El Ayuntamiento de Alcañiz se reunirá mañana con los afectados por el derrumbe

Guillén afirma que no podrán optar al Plan de Vivienda porque solo incluye casas de 90 m2 y las que destruyó el talud son más grandes

El Ayuntamiento alcañizano al fin se reunirá mañana con la Plataforma de Afectados por el Desprendimiento del cerro Pui Pinos después de casi cinco meses. Los vecinos han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones que quieren respuestas que siguen sin recibir como los motivos del derrumbe, si se podrá volver a construir, de cuánta ayuda económica se dispondrá o cuándo se podrán buscar objetos personales entre los escombros. Han remitido al Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa entre 20 y 30 instancias por registro de entrada de las que no ha recibido respuesta por escrito en ninguna de ellas aunque sí «de forma verbal» a alguna. Actualmente 12 personas aún permanecen fuera de sus casas.

Por su parte, desde el Consistorio aseguran que se ha hecho «todo lo posible» y que hasta el momento son la única administración que ha gastado dinero en la catástrofe. «Estamos pagando desde el primer momento alquileres a todos los afectados y ya hemos tramitado todas las ayudas posibles, ahora tenemos que esperar a ver qué nos dicen desde el Gobierno Central», aseguran desde el equipo de gobierno.

PAR y C»s preguntan en las Cortes

Precisamente, el pasado viernes se debatió sobre el asunto en el pleno de las Cortes de Aragón con dos interpelaciones de PAR y Ciudadanos al consejero de Presidencia, Vicente Guillén. En ambas reiteró lo dicho por DGA en los últimos meses y en la reunión que mantuvo con los vecinos recientemente: el ejecutivo autonómico complementará la ayuda que aporte el Gobierno Central al igual que hizo en la primavera de 2015 con la riada que afectó a la ribera del río Guadalope a su paso por Alcañiz. Además, se intentará que las casas afectadas se incluyan en el nuevo Plan de Vivienda estatal aunque en este caso existe un problema. Las nuevas edificaciones deberían ser de un máximo de 90 metros cuadrados y las casas afectadas por el derrumbe, tal y como apuntó Guillén, eran mucho más grandes «con varias plantas y granero». «Tampoco sabemos si se podrá edificar en el lugar de la catástrofe o no», afirmó. Por su parte, la diputada alcañizana del PAR, Berta Zapater, pidió a Guillén que DGA conceda ayudas concretas con independencia de las que lleguen desde Madrid y que se conceda bonificaciones del ICA o el IRPF. «En el Fondo de Contingencia de 2017 hay 14 millones de los que solo se han gastado dos», apuntó Zapater.

A su vez, Ramiro Domínguez, diputado de Ciudadanos, criticó que las administraciones no están respondiendo en tiempo y forma a las preguntas de los afectados. «Aún no sabemos las causas, si se podrá edificar en el mismo lugar o por qué no pueden acceder a sus enseres», criticó Domínguez.

A la espera de Madrid

Respecto a las ayudas, con el Gobierno Central se trabaja en dos vías. Por un lado, en la dirección general de Protección Civil tramitan ayudas económicas a 14 unidades familiares por daños en viviendas (artículos 15 a 17 del Real Decreto 207/2015) y al Consistorio de Alcañiz por los gastos de emergencias por las actuaciones en la ladera (artículos 21-23 del RD citado anteriormente). En el caso de las unidades familiares, optan a un máximo de 15.000 euros si es vivienda habitual y 3.000 por enseres. También en caso de negocios.
En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero pidió tranquilidad en una reciente visita a Alcañiz porque la tramitación de los expedientes es «lenta» pero aseguró que se ha puesto en contacto con la dirección general y sigue su curso correctamente. «Hay que requerir información a cada familia, ver si es vivienda habitual, si tienen una renta determinada, número de afectados, informe del Ayuntamiento, peritos...», explicó el Subdelegado, quien recordó que la misma semana del derrumbe se estableció una oficina en Alcañiz para comenzar con estas tramitaciones. De hecho, a mediados de octubre se firmó en el Ayuntamiento un expediente debido a que ha habido que realizar correcciones de los informes de los vecinos por datos que «no cuadraban».

Por otro lado, existe una figura que es la que desde 2015 sustituye a la de declaración de zona catastrófica y es la de «zona especialmente afectada por una emergencia de Protección Civil». Este trámite también se ha realizado porque abriría la puerta a un espectro de ayudas más amplio aunque el proceso es más lento (bonificaciones en la Seguridad Social, IBI, agencia tributaria...). Debe aprobarlo el Consejo de Ministros y antes prefieren agrupar varios expedientes de catástrofes. Cuando se autoriza no es un caso concreto sino que se unifican varios.