Una empresa de Peñarroya de Tastavins, en un entramado de facturas falsas para cobrar ayudas

Peñarroya de Tastavins es el domicilio fiscal de un supuesto entramado de facturas falsas, empresas ficticias y simulación de gastos para cobrar subvenciones de la Generalitat valenciana y la catalana por la que la Fiscalía de Valencia pide cuatro años y 10 meses de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, actualmente embajador de España en la OCDE. El morellano está procesado por estafa y falsedad documental por urdir una trama para cobrar ayudas para el fomento del catalán en los medios de comunicación entre 2015 y 2018 como administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. A su socio, el empresario de Vinaròs Juan Enrique Adell, la Fiscalía le pide tres años de prisión.

El escrito de la Fiscal Anticorrupción de Valencia considera que para percibir más subvenciones de las que les correspondían «simularon gastos empresariales utilizando facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integraron con conceptos genéricos y que no constan pagadas a su proveedor». Entre ellas, a cinco supuestos proveedores en Calaceite, Alcañiz y Valderrobres además de las facturas propias. De hecho, las facturas turolenses suman 83.459 euros, el 75% del dinero defraudado según el periódico Heraldo de Aragón.

La fiscalía acusa a los dos encausados de falsedad documental continuada en concurso y de estafa agravada por facturar de forma indebida 110.691,97 euros desde la empresa Mas Mut Produccions y de cobrar fraudulentamente 74.710,75 de Kriol, Canal Maestrat y Nova CB según recoge el periódico valenciano Levante-EMV. Dos de estas empresas se domiciliaron en la misma calle de Peñarroya de Tastavins: la principal sociedad de la trama, Mas Mut Produccions, en un almacén y huerta; y Kriol, en la casa de otro hermano de los Puig, Jorge, que a su vez es administrador de Mas Mut.

En su escrito la Fiscalía hace hincapié en que Mas Mut Produccions es una «empresa ficticia» empleada para pedir subvenciones, por lo que su facturación era una «simulación de gastos, con la única finalidad de obtener subvenciones» que después «no fueron aplicadas a la finalidad para la que fueron convocadas». Destaca también que era una operación de «autofacturación» al ser «una empresa vinculada, creada en 2004, cuyo socio principal es Comunicacions dels Ports S.A. y coinciden también los administradores». También incide en que se declararon varios domicilios de Mas Mut, ya que, tal y como constaba en las bases, las ayudas no se podían cobrar si la empresa desarrollaba su actividad y tenía la sede en Teruel.

Entre otros, la empresa es la editora de un periódico digital y tiene un contrato desde hace varias legislaturas con la Comarca del Matarraña para el periódico quincenal ‘Notícies del Matarranya’, en el que inserta una agenda. El acuerdo se renueva anualmente y la última actualización estuvo en torno a los 15.000 euros, una cantidad unos 3.000 € inferior a la de anteriores firmas. El presidente comarcal, Fernando Camps, explica que el contrato es un «apoyo» a «un periódico gratuito que quincenalmente reciben todos los vecinos en sus casas con información de los pueblos con muy buena acogida».

La Fiscalía hace referencia a que muchos de los archivos de Mas Mut que sostienen la trama son en castellano y también hay repetidos, son genéricos y a veces hasta idénticos según recoge el periódico Heraldo de Aragón. Incluso «duda» de que los contenidos por los que quería facturar las subvenciones los hubiera generado la propia empresa. En su escrito destaca que hay facturas de programas de radio que se domiciliaron en Calaceite sin tener línea telefónica o vídeos de otro canal, Terres de l’Ebre; y que se crearon antes de la fecha que recogen las facturas presentadas por NordTV. «En la mayoría aparece el micrófono de Terres de l'Ebre. En ninguna de las crónicas se observan logotipos correspondientes a Mas Mut o Comunicacions dels Ports, ni en los faldones de las imágenes, ni en micrófonos, ni insertados en las imágenes».

También se justificaron una cuarta parte de los gastos, 25.470 euros, con 29 facturas de un «contrato que no existe» con una empresa de Alcañiz que se dedica al reparto de correo, periódicos y mensajería. Otras cinco son con un proveedor de material de oficina de Valderrobres al que no se le pagó y otras ocho de un total de 5.200 euros, por una colaboración «no acreditada» de la Asociación de Empresarios del Matarraña que se presentaron a los dos gobiernos autonómicos «sin guardar relación con la actividad relacionada». También se incluye el gasto de 1.623 € para una reparación informática con un proveedor de Valderrobres que no era subvencionable y que finalmente no se hizo en esa empresa. Tampoco queda acreditada una factura de 968 euros con un estudio digital de la capital del Matarraña sin que haya contrato ni se acreditaran los servicios.