«La España vacía» emprende una «dinámica constructiva» que implique a Madrid y la UE
La estrategia contra la despoblación y la reforma del sistema de financiación autonómica, con carácter prioritario, para poder acometer con justicia la prestación de los servicios públicos que prestan. Estas son las dos principales reclamaciones de la cumbre de la «España vacía,» una reunión que tuvo lugar ayer en Zaragoza en la que estuvieron las seis comunidades que concentran el 52% del territorio y solo el 21% de la población. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ejerció de anfitrión en el encuentro que mantuvo en el Pignatelli con sus homólogos de Asturias, Javier Fernández; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; Galicia, Alberto Núñez Feijóo y La Rioja, José Ignacio Ceniceros.
Documento conjunto
Las seis comunidades, gobernadas tanto por PSOE como por PP, suscribieron un documento en el que defienden que la negociación del modelo de financiación sea fruto de un acuerdo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, que las 17 comunidades decidan sobre el destino de los 47 millones de españoles. De esta forma, rechazan contundentemente los tradicionales acuerdos bilaterales que favorecen a zonas como País Vasco o Cataluña. «Se busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes porque son dos caras de la misma moneda para la España vacía, la que corre el riesgo de desaparecer», dijo Lambán.
Además, exigen que dicha financiación sea acorde al coste real de los servicios y que tenga en cuenta variables como la dispersión o la orografía. «En un lugar poblado como Fuenlabrada hacen falta cinco centros de salud y con la misma población que vive en la provincia de Cuenca, hacen falta 50 centros», explicó el presidente de Castilla-la Mancha. Por ello, siguen reclamando criterios ponderados de distancia y de oportunidades para el reparto de fondos que garanticen los mismos derechos de los ciudadanos allá donde vivan.
Para hacer frente a un mejor reparto de la financiación, una de las reclamaciones de los seis presidentes pasa por exigir la asunción total por parte del Gobierno central de la liquidación completa del IVA de 2017 después de que el anterior ejecutivo excluyera el mes de diciembre, a pesar de haber recaudado la totalidad del ejercicio, a raíz de un cambio del sistema de gestión del impuesto. En este sentido, el presidente de La Rioja afirmó que este impuesto supone el 80% de los ingresos ordinarios de las comunidades reunidas y, por ello, es vital su aportación. Cenicero también insistió en otros aspectos de la financiación, como la potenciación de mecanismos de solidaridad.
Con vistas al debate y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (MFP) para el periodo posterior a 2020, plantean la necesidad de alinear lo mejor posible la financiación disponible y las prioridades políticas. Esto pasa por una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y Fondos de la Unión y en los que, junto con la PAC entre otras, la Política de Cohesión juega un papel fundamental, para creación de empleo, promoción de la actividad económica, fomento de la l+D+i, acceso a infraestructuras, particularmente de TIC o dotación de servicios básicos del Estado de Bienestar,… El gallego Feijóo ironizó con el hecho de que Europa, el continente más envejecido del mundo, al que España ha transferido parte de sus competencias, no defienda precisamente la forma de abordar un problema mundial.
Transición energética justa
A diferencia de anteriores cumbres, esta vez no se incluyó la minería del carbón en el orden del día pero ello no impidió que se abordara el asunto. Las tres comunidades que comparten este problema, han reclamado una «transición justa», que pasa por el aplazamiento del cierre de centrales térmicas así como la reserva de un porcentaje para el carbón nacional en el mix energético de España. Aragón, Asturias y Castilla y León recordaron el papel estratégico que desempeña y ha de mantener el carbón nacional por seguridad para garantizar un suministro que, como se ha comprobado precisamente este mes, no se puede cubrir totalmente con energías renovables y menos aún en momentos punta de demanda.