La investigación, a nivel nacional, centró sus pesquisas en el Bajo Aragón. Hay 16 personas detenidas e investigadas
Importaba a España medicamentos y principios activos a granel para fármacos desde China o la India en condiciones ilegales y se revendían a países fuera de la UE. Medicamentos para enfermedades tan graves como la psicosis, dolencias cardíacas, o leucemia que se terminaban de fabricar o envasar en el Alcorisa haciéndolos pasar por españoles para su venta internacional a un precio inferior. La Guardia Civil ha desarticulado esta red de tráfico en la operación llamada AYÚRVEDA. En distintas fases se ha desarrollado en las provincias de Teruel, Barcelona, Castellón, Sevilla, Valencia y Madrid, iniciándose a raíz de una comunicación recibida de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS). El gerente de la empresa ubicada en Alcorisa, Desarrollos Farmacéuticos Bajo Aragón, Defabar, Gabriel García Gavín, era el cabecilla de la trama y también administrador único de otro laboratorio, Raga, ubicado en la misma sede del polígono alcorisano Los Estancos. Las actividades ilícitas se habrían venido realizando al menos desde 2012. La operación se llevó a cabo a finales del pasado año aunque no es hasta ahora cuando Guardia Civil la ha hecho pública al levantarse el secreto de sumario. García Gavín fue el único detenido, aunque después fue puesto en libertad con cargos.
Los delitos de los que se acusa a esta persona y a los detenidos e investigados son contra la salud pública, blanqueo de capitales, tráfico ilegal, falsificación de documentos y estafa. En la actualidad la empresa continúa en activo y cuenta con más de media docena de trabajadores. Varios de ellos están siendo investigados, aunque aseguran que desconocían la ilegalidad de las actividades. El gerente habría abusado incluso de la confianza de los empleados para tramitar diferentes actividades ilegales y fraudulentas con sus datos personales. Esta empresa acumulaba numerosos conflictos con sus empleados por impagos de nóminas superiores a un año y el gerente contaba con varias sentencias en contra por despidos improcedentes. No obstante, García Gavín, que, según fuentes policiales, podría haber obtenido un beneficio de cientos de miles de euros, no se habría lucrado personalmente. Al parecer, el dinero se despilfarró en deudas acumuladas y otros negocios que emprendía con una «mala gestión». El gerente se encontraba este miércoles en la empresa y no quiso realizar declaraciones.
Tanto en Alcorisa como en todo el territorio la noticia ha caído como un jarro de agua fría. «La decepción es muy grande, les ofrecimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que el proyecto saliera adelante y que el final sea este…es muy decepcionante», explica la alcaldesa de Alcorisa, Julia Vicente.
Defabar se instaló en Alcorisa en 2010 como un proyecto pionero en desarrollo farmacéutico vinculado a apoyos de varios fondos públicos. En ella se informaba de la denuncia de un laboratorio farmacéutico iraní que tras haber encargado y pagado 70.000 euros por una remesa de medicamentos a un laboratorio español, nunca llegó a recibir el producto ni la devolución del importe abonado por ellos.
Según informan desde la Guardia Civil, tras un minucioso estudio de la información recibida, se pudo constatar la existencia de una trama de fabricación y distribución ilegal de medicamentos a varios países de Asia, África, Europa, América Latina y América del Norte desde España, en algunos casos para su reexportación y en otros para su introducción en los canales legales de distribución. Defabar contaba con autorización para la importación de algunos medicamentos y realizaba gestiones fraudulentas para el contrabando del resto.
Continuando las investigaciones a nivel internacional, también se tuvo conocimiento de que la Oficina de Investigación Criminal de la Food & Drugs Administration de EE.UU, vinculaba a este mismo laboratorio español y a su administrador único, con otro laboratorio ubicado en Mumbay (India), implicado en tráfico ilícito de medicamentos con destino a los Estados Unidos para su exportación a terceros países de Latinamérica.
Conexión internacional
En una primera fase, la investigación se centró en la provincia de Teruel y quedó constatada la relación comercial de ambas empresas con otras del sector en provincias como Sevilla, Barcelona, Castellón y Valencia, que eran meras intermediarias y realizaban funciones como la búsqueda de clientes.
De la misma manera, estas empresas a su vez, tenían vinculación comercial con otras del mismo sector ubicadas en otros países como Francia, Inglaterra, EE.UU y especialmente con una empresa ubicada en Mumbay (India) que actuaba como asociada del laboratorio farmacéutico de Teruel en la fabricación y distribución de los medicamentos falsificados. En el caso de EE.UU, sus autoridades procedieron a la detención de una persona por tráfico ilícito de medicamentos en ese país.
Modus operandi
Esta organización llevaba a cabo su actividad delictiva por varias vías, siendo la más común el fabricar o acondicionar medicamentos ilegalmente en nuestro país, habiendo introducido previamente los principios activos de los mismos de países como la India y China, siempre amparados con documentación falsificada y creándose a posteriori para su distribución una marca ficticia.
Igualmente se importaban medicamentos terminados desde India o China sin las mínimas medidas sanitarias de conservación y transporte, a los que una vez en España se daba apariencia de haber sido fabricados en nuestro país para facilitar así su venta en terceros países bajo una supuesta marca española. Los investigadores han constatado que la trama no sólo ha movido medicamentos que han podido elaborarse de forma irregular, sino que además los han distribuido sin las medidas sanitarias de conservación y transporte. Como ejemplo de la peligrosidad sanitaria, destaca el caso de medicamentos como la heparina, que tienen que ser transportados por vía aérea con termómetros para controlar su temperatura y permanecieron en un almacén de Bombay tres días sin control. Además, se ha detectado que existía una baja concentración de principios activos en los medicamentos, lo que puede suponer graves consecuencias para el paciente al que se le prescriben los fármacos.
Los fármacos así fabricados estaban destinados a tratamientos de distintas patologías, algunos para contrarrestar dolencias de gravedad como leucemia, psicosis y síndromes de ansiedad e incluso afecciones cardíacas graves, destacando fármacos como la penicilina, heparina, vincristina y morfina. Aunque no se ha podido constatar la enorme cantidad de tráfico de medicamentos realizada desde 2012, los agentes del Secomado han comprobado que algunos envíos llegaban a ser de 300 kilos.
También se ha detectado que a estos medicamentos fabricados irregularmente, se les dotaba en Alcorisa de prospecto, cartonaje y etiquetado falsos, al igual que las indicaciones sobre fabricante y origen, siendo distribuidos posteriormente bajo esta falsa apariencia.
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En algunos casos estos medicamentos falsificados, eran adquiridos al laboratorio ubicado en el Bajo Aragón por otras entidades del sector farmacéutico, esencialmente distribuidores, que bajo su propia marca ficticia y simulando el papel de fabricante, eran comercializados fuera de la Comunidad Europea a países con legislación y control más laxo en materia de medicamentos, principalmente de África, Asia y en menor media de América Latina con el consiguiente riesgo para la salud pública ya que como se ha indicado, carecían de las mínimas medidas de control en su fabricación, transporte y almacenamiento. Medicamentos ilícitos que, sin embargo, acababan en el circuito legal del país receptor, debido a que es el Gobierno correspondiente el que hace el pedido a través de un distribuidor nacional legal (con el que contactaba el laboratorio de Alcorisa). Al parecer, a medida que cogió confianza, todo el proceso, incluido el etiquetado, se hacía en los laboratorios de los países asiáticos con los que tenía esa relación. Unos laboratorios autorizados en esos países, pero que no contaban con la certificación europea. El detenido contactaba con distribuidores legales de países con legislación más flexible, como Arabia Saudí, Congo, Irán, Líbano o Panamá, para su distribución. Hasta esos países llegaban los medicamentos, con la etiqueta de fabricados en España -lo que les daba garantía de legalidad- y con el prospecto en el idioma correspondiente, que previamente se confeccionaba para que todo pareciera lícito. Siempre se transportaban en avión y por puertos francos, de tal manera que se eludía el control si en el tránsito se incluían países europeos porque, en realidad, no tocaban suelo comunitario salvo el del aeropuerto correspondiente.
Todas estas empresas participantes en este proceso de fabricación y distribución, carecían de los permisos necesarios para ese tipo de actividades, circunstancia acreditada por la AEMPS, organismo regulador y competente en materia farmacológica en nuestro país.
La normativa farmacéutica española y europea establece la exigencia de garantía de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y para ello establece una completa normativa reguladora para su fabricación, trasporte, almacenamiento y distribución, llegando incluso a fiscalizar los contactos entre empresas del sector, por lo que según ha quedado constatado por los investigadores, la trama en cuestión no realizó intento alguno de introducción de estos medicamentos en el circuito legal español o europeo, dedicándolos exclusivamente a la exportación.
El esclarecimiento de estas actividades también ha contribuido a salvaguardar la buena reputación a nivel mundial en lo que se refiere al control y fabricación de medicamentos en España, ya que en varios de estos fármacos figuraba como fabricante nuestro país para así aprovecharse de esta garantía de calidad.
Esta operación ha sido llevada a cabo por la Sección de Consumo y Medio Ambiente (SECOMA) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz (Teruel) y por la Fiscalía Provincial de Teruel. Se ha declarado el secreto de actuaciones porque la investigación permanece abierta. La juez que se ha hecho cargo del caso ha retirado el pasaporte a Gabriel García y cada quince días tiene que presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz (Teruel).
También hay que resaltar la participación y colaboración en esta operación de EUROPOL, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), su homónima en el Reino Unido MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency), Gendarmería Francesa OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à lEnvironnement et à la Santé Publique), así como de otros grupos de trabajo y foros internacionales en los que participa la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como son PFIPC (Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime) y WGEO (Working Group of Enforcement Officers), ambos relacionados con el tráfico ilícito de medicamentos a nivel Europeo y Mundial.
