Los damnificados por el incendio forestal que arrasó 150 hectáreas de matorral y pastizal en Oliete el 24 de agosto de 2022 podrán reclamar ayudas a la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior. El Consejo de Ministros ha declarado este martes al municipio de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil». También han sido incluidas, en Aragón, las localidades de Olba y San Agustín (ambas en la comarca turolense de Gúdar-Javalambre).
En total, podrán acogerse a los subsidios los territorios afectados por 80 emergencias registradas en 13 comunidades autónomas entre el 20 de agosto de 2022 y el pasado 8 de junio de 2023. Se tratan de episodios -como incendios forestales, tormentas, nevadas y lluvias torrenciales- sucedidos en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia, Foral de Navarra y País Vasco, así como en la ciudad de Ceuta.
La declaración aprobada por el Gobierno abre la vía para que los afectados por estas emergencias puedan reclamar a la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
Las cuantías varían en función del tipo de daño: por lesiones personales, fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros), a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad (el coste, con un límite de 2.580 euros), por destrucción total de la vivienda habitual (el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros), por daños a la estructura de la vivienda habitual (el 50% de los daños, con un máximo de 10.320 euros), y por otros daños en la vivienda habitual (el 50% de los daños, con un máximo de 5.160 euros).
También se contemplan las siguientes ayudas: por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios (el 50% de los daños, con un máximo de 9.224 euros), a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes (el importe total de los gastos), a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos (hasta 9.224 euros), y a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables (entre el 50 y el 100%, según los casos).
Dada la amplitud del número de siniestros y las diferencias entre los mismos, todavía no es posible evaluar los daños producidos y el coste de las ayudas que se aprueben. Una primera estimación cifra en unos doce millones de euros el valor total de las ayudas que corresponden al Ministerio del Interior.
Se estudiarán ayudas indirectas
Además, otros departamentos ministeriales estudiarán la aplicación de diferentes ayudas indirectas a los afectados por estas emergencias, como son beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda y Función Pública) como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. También medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social; y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial) por importe de hasta el 50% de los proyectos que ejecuten para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
Otros ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.
