El Gobierno de Aragón ha redefinido, a través de un Decreto Ley, al que este miércoles ha dado el visto bueno el Consejo de Gobierno, toda la manera de actuar de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales para que, sin perder seguridad jurídica, puedan actuar con urgencia y hacer frente a todas las necesidades sanitarias y sociales que se derivan de la pandemia del Covid-19.
La agilización de los procesos administrativos, la capacidad de ampliar créditos, de reordenar al personal en función de las nuevas necesidades, la competencia para contratar con inmediatez bienes y servicios, o la determinación del carácter esencial de la cadena alimentaria son solo algunas de las cuestiones que se regulan en el Decreto Ley de Medidas Urgentes que ha aprobado este miércoles el Gobierno de Aragón.
El nuevo Decreto Ley, que se dicta para complementar y adaptar en la Comunidad Aragonesa el Real Decreto de 14 de marzo que establece el estado de alarma, aglutina en diez capítulos, además de uno preliminar, las normas que persiguen la movilización de todos los recursos que tiene la Administración pública, así como las medidas indispensables y excepcionales para hacer frente a la emergencia sociosanitaria con el objetivo de abarcar toda la casuística que se produzca.
Este Decreto Ley constituye una reestructuración integral de la Administración, que se dota de las herramientas necesarias para actuar con la agilidad y optimizar todos los recursos en un momento de gasto creciente y marcada caída de los ingresos y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
Enhorabuena, solo os ha costado 11 días de Estado de Alamar.
Menudos gobernantes.