La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha anunciado este lunes en las Cortes que el Gobierno de Aragón trasladará al Gobierno Central un informe sobre el impacto de las bonificaciones europeas a las zonas despobladas al ser interpelada por la diputada del PP Mar Vaquero sobre la bonificación del 20% de los costes laborales en zonas despobladas y la inclusión de las comarcas aragonesas en estos territorios designados por la Comisión Europea. El informe, según Pérez, encargado junto a los gobiernos de Castilla y León y Castilla La Mancha explica el impacto de las bonificaciones y se trasladará a Madrid para determinar los siguientes pasos que se deben dar. La consejera de Presidencia ha afirmado que se está trabajando conjuntamente con los otros ejecutivos autonómicos implicados para que el reflejo de estas bonificaciones en los presupuestos «se haga realidad cuanto antes».
Por su parte, la diputada popular ha considerado que solo hace falta «voluntad política» para que el Gobierno central incluya esta medida en los Presupuestos Generales del Estado, y ha querido saber qué está haciendo el Ejecutivo autonómico al respecto.
En su segunda pregunta, Mar Vaquero ha incidido en la inclusión de las comarcas aragonesas que cumplen los requisitos, entre las beneficiarias de las ayudas establecidas en las Directrices europeas, en el periodo 2022-2027. Vaquero ha asegurado que estas directrices permiten modificar el mapa de las ayudas para poder beneficiar a las comarcas aragonesas «más allá de las ya señaladas».
Mayte Pérez ha insistido en que no se puede modificar ningún mapa de ayudas, y que el Gobierno de Aragón «ha conseguido que Europa autorice a los estados miembros, a las tres provincias –Teruel, Cuenca y Soria- y a las denominadas «zonas limítrofes». La consejera ha explicado que el Ejecutivo ha trasladado una cuestión a la Comisión para que aclare este último concepto de limitación territorial.
La medida ya fue autorizada el pasado mes de abril por la Unión Europea después de años de lucha de la Red SSESPA, pero el Gobierno central debe aprobar el régimen jurídico de aplicación adaptado a la legislación española para que entre en vigor. Por ello, precisamente el viernes los empresarios reclamaron apoyo social para reclamar la aplicación de rebajas fiscales en el medio rural. «Nos va la vida en ello». Así de rotundo se mostró el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (Foes), Santiago Aparicio, al reclamar rebajas fiscales hasta el 20% para las industrias implantadas en el medio rural con el fin de evitar la desertización del territorio en los próximos años. Junto con Foes Soria, las Confederaciones de Empresarios de Teruel y Cuenca hicieron balance de sus ocho años de trabajo como entidades fundadoras del lobby europeo Red Sspa y lamentaron que cinco meses después de que Europa aprobara ayudas para las tres provincias vía reducción de impuestos, la solución no se ha hecho efectiva.
