La secretaria general técnica del Departamento de Sanidad compareció ayer en sede parlamentaria
La rescisión de convenios del Salud con diferentes mutuas fue ayer sido el tema central de la intervención de la secretaria general técnica de este Departamento, Pilar Ventura, en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón. Concretamente, su comparecencia fue solicitada por el Partido Popular para conocer los motivos por los que el Gobierno de Aragón ha rescindido el convenio entre el Salud y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto de las Fuerzas Armadas (Isfas), para la prestación de los servicios públicos sanitarios a las personas adscritas a las mismas en las zonas rurales, donde no hay clínicas particulares.
Ventura ha recordado que el papel del Salud en la atención de beneficiarios de estas mutuas puede ser como proveedor directo o a través de convenios de colaboración con entidades privadas que no tienen medios en las zonas, y, desde esta situación, «son los propios mutualistas, que viviendo en el medio rural, optan por la opción sanitaria privada o pública».
Así, Ventura ha detallado que se deja de mantener el convenio por dos razones. La primera, que las mutuas dejan de cubrir la atención sanitaria primaria y solo incluyen la atención de urgencia y, la segunda, que no realizan el pago del servicio. «Ha sido difícil el cobro por parte del Departamento», ha afirmado la secretaria general técnica, quien ha trasladado que en 2014 las cuantías ascendieron a 1,7 millones de euros, en 2015 a unos 500.000, y en 2016 a casi 900.000, lo que Ventura ha tradido en «una merma de casi dos millones de euros» para las cuentas públicas. A continuación, ha resumido la situación indicando que a los mutualistas se les «recortan las prestaciones», mientras «el Departamento ha dejado de ingresar una importante cantidad», circunstancia que, sin embargo, no repercute en las mutuas que «han seguido teniendo los mismos ingresos». En relación a las posibles soluciones, Ventura ha comentado que «vamos a trabajar en realizar un nuevo convenio».
Al finalizar su intervención, los diferentes grupos parlamentarios han mostrado su opinión. «Creo que, pudiendo no estar de acuerdo en las condiciones del convenio de mutuas, el uno de enero no se puede derivar la responsabilidad de cobrar a una familia a un médico o a una enfermera», ha declarado Carmen Susín, del Partido Popular. «No estoy de acuerdo con las formas, me parece un ataque a las personas del medio rural», ha añadido.
La socialista Olvido Moratinos ha destacado que «la rescisión se ha realizado en toda la Comunidad autónoma» y, además, ha solicitado información de «por qué se cambiaron las condiciones de esos convenios en 2015» y de «por qué se dejaron de ingresar dos millones de euros en legislaturas anteriores».
Itxaso Cabrera, por Podemos, ha achacado «la falta de comunicación y trasparencia». «Aplaudimos la no continuidad de los contratos con estas mutualidades, pero los medios no han sido los más apropiados», ha resumido.
Desde el PAR, María Herrero ha trasladado a Ventura que «les preocupan más los inmigrantes que las personas del medio rural». «¿Usted cree que podrían haber actuado de otra forma para no afectar a 16.800 personas?», ha increpado a la secretaria general. «Lo peor de todo es no haberles avisado, con la debida antelación ellos podrían haber optado», ha añadido.
La diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha asegurado que, al margen de los problemas entre mutuas y Gobierno de Aragón, «hay 16.800 funcionarios que trabajan en zonas rurales de Aragón que reciben la atención sanitaria pero tienen que abonar cada vez que van a un centro de salud.»
Por último, Carmen Martínez, del Grupo Mixto (CHA), ha afirmado que «desprotección a principios de este año es culpa de las mutuas que tienen que asegurar la atención a sus mutualistas». «De la misma forma que buscan las condiciones con las clínicas privadas las mutuas tendrán que solucionarlo en las zonas rurales», ha aseverado Martínez quien se ha preocupado por la falta de información a los asegurados en estas zonas por parte de las propias entidades, que «no han velado por ellos», algo que, en su opinión, «no depende del Gobierno de Aragón».
Médicos de familia
La creación inmediata de una bolsa de trabajo única de médicos de familia y comunitaria ha centrado la parte de impulso al Gobierno de esta mañana en la Comisión. Tras la comparecencia, Podemos ha presentado una moción en esta línea, porque, en opinión de Marta Prades, «se vienen sufriendo retrasos y demoras en las consultas con una situación que no es nueva ni esporádica en Primaria». «La Consejería actúa a golpes, a saltos y sin previsión. Echamos de menos el diálogo con colectivos, profesionales y territorio», ha añadido esta parlamentaria.
Todas las formaciones han rechazado la propuesta porque, según han compartido durante las intervenciones, es un asunto que está tratando la Mesa sectorial de Sanidad. «Es un tema del Ejecutivo y ustedes todavía no han aprendido a diferenciar las funciones del Legislativo», ha criticado Susín, mientras que la socialista Moratinos también ha apostado por «acuerdos sin perjudicar a los profesionales». Desde el PAR, Herrero ha considerado que «tiene todo el sentido del mundo que se aborde en la Mesa sectorial», mientras que Gaspar ha pedido «transparencia en la gestión de los recursos humanos sanitarios». Desde el Grupo Mixto, Martínez (CHA) ha asegurado que «no era esta Comisión donde se debía buscar esta situación de mejora».
