La Policía Nacional ha detenido a tres empresarios por un fraude en subvenciones públicas de 2.676.695 €.
Los fondos, obtenidos en 2010 y 2011, debían haberse destinado a la reindustrialización del territorio pero fueron desviados a cubrir gastos improductivos o particulares. Además, se ha tomado declaración como investigados a otros cuatro más. Los proyectos se ubican en Alcañiz, Andorra y Ejea de los Caballeros.
Las investigaciones se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Alcañiz a finales del año pasado en base a una primera denuncia de la Seguridad Social contra una empresa dedicada al desarrollo y producción de coches eléctricos en Technopark.
En Alcañiz
La sociedad Z-Mobile percibió fondos, mediante préstamo o subvención de diversas administraciones (Ministerio de Industria, Instituto Aragonés de Fomento, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, etc.), todas ellas con el mismo fin, que era la reindustrialización de la provincia de Teruel. En esta provincia, concretamente en Alcañiz, la citada sociedad instaló una fábrica de vehículos eléctricos, para lo que llegó a percibir casi 1.800.000 de euros de dinero público. Así llegó a construir una nave en el polígono industrial de Motorland, donde sin embargo nunca se llegó a producir nada aunque sí contrató a trabajadores a los que aún les adeuda parte del salario.
Con ese dinero, y según informan desde Policía Nacional, el empresario (uno de los tres detenidos) hizo un aumento fraudulento del capital social de la empresa, de 3.000 a 500.000 euros. Aportó las mismas facturas justificativas de gastos a los diversos entes públicos a los que solicitaba fondos.
Tal y como señalan los representantes de las empresas proveedoras y emisoras de las facturas de mayor importe, la operativa que venía siguiendo el empresario era solicitar una factura con un pedido voluminoso con el fin de mostrar expectativas de negocio, y realizar un abono que se retrocedía por otra vía con diferentes excusas, realizando unos primeros pagos al servirse una parte de material lo que daba una falsa sensación de solvencia. Se abonaba una parte en concepto de anticipo o abono del IVA para después dejar impagado el resto, aportando la factura completa a la administración como justificante de gasto.
Con esta operativa se obtenían tanto las facturas como los justificantes bancarios de pago, que se presentaban como justificación de gasto a las diferentes administraciones de las que percibía las ayudas públicas, a las que se ocultaban en realidad los movimientos bancarios de retrocesión de los pagos realizados, que se hacían a través de otras cuentas que tenía la sociedad.
Se aportaban a la administración igualmente facturas falsas de sociedades instrumentales creadas por el mismo empresario, por un importe de 408.200 euros.
Parte de los fondos percibidos eran usados de forma particular por el empresario para viajes, pago de la hipoteca particular, pago de nóminas, cursos de formación, reintegros en efectivo...
Por parte de distintas instituciones públicas (el Instituto Aragonés de Fomento, la Dirección General de Industria del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Industria y el de Hacienda), la sociedad señalada fue objeto de diversas inspecciones que concluyeron con la obligación de devolución de los fondos percibidos por no consecución de los objetivos, y por fraude en las facturas presentadas, sin que se pudieran hacerse efectivas estas reclamaciones.
Una nave en Andorra
La segunda persona detenida es un empresario que constituyó una sociedad con el fin de construir una fábrica de sistemas cibernéticos polivalentes, sector en el que no tenía ninguna experiencia ni tampoco conocimientos, en la localidad de Andorra. Allí llegó a adquirir una parcela y a iniciar las obras de la construcción de la nave.
La razón por la que seleccionó la localidad turolense de Andorra es porque otros dos intermediarios le prometieron la obtención de 600.000 euros del Ministerio de Industria para la reindustrialización de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, cosa que efectivamente lograron sin ningún problema. Una vez obtenidos estos fondos, se crearon diversas empresas instrumentales a través de las cuales se iban moviendo estos fondos y generando facturas falsas que se aportaban a la Administración como justificación de gastos que no concordaban con la realidad de los gastos realizados.
La mecánica que empleaba era la siguiente: realizar transferencias por diversos importes a estas sociedades. Aportaba al expediente del préstamo del Ministerio de Industria, las facturas que se autorealizaba y el justificante de las transferencias efectuadas. Simultáneamente, realizaba una retrocesión de estos pagos mediante cheques, ocultando estas retrocesiones al Ministerio de Industria y dedicando los fondos a otros fines.
De este modo, el empresario realizó reintegros en efectivo por importe de 147.320 euros y gastos particulares por importe de casi 100.000 euros. Traspasó fondos a otras empresas de su propiedad en Madrid y a sus colaboradores, empresarios de Guadalajara, por importe de 250.000 euros, que destinaban este dinero a las incipientes obras que se realizaron en Andorra y que, en gran parte, reintegraron en efectivo, apoderándose de los citados fondos.
Ejea de los Caballeros
Otra de las sociedades investigadas presentó un proyecto de fabricación de coches eléctricos, que iba a instalarse en Ejea de los Caballeros, para lo que percibió un préstamo de 311.500 euros del Ministerio de Industria. Sin embargo, la fábrica no llegó a instalarse nunca, y los fondos percibidos fueron transferidos a las cuentas personales del empresario (también detenido), que las usó para saldar deudas en otras empresas en las que participaba.
Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
Esta noticia causó ayer una gran indignación en el territorio porque no es la primera vez que ocurre. A finales de 2014 se desarticuló una trama de empresas fantasma en Calanda que defraudó 2,6 millones. Alejo Galve, secretario comarcal de UGT en Andorra, calificó la situación de «penosa». Lamentó que existan personas que traten de aprovecharse de los que realmente son trabajadores, máxime, en una provincia tan deprimida y con tantas necesidades como la de Teruel. «Si todo de lo que se les acusa es cierto y deben ir a la cárcel, que vayan. Ningún miramiento en ese sentido», dijo visiblemente molesto nada más enterarse de las detenciones. Reivindicó un mayor análisis de los proyectos antes de otorgar subvenciones aunque reconoció y celebró que «si ha habido detenciones es porque realmente existe un seguimiento de las iniciativas». Hizo hincapié en la naturaleza trabajadora de los empresarios de la zona a quienes casos aislados como los detectados hacen «flaco favor».
Por su parte, el presidente de CEPYME Teruel, Juan Ciércoles, reclamó ayer que la justicia actúe en este caso aunque siempre respetando la presunción de inocencia. «Es muy preocupante que haya personas que se utilicen fondos públicos para enriquecerse y no para tratar de crear empleo», afirmó Ciércoles.
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