DGA media con el Ministerio para la extensión de la banda ancha en las tres provincias aragonesas

El Gobierno de Aragón ha denunciado que el Programa de Extensión de Banda Ancha, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y cofinanciado con Fondos FEDER, deje fuera inicialmente a 12 provincias españoles, entre ellas, las tres aragonesas, y trabaja ya para lograr una nueva convocatoria que subsane los errores de interpretación que han supuesto la desestimación de todas las propuestas presentadas por las operadoras en el territorio.

"Nada más conocer la insólita situación, la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que gestiona el programa, para solventar el problema", dice el Gobierno de Aragón en un comunicado. Tras las conversaciones mantenidas en los últimos días, el Departamento asegura que " ha arrancado el compromiso del Estado para la puesta en marcha cuanto antes de una nueva convocatoria parcial, que permita la llegada de subvenciones para la mejora del servicio". Un "logro" que también se atribuyó ayer Teruel Existe.

El programa PEBA 2020 incluía casi 4 millones de euros para la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha en las tres provincias aragonesas, en las denominadas zonas blancas, esto es, aquellas sin cobertura actual y que no tienen previsiones de despliegue en los próximos tres años. En esta edición, por primera vez las ayudas también se dirigían a las zonas grises, aquellas con una cobertura de nueva generación deficiente, proporcionada por un solo operador, y a una velocidad inferior a los 100 megas.

Como novedad, la convocatoria de este año establecía un nuevo mecanismo de cómputo basado en unidades inmobiliarias, dentro de cada área georreferenciada y marcaba unos límites mínimos para considerar las propuestas. Las diferencias habidas en la interpretación de este nuevo criterio por parte de algunas de las operadoras de telecomunicaciones que concurrieron ha supuesto la desestimación automática de multitud de propuestas.

El problema ha sido recurrente en todo el país. De hecho, solo 33 de los 108 proyectos presentados han sido finalmente aceptados de acuerdo con la resolución provisional del Ministerio y la inversión final del programa no alcanza ni el 60% del importe previsto en un principio.

Con solo 105,77 millones de los 186 destinados inicialmente al plan, el programa solo beneficiará a 33 provincias de las 45 previstas. Se trata de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Girona, Lleida, Tarragona, Castellón, Valencia, Badajoz, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra y La Rioja.

Para la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, resulta «inadmisble» que por un fallo de interpretación en el programa de subvenciones la Comunidad se quedase fuera y ha lamentado que a Aragón se le deban cinco millones del plan de este año que están sin ejecutar.

Además de exigir una convocatoria complementaria, tal y como se ha acordado con el Ministerio, Maru Díaz ha urgido que se modifiquen a futuro «unos criterios que están pensados exclusivamente para el despliegue en grandes ciudades».

En este sentido, ha recordado el compromiso del Ejecutivo autonómico en garantizar un bueno acceso a internet en las zonas menos pobladas y dispersas, que contribuya a cerrar la brecha digital y hacer frente al reto demográfico.

Con esta premisa, el Gobierno de Aragón es partidario, y así se lo ha trasladado al Ministerio, de modificar la regulación actual para la competencia entre operadoras y el modelo de subvención al despliegue que, si bien está siendo eficaz para cubrir grandes áreas con alta densidad de población, se está demostrando insuficiente para resolver el problema de muchísimas localidades que no resultan atractivas para las operadoras por coste de inversión y mantenimiento.

Esta modificación, que afectaría solo a las zonas rurales, debería ir dirigida a facilitar las actuaciones de las Administraciones públicas en aquellas poblaciones donde las operadoras no consideren viable abordar las inversiones de despliegue de banda ancha.

En Aragón, los últimos datos apuntan a que en torno al 94% de las personas disponen de banda ancha en sus domicilios. Actualmente, existen distintos planes de despliegue de banda ancha (a 30 megas), que en conjunto benefician a más de la mitad de las localidades de las tres provincias. No obstante, la crisis sanitaria ha demostrado la necesidad de tecnologías más escalables para permitir un uso intensivo de internet. Además, la Comunidad se enfrenta al reto de garantizar el servicio a las más de 200 entidades singulares de población de menos de 50 habitantes que aún no disponen de él.

El compromiso del Ejecutivo es complementar el servicio allá donde no llega nadie y tratar de mejorar en la medida de lo posible el que ya se presta, para romper la brecha digital, teniendo en cuenta el enorme desafío territorial que plantea una Comunidad como Aragón, tan extensa, con una orografía tan complicada, una dispersión enorme y una población altamente envejecida. Con esos objetivos, la Comunidad ha preparado un ambicioso proyecto que espera poder financiar con cargo a los fondos europeos Next Generation.