"Todo esto solo sirve para perder tiempo para que el Estado atienda a las víctimas". Con estas palabras concluía su intervención Mariano Tafalla, abogado de la viuda de Víctor Caballero y los padres y hermanos de Víctor Romero en la vista oral en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el recurso que interpuso el abogado de Norbert Feher a su condena de prisión permanente revisable. Y es que el recurso, del que ahora dirimirá la sala Civil y Penal del TSJA impide que exista una condena firme en el caso del triple crimen de Andorra, cuyo juicio se celebró en abril, y que por tanto puedan avanzar los litigios paralelos.
Por un lado, los abogados de las familias quieren retomar por la vía administrativa la responsabilidad patrimonial del Estado porque entre el tiroteo de Albalate y los tres asesinatos no se pusieron todos los medios humanos y materiales para capturar a una persona que había disparado a matar sin mediar palabra a dos hombres con un arma corta. Por otro, el juicio por las medallas a los altos cargos que dirigieron el operativo también está aplazado hasta que se cuente con una sentencia firme al entender que tiene relación con el triple crimen. Todo apunta a que en caso de que el TSJA no acepte el recurso, lo más probable, Feher ya no siga recurriendo a la siguiente instancia con un recurso de casación en el Tribunal Supremo, por lo que se podrá retomar próximamente la vía administrativa.
En la vista oral de este miércoles el abogado de Feher, Juan Manuel Martín Calvente, ha pedido la absolución de su defendido por los asesinatos de los agentes Victor Romero y Víctor Cababllero y una condena por homicidio de José Luis Iranzo o la devolución del caso a la Audiencia para un nuevo juicio. Para ello ha alegado que el veredicto del jurado popular que participó en el juicio no está suficientemente motivado al igual que la sentencia emitida por el presidente del tribunal, que las muertes de los dos guardias se produjeron al dispararles en legítima defensa, los escenarios de los crímenes no estuvieron custodiados con lo que no se garantizó que las pruebas no sufrieran alteración y ha rechazado el agravante de atentado a la autoridad porque asegura que el condenado no sabía que disparaba contra dos guardias civiles. "El tiroteo fue mutuo, él no sabía que eran guardias porque ni iban vestidos con el uniforme ni llevaban un coche serigrafiado de la Guardia Civil. Él lo percibe como una agresión porque además quedó demostrado en el juicio que tiene una percepción con un nivel más exagerado que nosotros", ha afirmado Calvente sobre su cliente, que ha seguido el juicio por videoconferencia desde la cárcel de A Lama (Pontevedra) con un aspecto muy desmejorado respecto al que presentó en abril durante el juicio.
Todos los abogados de las acusaciones, tanto particulares como las dos populares, han coincidido en pedir la desestimación íntegra del recurso presentado. Todos han defendido tanto la labor del jurado popular como los 38 folios de la sentencia después de un juicio "modélico". También han defendido que hubo alevosía y Feher no actuó en legítima defensa sino que sabía muy bien lo que hacía.
El abogado de la familia Iranzo, Enrique Trebolle, ha insistido en que Feher no ofreció al ganadero ninguna posibilidad de defenderle e incluso le disparó cuando huía de espaldas con para rematarlo. "Eso es homicidio con alevosía y para intentar que no le detuvieran porque como comentaron las psicólogas buscaba no ser apresado y estaba preparado para matar", ha afirmado Trebolle, quien ha tildado de "insulto a la inteligencia" hablar de "legítima defensa" en la actuación del asesino.
Por su parte, Tafalla ha defendido que está totalmente formada la motivación de los hechos juzgados en los 38 folios de la sentencia y ha recordado que incluso Feher "echa por tierra" lo defendido por su abogado al confesar los crímenes y que la nulidad de las pruebas ya la pidió Martín Calvente en las cuestiones previas al juicio y le fue rechazada.
En la misma línea se ha mostrado el letrado de la viuda e hija de Víctor Romero, Jorge Piedrafita, quien ha defendido que los dos guardias no pudieron defenderse tal y cómo demostraron las periciales al dejar constancia de que sus armas estaban enfundadas cuando recibieron los primeros disparos.
Por último, Pablo Martínez, abogado de UAGA, sindicato al que pertenecía Iranzo, ha asegurado que todas las sesiones quedaron registradas e incluso se emitieron por los medios de comunicación de forma íntegra por lo que no hay motivo para hablar de que haya la más mínima arbitrariedad.
