Las casas en ruina en los cascos antiguos son uno de los principales dolores de cabeza de los ayuntamientos del medio rural. Sus propietarios no quieren hacerse cargo de estas viviendas porque en la mayoría de casos son herencias de múltiples dueños que no viven ni tienen relación con el municipio y generan un foco de insalubridad y un grave peligro. Con el tiempo y después de un largo proceso terminan en manos de los ayuntamientos, para los que suponen un problema por el cada vez más elevado coste de derruir estas casas. De media, en un casco antiguo, un derribo puede ascender de media a los 40.000 euros en total. No es solo la maquinaria y el personal sino también el proyecto técnico, trámites administrativos y el traslado de los residuos a los vertederos autorizados.
Para ayudar a los ayuntamientos el Gobierno de Aragón ha reservado una partida de cuatro millones de euros destinada a la «ejecución de derribos de viviendas en estado de ruina». Esta cantidad se enmarca dentro de los 19 millones que tiene el Fondo de Cohesión Territorial que se integra dentro de la Dirección General de Despoblación. Precisamente a su máximo responsable, Juan Manuel Hernández, le trasladó la problemática el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, en una reunión a mediados de noviembre. El departamento recogió el guante y el martes se anunció la línea de ayudas en la sesión constitutiva del Consejo de Cooperación Comarcal por parte del director general de Desarrollo Territorial, Luis Lorén.
«Me alegro de que haya un feedback tan rápido porque las casas en ruina nos generan un problema importante y también un elevado gasto para los ayuntamientos pequeños», apunta Celma, también alcalde de Torrecilla de Alcañiz. En su municipio, por ejemplo, tiene un inmueble en ruina. «Esta ayuda nos ayudará a asumir los derribos con lo que eliminaremos un problema de salubridad y seguridad y, al mismo tiempo, ganaremos un solar en el casco antiguo que se podría destinar a viviendas para jóvenes», explica el presidente del Bajo Aragón.
Ni para empezar!!!
No se trata sólo de «dineros» se trata de que los Ayuntamientos quieran molestarse en solucionar un problema de seguridad y/o de estética. En muchos de estos casos quien está pagando las consecuencias por abandono de los Ayuntamientos son los vecinos de esas fincas
Que te parece cambiar la ley de Urbanismo de Aragón para que se puedan cambiar de uso, granjas abandonadas, corrales y almacenes en zonas periféricas de los pueblos, y hacer viviendas. Los Ayuntamientos tienen las manos atadas por la puñetera burocracia y una legislación anti-medio rural.
El problema es el propietario de la finca que no la mantiene en condiciones. Y tiene que venir el Ayuntamiento, con dinero de todos, a solucionarlo. Pero bueno, si se tiene que hacer se hace, pero habría que repercutirlo al propietario.