Los aragonesistas exigen que el reto demográfico se tenga en cuenta en el futuro modelo de financiación autonómica
La diputada del PAR, portavoz en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha presentado este miércoles una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento aragonés, que será debatida en el Pleno de la Cámara y que insta al Gobierno de Aragón a que a su vez inste al Gobierno de España a convocar con urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El texto solicita que el Consejo, en un plazo de tres meses, realice un informe en el que se explique, con certidumbre, el coste de los servicios correspondientes a la España despoblada, y en particular a Aragón.
Los aragonesistas quieren, una vez se conozcan datos reales de estos costes, que se concrete «la creación de un Fondo nacional y europeo para la despoblación» y que el Gobierno de España lo tenga en cuenta a la hora de trabajar en el futuro modelo de financiación autonómica. Así lo ha explicado Elena Allué, quien ha añadido que la propuesta del PAR consta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera valorará si la despoblación, dispersión y envejecimiento son variables que nuestro país debe destacar en la dotación financiera de alguno de los fondos de la Unión Europea y en la creación, incluso, de un fondo para desertización y despoblación.
De la misma manera, el PAR ha recordado que el actual Modelo de financiación de las comunidades autónomas fue aprobado por el CPFF en el 2009, cuya estructura y funcionamiento fue modificada con posterioridad, cubre varios bloques correspondientes tanto a las competencias comunes como a los servicios sociales, como la sanidad, previendo las necesidades de gasto de las comunidades en relación a las distintas variables, y creando diferentes fondos de garantía de servicios. Sin embargo, advierte Elena Allué, «la ponderación de la población en el primer bloque representa más del 90%, en demérito de la superficie, dispersión e insularidad, circunstancia que se ha ido repitiendo desde la creación de la España de las autonomías con postergación de las aspiraciones de diversas CCAA».
Al mismo tiempo Allué ha recordado que la Constitución vigente hizo posible la España de las Autonomías determinando las competencias exclusivas y compartidas del Estado y las Comunidades Autónomas en el Art. 148 y siguientes. Los principios básicos que debían guiar la actuación de unos y otros se concretaba en el Art. 156 «las CCAA gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles».
Abordar la despoblación de inmediato
Con respecto al reto demográfico, el PAR considera que es preciso abordar, desde ahora, un problema «de alcance nacional». En este sentido, destacan que «resulta urgente» perfilar soluciones que puede arbitrarse respecto a la despoblación que «existe en más de la mitad de la superficie de nuestro país» y que tiene «trascendencia en los costes de servicio de educación, sanidad y servicios sociales, con infraestructuras notoriamente insuficientes en muchos casos».
Para el PAR resulta preciso dar al problema de la despoblación toda la trascendencia que tiene y que la financiación de las distintas CCAA afectadas «estuviera asegurado mediante acuerdo formal y especifico del Consejo de política Fiscal y Financiera en el futuro modelo de financiación autonómica».
