estaba dotada de un «grado de organización y planificación suficiente para aunar voluntades en el proyecto común», que no era otro que cultivar marihuana en la plantación de Villarluengo.
Por el delito contra la salud pública la magistrada ha condenado, a cada uno de ellos, a penas de tres años y seis meses de prisión y una multa de un millón y medio de euros, y por el delito de pertenencia a grupo criminal, a seis meses de prisión.
Cabe recordar que fue en noviembre del pasado año cuando la Guardia Civil detuvo a los presuntos delincuentes. Los agentes desmantelaron una de las mayores plantaciones de cannabis descubiertas en todo el país y la mayor de todo Aragón. En total fueron incautadas alrededor de 8.000 plantas que se encontraban en un campo de cultivo de unas 12.000 hectáreas situadas entre dos masías de Villarluengo, Casa Sisca y Casa Castel.
Durante los registros realizados por la Guardia Civil el pasado año, los agentes también hallaron un complejo laboratorio, perfectamente estructurado y sectorizado para la experimentación con la planta y semilla de marihuana, así como para su tratamiento y posterior distribución ilícita. Tal y como registró la magistrada en la resolución final del caso, «los acusados «sabían que se trataba de marihuana y decidieron realizar su cultivo, con el fin de destinarlo al consumo por terceros».
Por estos motivos, la magistrada entiende que «queda clara la naturaleza y características del objeto del delito y su encuadre en la figura de tráfico de drogas de sustancias que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia».
