Las empresas de la provincia de Teruel aumentarán entre un 4,5% y un 8% su competitividad dependiendo del sector cuando se apliquen las ayudas de hasta el 20% de los costes laborales que contempla el borrador de los presupuestos Generales del Estado para 2022 presentado la semana pasada. Se estima que una empresa media con 15 empleados destina 455.000 euros al año a pagar sueldos y cotizaciones de la Seguridad Social y, de esta cifra, podrá descontarse 90.000 euros que mejorarán su competitividad y sus resultados.
Su inclusión es de momento una declaración de intenciones que falta por ver cómo se aplica, con qué presupuesto y por cuánto tiempo una vez se cuente con el documento final de los Presupuestos y que ha ilusionado al sector empresarial. Todas las organizaciones coinciden en que las empresas ganarán en competitividad; se generará más valor añadido; en algunos casos se podrá pagar mejor a los empleados, lo que acabará repercutiendo en la economía del territorio; y también permitirá que lleguen nuevas empresas que creen puestos de trabajo que puedan revertir la despoblación. «Un aumento de la competitividad de hasta el 8% es un impulso muy importante. En algunos casos permitirá pagar mejor a los empleados y en otros ser más competitivos con las empresas que competitivos en Europa. Ya no hablo de España sino de Europa», precisa el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel.
Uno de los problemas de la provincia es que las empresas son menos competitivas debido a los sobrecostes por su situación y el déficit de infraestructuras sin ningún kilómetro de autovía en todo el Bajo Aragón Histórico. Una falta de competitividad que también se aplica en algunos puestos de trabajo. «En algunos sectores faltan trabajadores y no por ofrecer salarios bajos sino por los sobrecostes por vivir en el medio rural», apunta José Antonio Guillén, vicepresidente de CEOE-CEPYME Teruel.
Uno de los requisitos para recibir las ayudas es que la sede esté en la provincia y que los trabajadores para los que se reciben las bonificaciones están empadronados en Teruel, Cuenca o Soria, lo que creen que beneficiará al asentamiento de población. «Estas ayudas a los costes laborales no solo son importantes para que las empresas sean más competitivas sino para aumentar la población. Si se crea empleo pero esos salarios no se gastan aquí no hacemos nada», afirma Santa Isabel.
La patronal está esperando ver cómo se traduce la medida en los presupuestos pero mientras tanto ya está trabajando internamente. La CEOE informó el viernes a sus asociados a través de una videoconferencia de los pormenores de las ayudas, aprobadas el pasado mes de abril por la Unión Europea para afrontar el problema de despoblación de Teruel, Cuenca y Soria que se equipararán así al régimen de ayudas que disfrutan zonas del norte de Escandinavia. «En el borrador de los Presupuestos viene estipulado la voluntad de aplicar el máximo posible, que sería un 20%, pero está sujeto a interpretación. Otra cuestión es que la política y la administración lleva sus plazos pero si en abril Europa dijo que sí es porque el Gobierno lo defendió en el intergrupo, no tiene sentido estarse año y medio negociando, incluirlo en el anteproyecto y luego no aplicarlo», apunta el vicepresidente de CEOE-CEPYME Teruel.
Una de las cuestiones a dilucidar es qué sectores podrán acceder a las ayudas. Los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León cuentan con un informe elaborado por una consultora en el que se da respuesta a cómo articular las bonificaciones y que esperan que facilite al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea. La forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.
Este informe de la consultora Garrigues estipula que podrán acceder a las ayudas pymes, micropymes y autónomos de menos de 250 trabajadores con un facturación menor a los 50 millones de euros al año. No están incluidos el sector primario, transportes, telecomunicaciones, finanzas, consultoría financiera, seguros y la extracción de metales. Se trata de un requisito que impone la Comisión Europea.
Criterios según el informe
- Efecto incentivador: La ayuda debe modificar el comportamiento de las empresas de tal forma que emprendan una actividad adicional que no desarrollarían sin la ayuda.
- Necesidad de intervención del Estado: debe hacer frente a una situación en la que pueda suponer una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo.
- Idoneidad: debe ser un instrumento adecuado para lograr su objetivo.
- Proporcionalidad: el importe debe limitarse al mínimo necesario para estimular la inversión adicional o actividad.
- Efectos: los efectos negativos de la ayuda en la competencia y el comercio deben verse compensados por los positivos.
- Transparencia: los Estados miembros, la Comisión, los operadores económicos y el público deben tener fácil acceso a todos los actos e información pertinentes sobre la ayuda concedida.
No obstante, el informe de Aragón y las dos Castillas también propone al Gobierno Central que se incluyan todos los sectores en la petición dada su importancia económica, que no haya ninguna exclusión, y que luego sea la propia Comisión la que decida. «El Gobierno tiene cierto margen de interpretación y esperamos que abra la horquilla porque sectores como el agrícola y el ganadero son muy importantes en nuestra provincia. Por ejemplo, el porcino asienta con pequeñas explotaciones integradas con gran impacto social», apunta Guillén.
Los autónomos es otro sector vital que se podrá beneficiar de las reducciones. El presidente de la Confederación Española de Autónomos de Teruel (CEAT), Juan Carlos Escuder, se muestra ,convencido de que la bonificación del 20% «generará más actividad económica» en la provincia y contribuirán a «asentar población». Escuder ha agregado que la rebaja de costes puede ser «importante» para hacer «más competitivas» a las empresas turolenses, para mejorar su rentabilidad y para contribuir al relevo generacional. A su juicio, el ahorro conseguido se podrá destinar a mejorar la remuneración de las plantillas para «fidelizar» a la mano de obra y a incrementar la inversión, entre otros fines.
Testimonios de empresarios
«La medida incentivará que se instalen nuevas empresas»
El gerente de Spain Rubber, empresa con sede en Alcañiz con 60 trabajadores, realiza una valoración muy positiva de la inclusión en el borrador de los presupuestos de las ayudas a los costes laborales para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Ahora espera que esta voluntad de plasme en el documento final de los presupuestos con una partida económica concreta y con las especificidades de cómo se va a regular. A la espera de conocer la «letra pequeña», las ayudas beneficiarán a las empresas por dos lados. Por un lado, ahorrar hasta un 20% en los costes laborales les permitirá ser más competitivos y poder colocar sus productos en los mercados. «Por el déficit de infraestructuras estar en Alcañiz o en otras localidades de la zona tiene un coste más elevado que contar con la sede en Plaza, por ejemplo», apunta el gerente de Spain Rubber. Lasa también opina que la ayuda puede ser un «paso muy importante» para que se instalen nuevas empresas que creen empleo y asienten población.
«La ayuda debería redundar en mejorar los sueldos y el consumo»
Esteban Milián Quílez, gerente de Milián Quílez Construcciones, explica que a falta de conocer los detalles de la propuesta, una reducción de hasta el 20% de los costes laborales es una gran noticia para cualquier empresa, incluida la suya, que cuenta ahora con casi 50 trabajadores. En su caso está a la espera de poder hablar con su asesor para enterarse de más detalles pero lo que ha conocido por los medios de comunicación lo valora muy positivamente. Explica que los costes salariales son altos para las empresas y en su opinión el futuro ahorro debería revertir también en el empleado con un aumento de los sueldos, lo que acabaría repercutiendo también en el territorio con un aumento del consumo. También incrementaría la competitividad de las empresas, que sufren los déficits del territorio como por ejemplo las malas comunicaciones con más horas de viaje, más peligro en la carretera y un mayor gasto en gasolina.
«Ese ahorro podría convertirse en otro contrato de trabajo»
El Restaurante Empeltre de Alcañiz tiene actualmente en su plantilla a 13 empleados en los dos locales en los que da servicio. Sin embargo, este cifra puede variar en función de la temporada, aseguró su dueño Adrián Lahoz, que haciendo cálculos sobre lo que supondría ese ahorro de un 20% en los costes laborales de sus empleados concluyó: «para mi supondría una cantidad importante de dinero, ya que si al final de mes multiplicas ese ahorro por cada uno de los empleados, supone una buena nómina». Este dinero de más podría materializar en la contratación de otro trabajador, asegura Lahoz. Aunque el propietario de este negocio alcañizano cree que esta propuesta llega muy tarde, «ya era hora de que las empresas y negocios que estamos aquí, en la provincia de Teruel nos beneficiemos con algún tipo de medida». Además asegura que supondría un soplo de aire para muchos negocios ante la contante subida del precio de la luz que se están registrando durante las últimas semanas.
Hace un año que está aprobado por la CEE, como tarden mucho más en aplicarlo no habrá trabajadores de quien descontar gastos, ni empresas que puedan pedirlo.