La farmacéutica alcorisana se benefició de fondos mineros, del Fite y de respaldo de Suma Teruel
Las reacciones a la polémica por el caso de venta fraudulenta de fármacos desde Alcorisa a al menos 9 países no se han hecho esperar; especialmente por su vinculación a fondos públicos. El Gobierno de Aragón se mostró ayer preocupado y defendió la intervención de las administraciones en el proceso y control de ayudas públicas. «Cuando existe un problema hay que intentar solucionarlo actuando, que es lo que está haciendo la Guardia Civil. También tendrá que actuar la Justicia y, desde luego, la Administración. Habrá que repasar cómo se dieron esas ayudas y, a ser posible, solicitar su reintegro si desde el punto de vista jurídico y legal lo podemos hacer», dijo ayer el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en Zaragoza.
Esta farmacéutica Defabar ha recibido varias subvenciones públicas para asentarse en el Bajo Aragón en los últimos años. Concretamente, se ha beneficiado de 133.601 euros de los Fondos Miner que se le pagaron en 2014 tras justificar inversión y empleos y de 70.189 del Fondo de Inversiones de Teruel de 2011. Asimismo, consiguió una rebaja importante en el precio del suelo, que pagó a cuatro euros el metro cuadrado, cuando el precio estaba en unos 15 euros.
Por un lado, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ya ha notificado la situación de la farmacéutica al Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) con el objetivo de dar a conocer la circunstancia y estudiar si pudiese existir algún incumplimento que diera lugar a la reclamación de la ayuda del Miner, pese a que el expediente está cerrado desde hace tiempo. La subvención se pagó a la empresa el 1 de abril de 2014, después de que los técnicos de ambos organismos confirmaran la inversión y los empleos. En ese momento, ya se detectó una merma en la inversión prevista. Defabar había presentado un proyecto de inversión de más de un millón de euros pero, finalmente, sólo justificó 560.380 euros.
En lo que respecta al FITE, desde el departamento de Industria del Gobierno de Aragón reconocen que la ayuda concedida correspondía a la línea de proyecto de I+D+i del año 2011 y que la farmacéutica justificó la inversión realizada (297.981 euros) a través de una auditoría externa.
Pero los fondos públicos no sólo llegaron a Defabar en forma de subvención directa. También recibió apoyo de Suma Teruel, una sociedad para la promoción y desarrollo empresarial de la provincia con representación del Gobierno de Aragón, Sepi Desarrollo Empresarial S. A., la Caja Rural de Teruel, Ibercaja y CAI. Aportó el 31,98% del capital inicial, 124.756 euros. Esta inyección económica venía ligada a un pacto de recompra por parte de los dos socios de la farmacéutica alcorisana en cinco años. Es por este pacto por lo que Suma Teruel no estaba en los Consejos de Administración de la empresa.
Cabe destacar que Defabar realizó cuatro ampliaciones de capital hasta el año 2013 en las que SUMA no participó, por lo que se fue diluyendo su participación hasta el 15,56%.
En junio de 2015, pasados cinco años, Suma Teruel transfirió sus acciones a los socios de Defabar. Al no percibir el dinero correspondiente a estos títulos, la sociedad turolense acudió a los tribunales en octubre y presentó ante el Juzgado de Teruel una reclamación judicial.
No es la única reclamación judicial que Suma Teruel ha interpuestos contra Defabar. En 2012 concedió un préstamo participativo de 90.000 euros a cinco años también a la farmacéutica que tampoco se ha cumplido. En este caso, la reclamación asciende a 115.622,21 euros incluyendo los intereses.
Fuentes consultadas de Suma Teruel aseguraron que hace al menos cinco años que dieron la empresa y el capital invertidos «por perdidos». Insistieron en que, aunque la quiebra de empresas y operaciones fallidas es habitual (más de 150 solo en Teruel) nadie podía imaginar este final vinculado al fraude. En todo caso, Suma Teruel sigue trabajando en el respaldo a empresas de la provincia, en la actualidad sobre todo con créditos participativos.
