El ejecutivo expone que mantener activa la Térmica de Andorra es «absolutamente necesario»
El Gobierno de Aragón -a través de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo- remitió ayer al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sus aportaciones a los procesos de consulta pública previa a la elaboración de sendas regulaciones del sector energético, donde, entre otras cosas, insta que permanezca operativa la Central Térmica de Andorra, en Teruel. El mantenimiento de su actividad de la Central Térmica de Andorra es considerado por el Ejecutivo aragonés «no sólo oportuno, sino absolutamente necesario».
El documento remitido al Ministerio ayer expone que la no continuidad de la central turolense «supondría no sólo la pérdida de una garantía de suministro para el sistema, más aún cuando en el horizonte parece atisbarse un principio de recuperación económica y por tanto de actividad industrial y mayores consumos energéticos, sino también el cierre de una unidad de producción que tiene los recursos carboníferos a escasos kilómetros, sin depender por tanto de suministros de importación sujetos a posibles desabastecimientos» (como ocurre con otras térmicas de carbón).
A ello se suma «la gran repercusión que para la economía de toda la provincia tiene la actividad minero-eléctrica», que genera en torno a 3.500 empleos directos e indirectos en un territorio con una de las menores densidades de población en Europa.
La consulta ministerial para la elaboración sobre un proyecto de Real Decreto para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica plantea dos preguntas abiertas; la primera si se considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio.
A esta cuestión, el Gobierno de Aragón puntualiza que no se puede buscar un criterio homogéneo para las centrales nucleares, las térmicas de carbón, las hidroeléctricas, las eólicas, las fotovoltaicas o los ciclos combinados, por lo que se ciñe a la Central Térmica de Andorra, y recuerda que existe la obligación de ejecutar una serie de inversiones para disminuir sus emisiones contaminantes, como condición fijada desde la Unión Europea para mantener su actividad más allá de 2020.
De pedirse el cierre, se podría denegar
La segunda pregunta que plantea la consulta es ¿qué procedimiento debería seguirse en el supuesto de que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema? A este respecto, el Gobierno de Aragón subraya que, según la normativa vigente (Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre), «si el Operador del Sistema (Red Eléctrica Española, REE) considera que la continuidad de una central es necesaria para el Sistema, el Ministerio puede denegar la solicitud de cierre».
«En caso de no ser consideradas necesarias para el Sistema –continúa el escrito dirigido al Ministerio-, existen otras posibilidades como la retribución de pagos por capacidad, de tal forma que la central continúe estando disponible a disposición de las necesidades del Sistema, o un acuerdo con la propietaria de la central, para asumir los costes derivados de la «hibernación» de la misma, de tal forma que no tuviera repercusión negativa en su cuenta de resultados, si bien estas fórmulas difícilmente permitirían mantener el empleo actual tanto en la propia central como en el sector minero, o un acuerdo con la propietaria de la central, para asumir los costes derivados».
«En ambas cuestiones echamos de menos la existencia de propuesta de un mínimo «corpus» normativo elaborado previamente por ese Ministerio para poder opinar con mejor criterio», concluye el documento de aportaciones del Gobierno de Aragón.
El otro proceso de consulta previa al que se ha contestado esta mañana, de carácter mucho más técnico, se refiere a otro proyecto de Real Decreto para establecer el procedimiento de acceso y conexión en desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico, que en principio no afecta directamente al futuro de la Central Térmica de Andorra.
Sí le afectaría en cambio una tercera consulta previa abierta por el Ministerio sobre una futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, relacionada en parte de las anteriores, a la que el Gobierno de Aragón presentará igualmente sus aportaciones, para lo que tiene de plazo hasta el 10 de octubre.
El Gobierno de Aragón participa en este proceso en defensa del interés general de la Comunidad a pesar de no haber sido informado oficialmente de su puesta en marcha, al igual que tampoco ha recibido comunicación alguna sobre la regulación energética que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, prometió en mayo a la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, que le enviaría en el plazo de dos meses en aras a la colaboración institucional en la búsqueda de consensos. Según dijo entones el ministro, esta regulación, de una u otra forma, preservaría el mantenimiento de la Central Térmica de Andorra. Pese al tiempo transcurrido, el compromiso sigue pendiente para el Gobierno de Aragón.
