La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) participó este lunes en la comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Estado contra la violencia de género en el Senado. La presidenta de FADEMUR, Teresa López, fue la persona encargada de explicar cómo se están implementando en los pueblos las medidas previstas en aquel Pacto logrado en el año 2017.
Durante su intervención, la presidenta recordó que en 2020 se cumplió con el mandato del Pacto de estudiar la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural. Concretamente, fue la propia FADEMUR la entidad encargada de realizar dicho estudio, que fue publicado en noviembre de 2020.
Ese estudio reveló a FADEMUR que entre las mujeres víctimas existe una falta generalizada de conocimiento sobre los derechos y recursos que les asisten. Por ello, la presidenta de FADEMUR pidió nuevas campañas de difusión en las que informar sobre los recursos a los que las mujeres pueden acceder en los pequeños municipios.
López también demandó que se sigan desarrollando campañas de sensibilización en el ámbito rural, recogiendo la buena experiencia del primer spot de estas características en España que la federación lanzó en el marco de su programa contra la violencia de género Cultivando Igualdad, el cual cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Desde FADEMUR añadieron que todavía es necesario lograr una mayor colaboración y coordinación con las comunidades autónomas en la implementación de programas específicos dirigidos a la población del medio rural, incrementando los recursos de atención especializados. Sobre esto, la presidenta indicó la Red Nacional de Espacios Seguros contra la Violencia de Género que FADEMUR creó en el año 2014 y continúa extendiendo gracias a la alianza con entidades públicas y privadas de todo el territorio.
Por último, López señaló que la ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, la cual prometía sacar a la luz el trabajo invisible de muchas mujeres del sector agrario y pretendía mejorar su independencia económica, continúa siendo «la gran desconocida». La presidenta indicó que de las más de 900.000 explotaciones agrarias existentes en España, solo 804 tienen titularidad compartida. López explicó que la causa es la desidia de las Administraciones a la hora de aplicarla y aprovechó para pedir un impulso sustancial que revierta estas malas cifras.
24 medidas por y para el medio rural
Además de revisar la situación actual, las mujeres rurales de FADEMUR pidieron la adopción de 24 medidas. Según dijo la presidenta de la organización «son el resultado de lo aprendido en nuestro estudio sobre la situación de las mujeres víctimas y de nuestro propio conocimiento y experiencia tras más de veinte años de trabajo en los territorios». Estas medidas son:
1. Perfeccionar la atención integral a víctimas en el medio rural, diseñando programas adaptados, que incluyan una perspectiva integrada de Género, Derechos Humanos y Ruralidad.
2. Promover e impulsar los Centros Municipales de la Mujer y Casas de la Mujer, como servicios de referencia de proximidad en la atención a las víctimas de la violencia de género.
3. Realizar una distribución geográfica racional de los recursos de emergencia, acogida y recursos especializados en base a criterios de densidad de población, nivel de aislamiento, o existencia de otros recursos alternativos.
4. Favorecer la creación de equipos itinerantes especializados de atención a mujeres y menores, de carácter multidisciplinar.
5. Crear redes de centros de atención, sanitarios, sociales, judiciales y policiales, que trabajen desde una perspectiva de detección precoz y de prevención de la violencia de género.
6. Diseñar e implementar, junto con las CCAA, políticas públicas de empleo destinadas a mujeres víctimas del medio rural, para favorecer sus procesos de salida de la violencia.
7. Favorecer el desarrollo de la Red de Empresas contra la Violencia de Género en el medio rural, e implicar al empresariado local en la inserción socio – laboral de las mujeres víctimas.
8. Desarrollar respuestas innovadoras ante situaciones especialmente complejas: mujeres agricultoras y ganaderas cuya actividad está vinculada al territorio, que trabajan y/o viven en zonas aisladas, en situación de riesgo y con dificultades de protección con los medios actualmente disponibles.
9. Promover las asociaciones de mujeres rurales como escudo y espacios seguros contra la violencia de género, y como recursos de referencia en materia de atención a víctimas y/o sensibilización social, reconociéndolas e incluyéndolas como agentes para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado y estableciendo una partida a transferir a las organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en la materia.
10. Promover la firma de compromisos de «Espacios Seguros» entre las administraciones públicas y organismos privados para mejorar e incrementar la red de recursos a mujeres víctimas.
11. Como dice el Pacto de Estado (medida 183), promover la creación de Comisiones y Consejos Locales de Igualdad en los Ayuntamientos rurales.
12. Acelerar la coordinación interinstitucional entre administraciones, para la mejora de la atención y protección de las víctimas, elaborando protocolos de Coordinación Interinstitucional a nivel local, mancomunado, comarcal y autonómico.
13. Promover Unidades de Apoyo locales que ayuden a la identificación de las víctimas, con independencia de la interposición de la denuncia, integradas por personal de los servicios sociales y sanitarios que actúen en coordinación con las FFCCSS y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el ámbito geográfico correspondiente.
14. En colaboración con las CCAA, fomentar la formación especializada de profesionales de los diferentes ámbitos de actuación en el medio rural: social, policial, educativo, sanitario, laboral, policial y judicial.
15. Incorporar módulos de igualdad y de lucha contra la violencia de género en todas las actividades formativas de las zonas rurales, financiadas con recursos públicos.
16. Diseñar y difundir campañas de concienciación y sensibilización, que reflejen la diversidad de realidades de municipios de menos de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 habitantes.
17. Redactar y/o revisar rigurosamente, junto con las CCAA, los protocolos de accesibilidad a los recursos de atención a víctimas de violencia de género residentes en municipios de hasta 20.000 habitantes: número de plazas disponibles, ubicación y horarios de atención de los servicios de información y atención, compatibilidad de horarios de los transportes disponibles con los servicios de atención, problemas de accesibilidad y movilidad detectados, medición de brecha digital, acceso a Internet de los territorios, etc.
18. Trabajar para disminuir los índices de victimización secundaria de las mujeres víctimas en el ámbito rural, favoreciendo la especialización de profesionales y la prevención, a través de programas adaptados de sensibilización de las administraciones públicas locales, la prevención de la violencia en centros educativos, y las campañas de concienciación social.
19. Fomentar los sistemas de ventanilla única en las zonas rurales, para unificar y agilizar los innumerables trámites administrativos, que tienen que realizar las mujeres víctimas en sus procesos de salida, y que muchos de ellos están muy alejados geográficamente.
20. Desarrollar los incentivos que contempla la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias para facilitar la igualdad de oportunidades en el sector agrario.
21. Incorporar de manera obligatoria, partidas presupuestarias específicas para la lucha contra la violencia de género en los municipios de hasta 20.000 habitantes, con un compromiso de sostenibilidad.
22. En colaboración con las CCAA, destinar fondos públicos para la concesión de ayudas económicas a las víctimas, adaptadas a su realidad y necesidades.
23. Incorporar la ruralidad a la recopilación de datos estadísticos, para obtener un mayor conocimiento de la realidad de la violencia de género en el ámbito rural (municipios de menos de 2.000 habitantes, menos de 5.000 habitantes, menos de 10.000 habitantes y menos de 20.000 habitantes).
24. Promover la realización o la revisión de los protocolos sanitarios de detección precoz en atención primaria rural, activando procesos de identificación de posibles víctimas, muy especialmente en colectivos especialmente vulnerables como mujeres jóvenes, mayores, con diversidad funcional o mujeres migradas en situación irregular.
