Condenan a Norbert Feher a prisión permanente revisable por el triple crimen de Andorra

Casi tres años y medio después de las muertes de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero, su asesino fue condenado este jueves a prisión permanente revisable. Sobre Norbert Feher recayó la máxima condena que establece el Código Penal español, la que dictaminó el jurado popular en un veredicto que dejaba pocas dudas la semana pasada y la que solicitaban las siete acusaciones y la Fiscalía. El conocido como Igor el Ruso no volverá a pisar la calle en la que es la primera prisión permanente de la provincia de Teruel y la segunda de Aragón (se estableció para el asesino de la niña Naiara).

La prisión permanente solo puede aplicarse después del tercer asesinato y una sentencia del Tribunal Supremo estableció que se deben individualizar las penas. Por tanto, en el fallo del magistrado Fermín Hernández dicta una pena de 25 años-el máximo permitido en el Código Penal- por el asesinato de Iranzo, otros 25 por el de Romero y a la permanente por el de Caballero al tener que seguir un orden temporal.

En su escrito advierte de que el acusado, condenado en Italia a cadena perpetua por dos asesinatos, no podrá progresar al tercer grado (dormir fuera de la cárcel) hasta que cumpla de 22 años de prisión y la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá el cumplimiento de un mínimo de 30.

La sentencia, que considera al acusado autor de tres delitos de asesinato «de forma consciente, voluntaria, con alevosía y para evitar que se le descubra», dos delitos de atentado a la autoridad contra los guardias y de tres robos con violencia; condena también a Feher a cinco años de prisión por cada uno de los robos y le prohíbe comunicarse con los familiares durante diez años a partir de su puesta en libertad. Por contra, le absuelve de la tenencia ilícita de armas y de la pertenencia a organización criminal.

También establece indemnizaciones para los familiares de más de tres millones de euros. 300.000 euros para las viudas, 200.000 euros para los hijos, 80.000 euros para los padres y 50.000 para los hermanos. En el caso de la mujer e hijo de Iranzo también se les suma un millón de euros en concepto de lucro cesante por las ganancias que se han dejado de obtener en la explotación agrícola y ganadera por la muerte del andorrano.

No obstante, al igual que ya ocurrió con las indemnizaciones por el tiroteo de Albalate, Feher se declarará insolvente y será el Estado el que las pague aunque con una cantidad muy inferior a la de la sentencia. Las que han obtenido una indemnización mayor, las viudas (300.000) recibirán menos de 70.000 euros aproximadamente.

La pena supone una condena sin precedentes en Aragón que ayudará a mitigar el dolor de las familias cerrando el capítulo penal aunque aún quedan más puertas que abrir. Con la sentencia en la mano y todos los testigos y peritos que han pasado por la Audiencia, los abogados de las familias retomarán por la vía administrativa la responsabilidad patrimonial del Estado porque entre el tiroteo de Albalate y los tres asesinatos no se pusieron todos los medios humanos y materiales para capturar a una persona que había disparado a matar sin mediar palabra a dos hombres con un arma corta. No obstante, el abogado del Ruso ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, por lo que este trámite pospondrá un año retomar la vía administrativa.

El abogado de la viuda de Caballero y los padres y hermanos de Romero, Mariano Tafalla, ya ha anunciado que volverá a reiniciar y retomar la responsabilidad patrimonial porque en el proceso penal ha quedado visto «que la actuación policial del 5 al 14 no se desarrolla en unas condiciones normales por la información que se disponía y que sí se llevó a cabo a partir de los asesinatos, cuando se desplazaron a la zona los cuerpos especiales, que en pocas horas detuvieron a Feher». «Fue una actuación distinta y razonablemente exigible por todos los antecedentes previos existentes, especialmente los dos intentos de homicidio de Albalate y la cantidad ingente de robos en masicos que pudieron haber conllevado la localización y detención de Feher sin que conllevase la desgraciada pérdida de los dos guardias e Iranzo. Por esa falta de actuaciones previas podría haber fallecido cualquiera de los otros guardias o el otro civil», afirmó ayer Tafalla, quien dijo que la sentencia era «lo esperado en cuanto a la acción criminal».

También acudirá a la vía administrativa la familia Iranzo por el «mal funcionamiento de los servicios públicos» que derivó en la falta de seguridad que hubo en el territorio en los días previos al triple crimen y durante el mismo día 14 de diciembre. Su letrado, Enrique Trebolle, se mostró ayer satisfecho con la sentencia. «Podrán recurrir, pero el jurado dejó tan claros los hechos que el fallo es inamovible. Es una sentencia de acero. Se ha hecho justicia y se ha conseguido extirpar el tumor que Feher representa para la sociedad», dijo Trebolle.

También habló de «satisfacción» Pablo Martínez, abogado de UAGA, acusación popular en el juicio. Dijo que la sentencia «se basa en una excelente argumentación jurídica» por parte del magistrado, lo que es una «garantía de cumplimiento». Su labor tampoco acaba con la vía penal ya que la organización agraria a la que pertenecía Iranzo presentó un recurso contencioso-administrativo por la concesión de las polémicas medallas a los mandos de la Guardia Civil que se admitió a trámite.

Jorge Piedrafita, abogado de la AEGC que representa a la viuda e hija de Romero, también se mostró ayer complacido con la condena y anunció que se opondrá al recurso con firmeza» ya que entiende que «el jurado hizo un gran trabajo con el veredicto, muy debatido y está perfectamente motivado en un proceso en el que se respetaron escrupulosamente todas las garantías y no se infringió ninguna ley».

Tampoco van a cesar en sus reivindicaciones los Amigos de Iranzo, quienes se mostraron «contentos» por la pena máxima. «Es el primer y principal paso pero nosotros no vamos a parar. En estos tres años y medio y ahora en el juicio se ha demostrado que hay unos responsables de que este asesino campara a sus anchas y no se activara un dispositivo acorde a su peligrosidad después de que disparara a matar sin mediar palabra con un arma corta en un masico de Albalate», afirmó Luisma Alquézar.

La otra acusación popular, la AUGC, también se mostró satisfecha con la condena y felicitó a los «compañeros que esos días patrullaron y a la Policía Judicial por el gran trabajo que realizaron». «No tenemos la misma opinión de los mandos de alto grado que tenían la potestad de haber pedido unidades especiales después del tiroteo de Albalate porque el final igual no hubiera sido el mismo. Es una espina clavada», afirmó su portavoz, Cristóbal Soria