DGA ya ha enviado el convenio de transición justa de Andorra al MITECO tras analizarlo

La Villa Minera sigue esperando el convenio de transición justa anunciado hace ya casi cuatro años por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su visita a Andorra. Ese documento, que iba a ser el primero que se firmara en los territorios afectados por el fin de la minería, sigue sin ser una realidad y sin conocerse fecha concreta para su firma ni su contenido real cuando ya han pasado casi dos años y medio desde el cierre de la Central Térmica. El convenio que iba a «buscar soluciones de futuro con los agentes del territorio para mantener la actividad y el empleo en las zonas de transición» ya llega muy tarde y tampoco se sabe en qué va a consistir más allá de su ámbito de actuación: los nueve municipios de la comarca de Andorra Sierra de Arcos, Foz-Calanda y Alcorisa.

En febrero de 2020 se celebró una jornada técnica en Andorra con 80 agentes sociales para la presentación del proceso de participación ciudadana a partir del que se iba a elaborar el convenio para Aragón y se anunció que el texto definitivo podría retrasarse hasta octubre de ese año. Dos años y medio después aún sigue sin firmarse. En el proceso de participación se presentaron 82 proyectos e iniciativas muy variadas que siguen en el limbo.

Lo único real por el momento es el concurso del nudo Mudéjar, que se ha adjudicado provisionalmente a Endesa y que debe unir la apuesta por la producción de energías renovables con un plan de acompañamiento que es la gran esperanza de la localidad.

El Gobierno de Aragón recibió hace unos meses el borrador del convenio ya que parte de la financiación de este plan debe salir de las arcas autonómicas y, una vez analizado, ya se remitió al Ministerio para que siguiera su tramitación (aún debe ir a Bruselas). Desde la consejería de Industria aseguran que hasta que no haya un documento definitivo no se hará una valoración sobre el convenio.

En la Comisión de Seguimiento del «Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios», presidida el viernes 21 por la secretaría de Estado de Energía, Sara Aagesen, y la directora general de Trabajo, Verónica Martínez; junto con la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, tampoco se aportó más información pese a que el objetivo era «analizar el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos». En la nota de prensa con la que informó el Ministerio se limita a decir que desde el Instituto para la Transición Justa se están «implementando» los convenios para las comarcas afectadas por el cierre de las térmicas aunque sin aportar más información.

Los únicos datos que se ofrecieron fueron de los trabajadores. De las quince centrales térmicas de carbón que forman parte de este acuerdo, diez se encuentran en proceso de desmantelamiento (una ha recibido recientemente la autorización de cierre) y las últimas permanecerán activas hasta que puedan ser cerradas con criterios de seguridad de la red. Son 2.740 los trabajadores afectados tanto directos como de empresas auxiliares. Un 55% del total se inscribieron en la bolsa de empleo del Instituto para la Transición Justa y más del 80% de trabajadores las centrales que ya están en desmantelamiento están actualmente empleados (no se concreta en qué sector).

Según datos facilitados por Endesa a este medio, la eléctrica cuenta ahora con 503 trabajadores en Andorra: 320 en el desmantelamiento de la Térmica y 183 en la planta fotovoltaica que está construyendo. Del total, 178 trabajadores son locales.

Las empresas han realizado cursos de formación en las zonas mineras centrados en el desmantelamiento y en instalaciones de plantas de energías renovables (fotovoltaica, eólica y gas renovable) y en la rehabilitación energética de edificios. Han recibido formación el 48% de los trabajadores de centrales en desmantelamiento. Por otro lado, las actividades de formación de las empresas se han desarrollado también para colectivos de desempleados más amplios localizados en las zonas afectadas. En total se han formado 829 personas con 13.760 horas impartidas.

Tampoco se hace mención en su comunicado el Ministerio a proyectos concretos en las zonas mineras. Asegura que según la información analizada en el seno de la Comisión, «casi la totalidad de los emplazamientos son destino de proyectos alternativos de calado, además de otras iniciativas con diferentes niveles de maduración que dan idea de la nueva actividad económica que puede surgir en las zonas afectadas por los cierres» aunque no ofrece números concretos ni cita los nombres de los proyectos.

Para el Ministerio, todas las centrales, incluso las que no tienen cierres programados a corto plazo, los proyectos planteados significan un aumento de los empleos frente a los generados por las centrales de carbón «a largo plazo». Asegura que se trata de proyectos «en distinto estado de maduración» pero en un estado de desarrollo activo por lo que, aunque hay que tomar las cifras con cautela, las perspectivas generales son optimistas. Adicionalmente -apunta- en once de las centrales, las empresas titulares proponen nuevos proyectos energéticos que generarían un número importante de puestos de trabajo de carácter temporal en su fase de construcción. «Tenemos un compromiso con los trabajadores y con los nuevos proyectos de las zonas de transición justa, cuyos avances estamos midiendo de manera objetiva. Necesitamos buenos proyectos en todos y cada uno de los emplazamientos y así se lo hemos planteado a las empresas. En cuanto a la recualificación y el acompañamiento de los trabajadores hacia nuevos empleos en instalaciones energéticas renovables, necesitamos optimizar las capacidades y las posibilidades de todos los actores», afirmó la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, al término de la reunión.

Además de las citadas Aagesen, Martínez y Martín; también participó en la comisión por parte del Gobierno en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el jefe de Servicio de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, Marcos Escudero Olano.

CCOO y UGT «positivos»

CCOO de Industria y UGT FICA emitieron una nota de prensa conjunta en la que valoraron «positivamente» la Comisión de Seguimiento aunque entienden que «hay capacidad de mejora». «Hemos instado a los firmantes del acuerdo que sigamos trabajando con la misma intensidad para que se materialicen todos los nuevos proyectos que garanticen el mantenimiento de la industria, el empleo y riqueza de estos territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón», afirmaron.

La representación sindical correspondió a Rogelio González Holguin, responsable de Generación y Jesús Crespo Torres, responsable del sector de la energía de CCOO Industria; y Gustavo Vargas Sánchez y José Antonio López Navarro, secretario general de la Sección Sindical de UGT FICA de Iberdrola.

Las empresas titulares de las centrales estuvieron representadas por Ana Paula Marqués, CEO de EDP y Santiago Bordiú, director de Regulación. Por parte de Endesa asistieron José Casas, director general de Relaciones Institucionales y Regulación y Rafael González director general de Generación. Representando a Iberdrola estuvo Mario Ruíz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España y Gerardo Sahelices, responsable de Carbón y Desmantelamientos. Por parte de Naturgy participaron Luis Zarauza, director general de Generación Convencional y Luis Mijares, responsable de Desmantelamiento.