Los municipios afectados de la provincia de Huesca presentan recursos de reposición
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y a la del Júcar (CHJ) el archivo de los expedientes sancionadores abiertos a varios ayuntamientos aragoneses por vertidos contaminantes a los ríos. Cabe recordar que entre los ayuntamientos sancionados se encuentran Cantavieja, La Iglesuela, Castellote, Castelserás, Aguaviva, Mas de las Matas, Castelserás, Valdealgorfa, Mazaleón, Calaceite y Maella. También, varios pueblos del Pirineo. Las multas superan en todos los casos los 2.000 euros. Además, la Famcp ha solicitado a la CHE y a la CHJ la concesión de autorizaciones de vertido a todas las poblaciones afectadas mientras no se resuelva entre las administraciones central y autonómica la construcción y puesta en funcionamientos de los sistemas de depuración.
En julio de 2016, la Famcp ya aprobó una propuesta para pedir a ambas Confederaciones que dejaran sin efecto los expedientes sancionadores abiertos por vertidos contaminantes a los ríos. La federación solicitó una entrevista de trabajo al presidente a de la CHE, Raimundo Lafuente que, ante la ausencia de respuesta, volvió a solicitar en septiembre, sin que hasta la fecha haya obtenido contestación.
Arrojo lleva el asunto al Congreso
La demanda de la Famcp coincide con el debate este miércoles en el Congreso de los Diputados entre el diputado aragonés de Podemos, Pedro Arrojo, y la Ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Tal y como publicó el jueves Heraldo de Aragón, Arrojo recordó la situación que atraviesan los municipios aragoneses durante una intervención en el Congreso de los Diputados y denunció que el Ministerio, a través de la CHE, esté multando a los ayuntamientos en vez de resolver las obras que quedan pendientes y que no se han realizado. La Ministra defendió que el Ministerio ha aportado un montante de 146 millones de euros desde 2004 hasta 2016 para poder desarrollar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
Sin embargo, ese montante no se ha destinado a terminar el plan. Podemos lo ha denunciado en varias ocasiones e incluso se ha referido a «supuestas tramas de corrupción». En ese sentido, cabe destacar que la pasada semana el diario digital El Español hizo público un informe de la Cámara de Cuentas autonómica que «certifica la insostenibilidad, la ruina y la nefasta gestión del sistema más ambicioso de Europa para depurar las aguas urbanas».
El Gobierno de Aragón decidió en 2016 paralizar todas las depuradoras que no habían empezado a construirse. El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, atendió al pacto de gobierno firmado con CHA, que exigía «autorizar e impulsar exclusivamente los proyectos sostenibles desde los puntos de vista social, medioambiental y económico». Unos meses más tarde, Castelserás fue el municipio escogido por el IAA para un plan experimental y ya tiene redactado el proyecto para iniciar este año la construcción de una depuradora conocida como «de filtro verde».
Presentan recurso en Huesca
Mientras que los ayuntamientos bajoragoneses se reúnen para tomar medidas, los afectados de la provincia de Huesca ya han presentando recursos de reposición con los que esperan recuperar su dinero. Los han elaborado los servicios jurídicos de la provincia de Huesca. El recurso especifica que es responsabilidad de los gobiernos central y autonómico que las depuradoras no estén construidas y que, por tanto, no son los ayuntamientos quienes tienen que hacerse cargo de las sanciones.
El Plan nació con el horizonte de 20 años. Lo firmó el Gobierno del PSOE del año 2005 con una previsión de inversiones periódicas hasta 2035, año en el que toda la red de depuradoras debe funcionar. Los ayuntamientos cedieron sus competencias en depuración a la DGA en 2004 y en la actualidad algunos como Zaragoza y Jaca, los están reclamando ante el aumento del precio a pagar.
A todos los ayuntamientos afectados por la paralización de las depuradoras les han abierto expediente o les han sancionado este año con cuantías que van desde los 2.000 los 3.000 euros. Excepto Cantavieja, que lleva dos años pagando sanciones de más de 2.900 euros. No obstante, estos municipios ya pagan anualmente un canon de vertido que en su caso es más caro por no tener depuradora. Además, también se grava a los vecinos, que hacen frente a un impuesto de contaminación de aguas (ICA), que en su caso sí se bonifica por no tener depuradora.
