De la violencia de género en el medio rural turolense se habló ayer en las Cortes de Aragón en el marco de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario del Estatuto de las Mujeres Rurales. La diputada del servicio de Igualdad, Beatriz Redón, expuso el estudio ‘Análisis de la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la zona rural de Teruel’. Lo hizo junto a Maribel Abril, gerente de INVESOCIAL, empresa que lo ha elaborado con el objetivo de «valorar con rigor técnico y sensibilidad social la aplicación de la Ley aprobada en 2004, especialmente en el contexto rural y en la provincia de Teruel que tiene unas peculiaridades muy concretas». Estas están condicionadas por la gran dispersión poblacional, la difícil orografía, el elevado grado de envejecimiento y la grave problemática de la despoblación».
Aseguran que el estudio pone de manifiesto que la respuesta a la violencia de género debe adaptarse a la especificidad del mundo rural y para ello se proponen 15 propuestas de mejora. Entre ellos, se habla de descentralizar los recursos con centros de atención integral en comarcas rurales y servicios itinerantes que aseguren el acceso a apoyo jurídico, psicológico y socia. También habría que reforzar la coordinación interinstitucional mediante protocolos más ágiles y mesas de trabajo comarcales permanentes.
Además, también se contempla asegurar una formación continua y obligatoria del personal que trabaja en la atención a las víctimas, evitando la revictimización y mejorando la eficacia de la intervención. Se pone de manifiesto la necesidad de incorporar campañas de sensibilización específicas para el medio rural, diseñadas con perspectiva comunitaria, que combatan el estigma social, impulsen la corresponsabilidad y favorezcan un entorno protector para las mujeres y sus hijos.
Otro de los puntos es promover itinerarios de empoderamiento real para las víctimas, facilitando el acceso a empleo, vivienda y atención psicológica; potenciar la prevención desde la etapa educativa incorporando programas de igualdad en edades tempranas y actuando frente a las nuevas formas de violencia que emergen en entornos digitales y redes sociales. También establecer mecanismos de revisión legislativa periódica que permitan adaptar la normativa a los cambios sociales y tecnológicos, incluyendo expresamente la ciberviolencia y otras formas emergentes de violencia no recogidas en la ley.
Redón cerró con una interpelación en la que aseguró que las «las mujeres del medio rural no pueden seguir enfrentándose solas a barreras que, en la práctica, limitan sus derechos». Invitó a las instituciones a asumir la responsabilidad de garantizar que la ley llegue a todas, vivan donde vivan. «Les invito a que las conclusiones de este estudio orienten futuras estrategias autonómicas y el fortalecimiento de los recursos comarcales. Solo con voluntad política, compromiso institucional y acción coordinada será posible garantizar una respuesta efectiva, equitativa y transformadora».
Es difícil son otras culturas y la sari a es una ley que cumplen.
En efecto. Creo que por la mente de estas dos ponentes en ningún momento han pensado en que se puedan aplicar e implementar medidas de ese tipo (que por otra parte son difusas e insustanciales) contraviniendo la sharía, que sí discrimina a la mujer con respecto al varón y la convierte en víctima propiciatoria. Ah, ya. Que es una cuestión cultural ¿no? Y esa cultura ¿ respeta la nuestra o exige que en muchos aspectos sea la nuestra la que se adapte a ellos para que no se sientan ofendidos en sus convicciones, sobre todo religiosas? Me refiero concretamente no ya a la obligación de uso del velo, sari, o burka, sino a la adaptación, con carácter general y para todos los alumnos, de los menús escolares, eliminando aquellos alimentos que su religión no les permite consumir, la supresión o intento de supresión de simbología cristiana que también les pueda ofender, con la aquiescencia de los que tienen la potestad de negar o conceder . Por eso, esas medidas de las respetables ponentes en cuanto a la violencia contra la mujer, si únicamente se dirigen a la población rural turolense española, son discriminatorias para el conjunto de mujeres que aquí residen, motivo por el cual ,y dejando a un lado los otros aspectos «culturales» mencionados, me parece una disertación y propuesta insustancial, no pluralista, que no llega al verdadero problema y se debería catalogar como ¿ vendehumos ? .