DGA ha abierto el proceso para participar en la redacción del borrador de la futura ley
La futura ley de Memoria Democrática de Aragón prevé declarar el 3 de marzo Día de la Memoria Democrática de Aragón, al ser la fecha en que, en 1938, se produjo el bombardeo de Alcañiz y es «símbolo del sufrimiento que tuvo que soportar la población civil». El borrador del anteproyecto se dio a conocer ayer en el Consejo de Gobierno antes de que comience el proceso de participación. Ahora se abre un proceso de participación en los próximos dos meses dirigido, especialmente, a las asociaciones. El siguiente paso es registrar la ley en las Cortes antes del verano para aprobarlo este año.
El texto contempla la revisión de juicios sumarísimos o exhumaciones puntuales así como penaliza, por ejemplo, a las administraciones por el incumplimiento en materia de retirada de símbolos y elementos franquistas de los espacios públicos. El objetivo es crear «un marco jurídico estable para implementar medidas en materia de memoria democrática para mejorar la convivencia y la calidad de nuestra democracia a través de los valores que le son propios», según expuso el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, quien llamó la atención sobre «la necesidad de desplegar actuaciones» en este ámbito «como consecuencia de la asfixia» a la que el Gobierno de España «ha sometido» a la Ley estatal aprobada en 2007 dotándola con «cero euros».
Se reconocen derechos
El anteproyecto define el concepto legal de víctima, que incluye a las personas desaparecidas, bebés robados, quienes sufrieron privación de libertad o represión, los condenados por tribunales ilegítimos, los exiliados, presos en campos de concentración, guerrilleros y miembros de partidos políticos o sindicatos ilegalizados, así como familiares inmediatos de víctimas directas.
Además, se reconocen derechos, como comprender «la historia de ese pasado traumático desencadenado por el golpe militar de 1936», a investigar lo sucedido con los familiares, la reparación moral a todas las víctimas y el derecho de no repetición.
Esta iniciativa legislativa establece varios instrumentos, como un censo de desaparecidos y víctimas de la guerra civil y el franquismo, la ampliación del mapa de fosas y enterramientos clandestinos, sendos protocolos de exhumaciones de fosas y de muestras de ADN, así como un Plan Estratégico de Memoria Democrática.
También se regulan los símbolos y actos contrarios a la memoria democrática y se prohíbe «de forma absoluta» su exhibición pública, entre otros, placas, escudos, insignias, inscripciones en edificios públicos, que deberán ser retirados o eliminados. Se revisarán las distinciones y títulos honoríficos concedidos a personas vinculadas con el régimen franquista. Se confeccionará un censo de símbolos contrarios a la memoria democrática y las personas físicas o jurídicas, como entidades locales, que los toleren no podrán recibir subvenciones ni ayudas públicas de la comunidad.
Aún quedan vestigios franquistas
En el territorio son varios los municipios a los que afectará esta norma una vez entre en vigor y que han hecho caso omiso a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno central. En Alcañiz se conserva un monolito a Franco en la zona de la Val de Hueso con inscripciones y la plaza principal de Valmuel se llama «del Caudillo». En Valdealgorfa permanece una inscripción con el nombre de los «caídos» franquistas y de José Antonio Primo de Rivera en la Iglesia, al igual que en la Colegiata de Caspe; y en Castelserás aún se pueden ver escudos de la Falange y retratos de su fundador.
Por contra, Valdeltormo cambió recientemente el nombre de cuatro vías que conservaban importantes nombres franquistas: la avenida General Franco (la mitad de la N-420 que atraviesa el municipio), y las calles José Antonio Primo de Rivera, General Mola y General Moscardó.