Los bomberos pasarán una factura a cada uno de los dos rescatados por valor de 462,69 euros
El rescate de Aguaviva en el que participaron el sábado bomberos, Guardia Civil y Protección Civil ha abierto un debate en Aragón sobre la necesidad de regular el cobro de actuaciones peligrosas provocadas por imprudencias. Dos vecinos de Andorra se saltaron todas las alertas y recomendaciones del 112, los ayuntamientos y la CHE para iniciar un descenso en kayak por el río Bergantes, uno de los más irregulares del territorio. No llevaban ni casco, ni trajes de neopreno, ni protectores. Solo dos chalecos salvavidas. Los dos jóvenes no sólo pusieron en peligro sus vidas, sino también las de las personas que participaron en el operativo de rescate.
«Estas conductas tienen que ser reprochables socialmente, reprochables desde el punto de vista de los gestores de emergencias y, sino existe ahora el mecanismo, prever que lo pudiese haber, y que las sanciones fueran ejemplarizantes». Así aclaró este miércoles la directora General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón y responsables de Emergencias, María Ángeles Júlvez, que la DGA, abrirá un expediente administrativo para determinar la «imprudencia» cometida, tal y como adelantó La COMARCA el miércoles.
Julvez explicó que, actualmente, el 112 gestiona, coordina y actúa en todos los rescates de montaña- ya sean accidentales o por imprudencias- y que en Aragón no se cobran las labores del mismo rescate. «Sólo los gastos sanitarios de traslados». Si que están regularizadas este tipo de «irresponsabilidades» en otras comunidades autónomas como Cataluña, Cantabria o Asturias. En las dos primeras, se estableció en 2009 un sistema de tasas para facturar el salvamento a personas «imprudentes». Asturias se sumó a esta modalidad años más tarde. En todas, una normativa regional diferencia situaciones imprudentes o accidentales. No hacer caso a las señalizaciones y alertas, no llevar el equipamiento adecuado o avisar a los servicios de emergencia cuando no es necesario son algunos de los condicionantes para catalogar un rescate.
La factura de los bomberos
Quien si tiene unas tasas establecidas por ley y que facturará a los rescatados por el operativo es el cuerpo de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel. La factura se ha elaborado en base a una ordenanza sin actualizar desde 1991. La cifra ascenderá finalmente a 462,69 euros, algo más de los 367 euros que estimó La COMARCA en su edición digital el miércoles. En ese cálculo aproximado hay que añadir el kilometraje. Además, se consideraron dos camiones escalera y uno de ellos era camión cisterna (ver factura). Se pasará una factura para cada uno de los rescatados por el mismo importe. Desde la DPT aseguran que no se actualizan las tasas desde 1991 -están en pesetas- porque el objetivo no es «gravar a las personas» que usan este «servicio básico». Defienden que la mayoría de turolenses realizan avisos «con sentido común».
