El director del IAF ha anunciado en las Cortes un plan de ayudas de 3,7 millones de euros para infraestructuras municipales
Una "discriminación positiva". Esto es lo que tendrán las empresas que se instalen en Andorra en las bases reguladoras de las subvenciones que hay en juego para conseguir crear puestos de trabajo para que exista una verdadera alternativa laboral a la Central Térmica en la Sierra de Arcos. Así lo dijo este martes el director del Instituto Aragonés de Fomento, Ramón Tejedor, en su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Empleo a petición de Podemos, en la que instó a trabajar «todos juntos» y «en la misma dirección» a los agentes implicados en la necesaria «reconstrucción» del tejido socioeconómico de las cuencas mineras tras el reciente anuncio de Endesa sobre el cierre de la central térmica de Andorra, previsto para junio de 2020.
Concretamente, la "discriminación positiva" por la que aboga DGA es una práctica que pretende trasladar también al Gobierno central, a través del Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), que cuenta con una dotación presupuestaria para las zonas mineras y las zonas de su entorno. «Vamos a pedir que se dé un trato preferente en las bases de las convocatorias», ha asegurado Tejedor. En esa línea trabaja ya el IAF con las ayudas complementarias al Plan Miner y con el plan de ayudas 3,7 millones de euros para desarrollar infraestructuras municipales en los municipios «muy mineros» con el fin de ayudar a la reindustrialización. El responsable de Fomento también ha recordado la existencia de una convocatoria en el marco del FITE por valor de 1,5 millones de euros en proyectos de I+D+i para «iniciativas innovadoras» en la búsqueda de nuevas utilidades del carbón, como una propuesta en la que viene trabajando la Universidad de Zaragoza sobre química orgánica.
Tejedor, compareciente a petición de Podemos para explicar el papel que como coordinador va a jugar en el proceso de reindustrialización de las cuencas mineras, se ha mostrado optimista, pese al panorama que se cierne sobre la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, por el reciente acuerdo de todos los grupos parlamentarios para la creación de una Comisión especial de estudio en la que el IAF «está llamado a hacer converger acciones seguramente desvinculadas entre sí para incentivar y favorecer que la iniciativa privada cuaje en la llegada de empresas», ha explicado. E
Porque para el director general del IAF el papel de los inversores privados es fundamental. «Esto no es la antigua Unión Soviética, no vamos a ir con una pistola a decirle a una empresa instálese en Andorra», ha declarado. Una de esas iniciativas de capital privado, ha avanzado Tejedor, es la próxima llegada de una empresa de transformación de yeso a la localidad turolense de Albalate del Arzobispo, Toro Gips, que dará trabajo a 35 personas. Mientras va cuajando esa labor de coordinación a la que se ha comprometido Tejedor, el responsable del IAF ha recordado la existencia de diversos canales de fomento de proyectos industriales que pueden beneficiar a Andorra, como el FITE de 2018 que, a través de distintos departamentos puede ofrecer una inversión de 30 millones de euros para la reindustrialización. En este sentido, el director general considera "claves" la A-68 y la fibra óptica para la llegada en condiciones de nuevas empresas.
Respecto al tira y afloja con Endesa, Tejedor se ha reafirmado en el compromiso del Gobierno de España en no autorizar el cierre de la central si la eléctrica no presenta un plan de acompañamiento y ha confirmado la visita a Andorra en enero de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribero «para escuchar a los afectados y comprometerse con ellos en el momento en el que Endesa ya habrá dado a conocer cuál es su plan», ha asegurado Tejedor, para quien una solución de transición sería que la central pudiera seguir funcionando 1.500 horas al año mientras avanzase el plan de reindustrialización.
En opinión de Román Sierra (Podemos), «se podría haber hecho más por la diversificación económica». «Debe ser una transición hacia algo constructivo en el territorio, redistribuir la riqueza para tener futuro todos», ha reclamado este portavoz. El diputado ha pedido conocer el plan de trabajo y el contenido de las reuniones con Endesa y con la ministra Ribera. «Tiene una gran responsabilidad y el tiempo es fundamental», ha dirigido este parlamentario al máximo responsable del Instituto Aragonés de Fomento.
Desde el PP, Dolores Serrat ha querido «ser clara con la posición» de su formación. «Estamos totalmente de acuerdo en que la transición energética es una obligación. Creemos que, a día de hoy, el carbón autóctono tiene que seguir formando parte del mix energético», ha defendido esta portavoz. Para ella, «hay que alargar el funcionamiento de la Central Térmica de Andorra lo máximo posible». «Nadie analiza porque la multinacional decide no hacer la inversión», ha defendido.
La socialista Julia Vicente ha recordado que «la diversificación de la economía en las Cuencas Mineras ocupa y preocupa» a su grupo parlamentario. «La inacción e incumplimientos reiterados del anterior Gobierno de España se ha sufrido en los últimos años», ha criticado esta portavoz. Para ella, «hay que contrarrestar la situación con trabajo e ilusión unido al apoyo que brinda el actual Ejecutivo autonómico», ejemplificado, según el ejemplo de Vicente, en la elevación de aguas a Andorra.
«Ha dicho que lo importante es que tengamos una base común, pero en estas Cortes no existe», ha descrito en su intervención Berta Zapater, portavoz del PAR. Para ella, se «parte de la base de que la ministra no tiene en su opción política la continuidad del carbón», una posición contraria, según ha explicado esta parlamentaria, a la expresada por su formación, que sí es favorable. «El Gobierno de Aragón no se está planteando en estos momentos que Endesa haga inversiones para continuar hasta 2030», ha criticado.
Por parte de Ciudadanos, Javier Martínez ha considerado que la comparecencia es «una expiación de culpas de aquellos que no han hecho nada en cuatro años», refiriéndose expresamente a Podemos. «Los adalides del medio ambiente a cualquier precio y de acabar con el carbón a cualquier precio, si en lugar de atacar al Gobierno, se hubieran sentado a trabajar, sería cosa de otro cantar», ha razonado en este mismo sentido de crítica hacia la formación proponente.
Desde el Grupo Mixto, la parlamentaria Patricia Luquin, representante del Grupo Mixto en esta Comisión, ha pedido «un plus de responsabilidad al Gobierno de Aragón y de España». «Vehemencia y capacidad para dar una alternativa a las cuencas mineras», ha reclamado a ambos ejecutivos. En opinión de esta parlamentaria, «no es fácil traer empresas que vertebren y den alternativas a la zona en un momento en el que el tiempo corre en contra».
