DGA no concede servicio de vivienda a una vecina del Bajo Aragón por padecer un trastorno mental
El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha desestimado poner al servicio de una víctima de violencia machista vecina del Bajo Aragón su acogimiento temporal en un Centro de Emergencia, es decir, darle una plaza en una de las viviendas tuteladas que, en este caso, el Gobierno de Aragón ofrece a las víctimas que no tienen recursos económicos ni vivienda propia para abandonar la casa en la que reside su agresor. El motivo es que esta persona padece una enfermedad mental y, aunque está en tratamiento controlado, la única normativa concreta vigente -de carácter municipal de la ciudad de Zaragoza que data de 2006- la excluye de recibir este tipo de protección.
La resolución del IAM ha indignado al letrado que asistió a la víctima en el momento en el que denunció a su agresor esta primavera, por lo que ha presentado una queja formal ante el Justicia de Aragón. «Es intolerable que una persona quede excluida de un servicio tan esencial por estar en tratamiento psiquiátrico. Es más, es que es todavía más vulnerable», reflexionó el letrado, que espera una respuesta satisfactoria por parte de la institución.
En la denuncia ante el Justicia, se relatan los hechos desde que se realiza la primera denuncia hasta que se procede a la detención del supuesto agresor. Asimismo se recoge la respuesta de la trabajadora del IAM ante el Juzgado de Alcañiz en la que se comunicó el rechazo de la petición. Si bien es cierto que se ofreció una habitación en un hostal de la localidad de Alcañiz para la víctima, esta opción es considerada tanto por el demandante como por los colectivos y asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental como «discriminatoria».
Más exclusiones
Pero la normativa municipal de Zaragoza no solo excluye a las mujeres que padecen algún trastorno mental, sino también a las prostitutas y drogodependientes. «Resulta una barbaridad afirmar que las mujeres en cualquiera de esas situaciones quedan desprotegidas por los servicios públicos de atención a la mujer como víctimas de Violencia Machista, pues parece traducir un mensaje como que esas mujeres, las prostitutas, las drogodependientes y las que padezcan trastornos mentales tienen menos derechos por la simple razón de su situación personal (la drogodependencia y prostitución podría entender voluntaria y buscada, lo que también sería una barbaridad, pero la enfermedad mental es algo desde luego no deseado)», dice la denuncia. Además alerta de que con ese argumento se coloca «precisamente a las mujeres más vulnerables en situación de mayor riesgo y las deja en manos de quienes habitualmente suelen ser sus proxenetas, los suministradores de las sustancias estupefacientes que consumen o quienes aprovechan su vulnerabilidad mental y emocional para ejercer el control sobre ellas», continúa.
«Pero aún es más intolerable que esa discriminación proceda del organismo dotado con fondos públicos, aunque gestionado con criterios empresariales privados, para proteger a las mujeres», concluye el escrito ante el Justicia de Aragón.
En la queja se solicita que se preste el servicio que necesita la víctima de forma urgente y también un informe en el que se especifique cuántos casos han sido desestimados por estos motivos en los últimos dos años. Desde a institución de El Justicia, aseguran que la información ya se ha solicitado y que todavía «se está dentro de plazo».
