El director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales, ha considerado fundamental para el desarrollo del sector del porcino en Aragón que éste cumpla de manera estricta la normativa medioambiental, tal y como exige la Unión Europea y demandan los países que son principales clientes en el mercado internacional. Así lo ha defendido este miércoles durante la comparecencia en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que traía causa de la petición de PP para informar sobre el proyecto de orden por el que se modifican y designan las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Novales ha asegurado ser «muy consciente» de la mano de obra y la población que asienta el sector porcino en el medio rural, pero ha explicado que ese empeño por «hacer compatible» su desarrollo con el respeto al medio ambiente atiende especialmente a las exigencias que llegan desde la normativa comunitaria, pero también de los países que son los principales clientes en el mercado internacional. «Países como China o Corea vienen a hacernos auditorías y su interés siempre se centra en cómo gestionamos la sanidad y el medio ambiente», ha comentado.
En ese sentido, ha advertido de que ciertos colectivos en contra de la ganadería intensiva esperan a ver cómo se regula la cuestión del nitrógeno para comprobar la rigurosidad del sector. «Debemos concienciarnos de la necesidad de hacer sostenibles las explotaciones y de concretar las zonas vulnerables porque tengo claro que la culpa no es del sector sino de siete u ocho empresas», ha comentado. El director general ha justificado el desarrollo de la orden sobre la contaminación por nitratos después de que Europa «nos sacase los colores» y ha explicado que la consideración de zona vulnerable comenzó por el regadío y no contempló el secano, pero posteriormente se han visto obligados a considerar el municipio entero.
En cuanto a las tablas de nitrógeno, Novales ha distinguido entre aquellos que gestionan el purín en un centro gestor y los que se autogestionan, un colectivo para el que el Decreto de ordenamiento del porcino contemplaba la alternativa de que Aragón desarrollase una normativa propia o se acogiese a las tablas estatales. «Hemos optado por esta orden que está en proceso y que supondrá una reducción de los nitratos en un treinta por ciento por la mejora genética, la mejor conversión y la optimización de la proteína, pero no para poner más granjas, sino para desaturar las zonas que tenemos saturadas», ha advertido.
El diputado popular Antonio Romero ha asegurado que agricultores y ganaderos son los primeros que quieren hacer compatibles sus explotaciones con el medio ambiente, pero se enfrentan a una «maraña normativa» que dificulta su labor. En ese sentido, ha preguntado por qué no se actualizan las «desactualizadas» tablas de nitrógeno si la producción de estiércoles es menor a lo que dicen esos baremos, por qué la nueva orden no tiene en cuenta las dobles cosechas, «que exigen una mayor fertilización», ni tiene en cuenta los terrenos de barbecho y por qué no se contempla en la contaminación el abono mineral.
Silvia Gimeno (PSOE) ha señalado la trascendencia de controlar la contaminación de aguas superficiales por nitratos mediante una normativa «exigente», pero que no asfixie a agricultores y ganaderos para los que ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Aragón por el sector porcino. Ramiro Domínguez (Ciudadanos) ha abogado por llegar a «un punto intermedio» entre el medio ambiente y el desarrollo del sector porque «hay sitios donde no cabe un cerdo más, pero otras zonas se podrían fomentar y están al lado de las zonas vulnerables y ¿dónde está el límite? Porque al final va a ser todo vulnerable», ha advertido.
Marta Prades (Podemos EQUO Aragón) ha recordado que su grupo lleva años considerando el purín como «una oportunidad y no como una amenaza» y ha vuelto a advertir contra «la burbuja» que puede producir la proliferación de granjas de porcino ante el posible regreso de China al mercado o casos de peste. Joaquín Palacín (CHA) ha apuntado la necesidad de buscar soluciones a las cuestiones que plantean las directrices europeas para hacer el sector «compatible» con el medio ambiente, pero también con las exigencias de los mercados internacionales y escuchando al sector.
Santiago Morón (Vox en Aragón) ha explicado que su objetivo es «buscar lo mejor» para un sector tan pujante como el porcino por lo que ha considerado que, sin descuidar la normativa medioambiental, hay que poner «el menor número de trabas posible». Para Esther Peirat (PAR) «debemos estar a lo que diga la UE, pero hay que ser conscientes de las consecuencias de la declaración de zonas vulnerables». No ha compartido los plazos establecidos ni otras cuestiones del decreto que ha supuesto la presentación de numerosas alegaciones.
Durante la sesión, no ha trascendido ningún anuncio sobre las plantas de depuración de purines existentes en Aragón. Dos de ellas, Valderrobres y Peñarroya de Tastavins, contaron con una inversión total de 14 millones de euros y siguen, 8 años después de su construcción, sin ningún uso y sin cumplir el objetivo con el que fueron diseñadas.
