La Diputación de Teruel, en coordinación con los consorcios 7 y 8 y el Gobierno de Aragón, diseña las bases con las que licitar un estudio que analice el actual tratamiento de los residuos en la provincia y proponga un nuevo modelo de gestión que responda a las directivas europeas y tenga un enfoque global en el conjunto del territorio.
El objetivo de esta acción es abordar el diseño técnico utilizando las mejores técnicas disponibles, estudiar las distintas alternativas de gestión, acometer la adaptación a las normativas que exige la Unión Europea y sentar las bases de la colaboración entre los dos consorcios, buscando sinergias entre ambos en aras de la eficiencia y eficacia. Los primeros pasos se han consensuado ya en una serie de reuniones en las que el presidente Manuel Rando y la diputada Ana Cris Lahoz, compartieron impresiones con los presidentes de los consorcios de las Agrupaciones 7 y 8 que aglutinan a todas las comarcas de la provincia, Aitor Clemente y Samuel Morón, y representantes del Gobierno de Aragón.
La institución provincial ha incluido en el Presupuesto 2022 una partida de 170.000 euros para la puesta en marcha de un proyecto provincial que cumpla las disposiciones que sobre el tratamiento de residuos marca la Unión Europea. «Queremos empezar a construir el futuro en un asunto que implica directamente a los ayuntamientos. Aunque no es nuestra competencia, daremos cobertura económica para acciones que afectan directamente al conjunto de la provincia, unir fuerzas con los consorcios y dar una solución global», dijo Rando. Según señaló, fueron los propios presidentes de los consorcios de la provincia quienes pidieron que la DPT «encabezase el estudio frente al impacto que ya tienen las nuevas y exigentes normativas europeas». En el estudio que se va a licitar deben aparecer, partiendo de la situación actual, todas las posibilidades de gestión «para poder elegir la que mejor se adapta a nuestra realidad como provincia».
Algunos aspectos a tener en cuenta
Tanto la DPT como los consorcios pusieron en valor que la provincia de Teruel se está convirtiendo en un referente en bioeconomía circular. Con este proyecto se busca la ejemplaridad, como pioneros ante el reto de la de gestión de residuos domésticos, convirtiendo la gestión de los mismos en una oportunidad para crear empleo, generar economía, minimizar al máximo la cantidad de residuos que termina en un vertedero y, por contra, extraer el máximo provecho de ellos. Ante unas normativas europeas muy claras que marcan la temporalidad y los porcentajes de reciclado que se deben cumplir, el cambio de modelo ha sido considerado como imprescindible. «Debe ser un enfoque para toda la provincia que minimice costes y optimice instalaciones, con las tecnologías más eficientes y eficaces y generando sinergias con otras empresas fomentando la colaboración público-privada», señaló Rando antes de precisar que el objetivo es «hacerlo bien y al menor coste posible».
También es necesario diseñar una gestión más eficiente de la materia orgánica adaptada a la realidad física del territorio turolense, con baja densidad de población, dispersa y, por tanto, con grandes distancias de transporte. El proyecto pretende analizar las mejores alternativas para poder tratar la materia orgánica en proximidad, basada en el principio de recogida en origen, y buscar alianzas con industrias que tienen en la materia orgánica un producto necesario en su proceso productivo. Estas sinergias público-privadas son fundamentales para asegurar una circularidad en la economía y es extensible a otro tipo de residuos como el plástico, el cartón o los de la construcción.
Para la DPT, uno de los cometidos más importantes que deberá llevar a cabo el adjudicatario del estudio será el plantear un mecanismo con el que informar y comunicar a los ciudadanos afectados las medidas del nuevo plan de residuos o las infraestructuras planteadas. Así, se propondrá la realización de programas específicos de información, sensibilización y concienciación ciudadana, aspecto fundamental para alcanzar una gestión adecuada. El objetivo es que toda la población conozca cómo se debe gestionar los residuos y cuál es el plan para su provincia, incluso con el diseño de programas de divulgación específicos para colegios.
Ante los representantes de los dos consorcios, con quienes se han mantenido varias reuniones, la actitud de la DPT ha sido de herramienta a disposición de las entidades competentes «para dar un salto importante y necesario en la gestión de residuos en la provincia». En este sentido, el consenso alcanzado es total: coinciden en la necesidad de avanzar y de hacerlo unidos.
Aparte de las propuestas sobre cómo gestionar los residuos y la diferencia respecto a los tratamientos actuales, tendrán importancia los aspectos jurídicos que se deben tener en cuenta al desarrollar el nuevo plan, qué tipo de infraestructuras y con qué equipamiento serían necesarias para llevar a cabo la gestión más adecuada posible a los requerimientos de la Unión Europea y la memoria económica de todo este desarrollo.
Una vez el estudio esté licitado, se pretende crear una comisión de seguimiento del mismo junto a los consorcios y con la colaboración del Gobierno de Aragón.
