La Diputación de Teruel ha presentado este martes su Plan de Gestión de Residuos domésticos para la provincia. Una iniciativa que se va a desarrollar desde este 2023 hasta el próximo 2030 y que buscará cumplir con la directiva europea en materia de recogida y valorización de residuos. El estudio realizado por Imedes Consultoría Ambiental -una empresa independiente especializada en la gestión de residuos urbanos-, contempla hasta tres soluciones para resolver los problemas de la provincia de Teruel en materia de gestión de residuos urbanos.
Por un lado, la instalación de una planta de valorización y eliminación de residuos en el centro de masas -es decir, poblacional y de generación de residuos- de la provincia. La segunda alternativa pasaría por la creación de dos instalaciones de valorización y eliminación de residuos coincidentes con las dos actuales instalaciones de eliminación de residuos, es decir, los dos vertederos que se ubican en la provincia de Teruel. La tercera opción, que sería una medida provisional, sería el traslado de los residuos recogidos a instalaciones que se encuentran fuera de la provincia de Teruel. De esta manera, los desperdicios pertenecientes al Consorcio número siete serían llevados a las instalaciones del CTRUZ, en Zaragoza, y los dependientes del Consorcio número ocho se conducirían a Castellón.
Los siguientes pasos a seguir de cara a ese horizonte 2030 son el estudio económico y de impacto de las tres opciones y la elección, con el consenso de las entidades locales, la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón, de una de estas tres opciones.
Dos objetivos estratégicos
Este plan, que ha sido presentado a los representantes de las diferentes comarcas y entidades locales, nace con dos objetivos estratégicos: por un lado, dotar a la provincia de Teruel de una planificación en materia de residuos que contribuya al cumplimiento normativo en materia de residuos domésticos y también permita fijar población, atraer inversiones y generar riqueza.
El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha defendido que «estamos incumpliendo la ley», ya que la normativa «obliga a las entidades locales a valorizar». «Las sanciones ya son superiores al coste de gestión de los vertederos y además van a incrementarse», apuntaba.
«La Diputación es quien menor capacidad de actuar tiene en este sentido, pero como ayuntamiento de ayuntamientos queremos mediar y ayudar a consensuar la mejor forma de afrontar esto tanto en materia ambiental como económica», sentenciaba.
La iniciativa también está dotada de varios objetivos operativos, como por ejemplo conocer el estado actual de la gestión de los residuos domésticos; disponer de una planificación propia en esta materia; proponer medidas coordinadas para la mejora de la recogida de residuos domésticos para las distintas entidades locales; diseñar una red de infraestructuras de almacenamiento y valorización de residuos que den cumplimiento a las obligaciones normativas; o definir un modelo tributario asociado a la gestión de residuos domésticos.
Competencia de las entidades locales
Según la normativa vigente, son competencias de las entidades locales la recogida, la recogida selectiva, el transporte, la valorización en instalaciones de tratamiento y la adecuada eliminación. Desde 2022 además es obligación de las entidades locales la recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y disponer de una red de recogida suficiente que debe incluir puntos limpios de forma independiente o asociada.
En el pasado año 2022, los últimos datos disponibles, en toda la provincia se recogieron 51.981.568 kilogramos de residuos. En recogida selectiva, 2.583.638 kilogramos correspondieron a envases ligeros; 2.177.671 kilogramos se recogieron de papel y cartón; 2.332.840 kilogramos se recogieron de vidrio; 1.998.580 kilogramos correspondieron a residuos voluminosos y 1.178.700 kilogramos de residuos se recogieron en los puntos limpios. En total, la recogida separada en la provincia se sitúa en el 16%.
