La Diputación de Teruel va a convocar un Pleno extraordinario y urgente el próximo jueves 13 de agosto para aprobar las condiciones del reparto del superávit del 2019, una vez que el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, permite su uso para inversiones financieramente sostenibles.
Así lo trasladaron ayer el presidente de la institución, Manuel Rando, y el vicepresidente, Alberto Izquierdo, a los portavoces de los diferentes grupos políticos en una junta extraordinaria en la que el equipo de gobierno puso de manifiesto su interés para que los ayuntamientos puedan contar con más liquidez lo más rápido posible.
En el pleno se pretende modificar el presupuesto para incorporar el superávit de 2019 de 10,5 millones de euros y aprobar las condiciones de la convocatoria del Fondo de Inversiones Municipales Sostenibles (FIMS) 2020, al que se dedicarán 10 millones, 4,6 más que el año anterior.
Con el visto bueno del pleno del jueves, la Diputación de Teruel pondrá en marcha el proceso de concesión del FIMS tan solo ocho días después de la aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto-ley que autoriza su uso. Las inversiones en los municipios a través del FIMS suponen el 90% del superávit de la Diputación. El fondo será repartido a partir de criterios técnicos y objetivos que tienen en cuenta el número de habitantes (población) y el número de núcleos de población que tiene cada municipio (pedanías, entes locales menores). El resto del superávit de 2019 servirá para que la propia institución provincial lleve a cabo otras actuaciones financieramente sostenibles. Se van a destinar 150.000 euros para obras de reforma en la Colonia Polster en Alcalá de la Selva y 35.000 para arreglar desperfectos en el edificio del antiguo cuartel Comandante Aguado, en la capital de la provincia. Además se van a dedicar 300.000 euros para redactar proyectos de remodelación de carreteras y otros 93.000 euros para hacer frente a las necesidades que ha generado el covid-19 en la actividad de la Diputación.
De momento el equipo de gobierno de la Diputación de Teruel ha elegido esta vía para utilizar sus ahorros, y no la cesión de la totalidad del remanente a la Administración General del Estado, atendiendo a la particular situación financiera de la institución y a la apuesta por continuar con una serie de medidas que se han iniciado en este ejercicio para utilizar el remanente. Se trata del adelanto de más de 22 millones que se van a recaudar con los tributos o el aumento en un 88% del dinero disponible en la caja de cooperación. Se ha tenido en cuenta, además, el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, que en la institución provincial está en un tercio de los días que permite la ley.
«El FIMS supone una ayuda fundamental para todos los municipios de la provincia», subrayaron los representantes de la DPT. Este año, como novedad el Real Decreto-ley permite que el FIMS pueda utilizarse para reducir la deuda. Como cada convocatoria, los municipios pueden ejecutar una amplia variedad de obras relacionadas con la mejora de vías públicas, alcantarillado, saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público, parques y jardines, bibliotecas y archivos, equipamientos culturales y museos, protección del patrimonio histórico-artístico o instalaciones deportivas, entre una larga lista de obras que se consideran «sostenibles», fundamentales y necesarias para los municipios.
Los populares se niegan a prestar su remanente
Alcaldes de distintos partidos se citaron este lunes para preparar un manifiesto contra el acuerdo de remanentes de la FEMP que, de momento, solo tiene el rechazo del Partido Popular. El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, anunció que ningún ayuntamiento de su partido entregará «ni un solo euro» de su superávit al Estado para hacer frente a los efectos del coronavirus. Indicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «incapaz de tomar las riendas» de su Ejecutivo, que ha comparado con «el camarote de los hermanos Marx». Los populares ya han amezado también con dejar la FEMP.
El acuerdo sellado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) permite a los municipios invertir su remanente, pero con estrictas condiciones. Los municipios podrán acceder al reparto de un fondo dotado con 5.000 millones de euros con la condición de que presten sus ahorros al Estado. El compromiso del Gobierno central es devolverlos en 10 años desde 2022. Estas condiciones no gustan a nadie y el Congreso de los Diputados podría tumbar el Real Decreto firmado ya que los partidos que ya han avanzado su voto en contra superarían los 176 a favor que el Gobierno necesitaría para apoyar su convalidación. Incluso Podemos podría votar en contra.
