El Movimiento ciudadano Teruel Existe denunció que el Gobierno de Aragón «nunca respaldó» técnicamente el proyecto Clúster Maestrazgo, promovido por Forestalia, y solicitó este lunes en rueda de prensa que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigue la sustitución del informe preceptivo remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
El documento original, elaborado por técnicos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), fue «muy crítico» con el proyecto y señalaba impactos ambientales graves, falta estructural de planificación y una posible innecesaridad energética por el cumplimiento de los objetivos del plan energético de Aragón y del PNIEC. Sin embargo, fue sustituido por otro más favorable, firmado por el director del INAGA en aquel momento, Jesús Lobera, que fue finalmente remitido al ministerio.
Ernesto Romeo, portavoz del Grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe, explicó que el informe remitido fue el que anunció públicamente el entonces consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona (PSOE), antes de que existiese redacción alguna. Afirmó que dicho documento fue elaborado posteriormente por el director gerente del INAGA, veterinario de formación, quien «suavizó todas las conclusiones, limitándose a asumir sin espíritu crítico y sin validez técnica la información del promotor, Forestalia».
Teruel Existe remarcó que el MITECO y la UCO ya investigan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y las autorizaciones del Clúster Maestrazgo. Romeo recordó que, según medios nacionales, técnicos del ministerio confesaron haber recibido presiones con proyectos macro de Forestalia y que por ello desviaron su evaluación a TRAGSA, una empresa pública externa.
Para el Movimiento ciudadano, es «imprescindible que también se investigue la actuación del Gobierno de Aragón», ya que sus informes son preceptivos para el Ministerio, como lo son los del resto de comunidades autónomas. En este caso, todos los proyectos de Forestalia para exportar energía fueron paralizados, excepto el del Clúster Maestrazgo, que fue aprobado por el Consejo de Ministros a pesar de los informes negativos de la Comunidad Valenciana y de la Dirección General de Medio Ambiente del propio Ejecutivo aragonés.
Según detallaron, el informe original del INAGA fue elaborado por técnicos y posteriormente sustituido sin explicación, en un procedimiento que califican de «nocturno» y «vergonzoso». La modificación se habría producido antes de que finalizara el trabajo técnico, ya que el consejero Olona había anticipado en medios que el informe sería favorable.
El nuevo informe, firmado por Lobera, fue el único remitido al MITECO. En la comisión de investigación en las Cortes de Aragón, Lobera justificó su actuación afirmando que los trabajos de SARGA y del personal técnico «no fueron suficientemente objetivos» y contenían apreciaciones que no correspondía valorar al órgano ambiental. Por ello, asumió personalmente la redacción del documento que finalmente avaló el proyecto.
Teruel Existe destaca que Lobera ya está siendo investigado por delitos medioambientales denunciados por el Movimiento ciudadano en juzgados de Teruel y Huesca. Acusan a la comisión de investigación de las Cortes de ser una «tremenda pantomima pactada para limitar los daños» y cumplir la promesa electoral del PP de abrir dicha comisión, pero «sin voluntad de airear las conclusiones más graves». Subrayan que las sesiones se celebraron a puerta cerrada, sin transparencia, con conclusiones «sesgadas, interesadas y decepcionantes».
También denunciaron que el INAGA externalizaba la evaluación ambiental a empresas que trabajaban simultáneamente para promotores como Forestalia, incumpliendo los criterios de incompatibilidad recogidos en los propios pliegos de contratación. Estas irregularidades fueron admitidas en las declaraciones empresariales ante la comisión.
Comparación entre ambos informes
Teruel Existe presentó un análisis comparativo entre el informe técnico original del INAGA y el conocido como «informe Lobera». Aseguran que este último «no emite dictamen explícito de aprobación», pero su contenido y tono fueron utilizados como aval técnico al proyecto.
El informe Lobera sustituyó deliberadamente al técnico, sin mencionar su existencia como antecedente relevante. El primero advertía de impactos ambientales significativos, afecciones a la Red Natura 2000, fragmentación del territorio, ausencia de planificación estratégica y falta de necesidad energética del proyecto. El segundo, en cambio, asume sin revisión los datos del promotor y presenta medidas correctoras sin valorar su efectividad real.
Ambos documentos del INAGA y de la Dirección General de Medio Natural coincidían en advertir afecciones graves sobre biodiversidad, conectividad ecológica y paisaje, pero estas alertas fueron diluidas en el informe Lobera, que no realiza evaluación independiente.
En relación con la Red Natura 2000, el informe técnico afirma que no se aplicó la metodología obligatoria, mientras que el Lobera sostiene exactamente lo contrario, sin justificarlo técnicamente. El informe original planteaba incluso la alternativa cero —no realizar el proyecto—, al considerar que no estaba justificado si ya se habían alcanzado los objetivos energéticos en 2020. Este punto desaparece completamente en la versión final.
Impactos ocultos en el informe final
El informe técnico incluía el mapa de sensibilidad eólica del MITECO, que indica que el proyecto se ubicaba en zonas de máxima sensibilidad ambiental. También alertaba sobre impactos graves a la avifauna (buitre leonado, quebrantahuesos, águila real, alimoche) y a quirópteros, así como sobre el efecto barrera de los aerogeneradores en Mosqueruela y Fortanete. Proponía reubicaciones y soterramiento de líneas eléctricas, que no aparecen en el informe Lobera, el cual califica el efecto barrera como «bajo».
El informe original señalaba que no se evaluaron afecciones a hábitats de interés comunitario conforme a la guía metodológica de la Red Natura 2000. El informe Lobera contradice esto reproduciendo literalmente el contenido del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), sin análisis técnico propio.
También detectaba impactos en infraestructuras de evacuación, con modificaciones viarias, fragmentación del territorio, alteraciones hidrológicas y afecciones a especies como el cangrejo de río. Estas alertas no aparecen desarrolladas en el informe final.
El informe técnico criticaba la falta de evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos, la insuficiencia de estudios de campo y la poca realismo de las medidas correctoras. Un ejemplo claro es que el informe Lobera acepta una valorización del 100 % del material excavado, a pesar del enorme movimiento de tierras previsto.
Por último, el documento original aportaba datos oficiales sobre la estructura económica de las comarcas afectadas, con fuerte peso del sector servicios y el turismo, y sobre una estabilización demográfica reciente. Estas cuestiones fueron eliminadas del informe final, que se limita a repetir los argumentos del promotor sobre generación de empleo, desarrollo rural y beneficios económicos sin contraste con la realidad.
Bochornoso, vivimos rodeados de trepas y chorizos. Que sigan tirando de la manta porque debe haber muchos políticos y cargos técnicos untados con este nuevo caso de corrupción. Y aún habrá gente que los defienda, es increíble.
Desgraciadamente, Don Dinero sigue siendo lo primero, en los bolsillos de muchos. Que pena!
No entifndo como se puede creer nadie nada de lo que prometen los de forrestalua
La justicia ganara y todos los corruptos iran a la carcel o seran inhabilitados como alcaldes o alcaldas.
Decepcionante el sequito pelotas del dueño forestalia. Que se vayan a casa