Diez ayuntamientos se reunirán el sábado en Mas de las Matas para consensuar acciones reivindicativas
Una decena de municipios del Bajo Aragón Histórico se reunirán esta semana para decidir qué acciones emprenden para protestar por las sanciones que han recibido o percibirán próximamente por parte de la CHE por verter aguas residuales sin depurar. Éstas podrían pasar por trasladar sus reivindicaciones al Gobierno de Aragón, al que pedirían que intermedie con la CHE o que les ayude económicamente con el pago de las sanciones, que superan los 2.000 euros.
No obstante, por el momento desde DGA no están por la labor. En el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se remiten a las palabras de la directora del Instituto Aragonés del Agua (ICA), Inés Torralba, quien ya ha dicho en más de una ocasión que «no le parecen justas» las sanciones pero que «no puede hacer nada». Al ser preguntados por una posible ayuda económica a los ayuntamientos multados, desde Desarrollo Rural descartan esta opción, que sí se ha utilizado en otros casos, alegando que «incluso podría ser hasta ilegal».
Las afectadas son las localidades bajoaragonesa incluidas en la fase de construcción de depuradoras que el Gobierno de Aragón paralizó: Cantavieja, La Iglesuela, Castellote, Aguaviva, Mas de las Matas, Castelserás, Valdealgorfa, Mazaleón, Calaceite y Maella. Algunos ya han pagado la multa y otros ya tienen abierto el expediente sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El objetivo de la reunión, que tendrá lugar el sábado a las 11.00 en la Casa Consistorial de Mas de las Matas, es decidir conjuntamente qué acciones emprenden.
Los vecinos también pagan
Mientras tanto, los diez ayuntamientos anteriormente citados ya han pagado sus multas o lo harán próximamente. Por ejemplo, en el caso de Aguaviva ha recibido de la CHE una sanción de 2.132 euros por verter aguas residuales sin depurar. Sin embargo, anualmente paga un canon de vertido que en su caso, al igual que en otros municipios en su misma situación, es más caro por no tener depuradora. La última factura por este concepto fue de 3.671 euros. Además, también se grava a los vecinos, que hacen frente a un impuesto de contaminación de aguas. «Todos estamos por la labor de hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Se ha cometido una injusticia en un asunto que no es responsabilidad de los ayuntamientos», afirma el alcalde aguavivano, Aitor Clemente.
En toda la comunidad se estima que podría haber hasta 29 ayuntamientos afectados. En estos momentos, la CHE está estudiando caso por caso para determinar si finalmente llegan a sanción, o no.
