Una amplia representación de diputados y senadores aragoneses se han reunido con las principales organizaciones agrarias para escuchar sus demandas y mostrar el apoyo a sus reivindicaciones.
«Queremos escucharles y transmitirles que estamos a su lado a la hora de intentar poner solución a sus problemas y compartimos sus reivindicaciones. Tenemos que atajar ya la crisis que están viviendo tanto los agricultores como los ganaderos, fundamentalmente debido a los precios del sector», ha explicado la diputada, Susana Sumelzo.
En una nota de prensa ha añadido que hay que hablar con las industrias agroalimentarias y también con la cadena de distribución. «Vamos a intentar ayudarles, siempre desde la honestidad. Hay muchísima gente que vive de la agricultura y de la ganadería y lo que espera de un gobierno honesto son soluciones honestas sin utilizarlos de forma partidista».
Por su parte, el senador Miguel Dalmau ha puesto de manifiesto el compromiso de los diputados y senadores aragoneses para buscar solución a un problema «que no es nuevo, que viene de atrás y el gobierno está comprometido con buscar una solución justa».
Dalmau ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez «va a ser cómplice con las asociaciones agrarias, en definitiva, con los agricultores y ganaderos para solucionar esta situación».
Ambos han explicado que el Ejecutivo ha anunciado ya un paquete de medidas, entre ellas importantes modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria que refuercen la posición de los productores. También ha propuesto que, los próximos Presupuestos Generales del Estado, incrementen la dotación pública vinculada a los seguros agrarios ante las inclemencias climáticas.
Aunque se trata de un problema que viene de atrás, el de Pedro Sánchez es un gobierno sensible a las demandas e inquietudes de los ciudadanos y está decidido a actuar y a tomar medidas para paliar sus efectos, porque afrontar con seriedad y rigor los problemas y buscarle soluciones es lo que va a hacer este gobierno realmente comprometido con el campo y con las familias que viven en él.
En la reunión han estado presentes las diputadas por Zaragoza, Susana Sumelzo y Noemí Villagrasa; por Huesca, Alfredo Sancho; y por Teruel, Hermino Sancho, así como los senadores Miguel Dalmau y Ana Isabel Villar, además de la diputada y portavoz de Agricultura en las Cortes de Aragón, Silvia Gimeno. Por parte de las organizaciones agrarias han asistido José María Alcubierre, de UAGA; José Manuel Roche, de UPA; y Emilia Guillén, de Asaja.
Arranque de legislatura
Los diputados y senadores aragoneses también han hecho un balance del inicio de esta legislatura que han comenzado con «mucha ilusión y a disposición de todos los aragoneses y todos los españoles». Además, han repasado algunas de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha.
«Hemos arrancado esta legislatura subiendo el salario de los empleados públicos un 2%, incrementando las pensiones un 0,9% y elevando el salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros. En campaña, los socialistas nos comprometimos con los ciudadanos y ahora que estamos gobernando cumplimos con nuestra palabra», ha recordado Sumelzo.
La diputada aragonesa también ha hecho balance de la actividad parlamentaria de la semana destacando la importancia de la Ley de Eutanasia, que ha comenzado ya su tramitación, después de que el pleno del Congreso de los Diputados le diera luz verde el pasado martes.
«Es la tercera vez que esta ley va al parlamento y, por fin, ha salido adelante. Frente las críticas de la ultraderecha, que ha hecho manifestaciones inadmisibles sobre el supuesto ahorro de costes que persigue el Gobierno con esta medida, los socialistas hemos afrontado con valentía la regulación del derecho a morir dignamente», ha incidido.
La Ley de Eutanasia quiere regular el derecho individual de las personas que sufren una enfermedad grave, crónica o invalidante que produce sufrimiento insoportable y que han decidido solicitar y recibir la ayuda para morir anticipadamente. Da seguridad jurídica a los profesionales que participan y regula la objeción de conciencia.
El objetivo de los socialistas es otorgar todas las garantías éticas y jurídicas para asegurar que la decisión de la persona que solicita la eutanasia es autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo, y no debida a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales, o familiares para afrontar la situación.
