Urquizu insinúa que dos facturas de derrumbes firmadas solo por Suso están hinchadas
Los números no mienten pero dependiendo cuáles se miran las conclusiones son muy distintas. El equipo de gobierno de Alcañiz, formado por PSOE-Cs-IU, ha cargado este miércoles contra sus predecesores en los últimos ocho años, PP-PAR, acusándoles de «mentir» con las cifras de la deuda municipal y de «engañar» a la ciudadanía.
Han dicho que presentaron unas cuentas «maquilladas» para su «autobombo» durante toda la legislatura cuando lo que hicieron es reducir el déficit «en apenas tres millones» -de 11 a 8,3- a costa, sin embargo, de dejar una ciudad «en peor estado y con unos servicios municipales más deficientes». Unos números que se extraen de analizar la deuda financiera ya que la de proveedores era de cuatro millones en 2011 y ahora está a cero.
«Me pregunto dos cosas: ¿de todo ese esfuerzo cual es el resultado? ¿Por qué engañaron a la ciudadanía y ocultaron datos oficiales? Mi respuesta es que es por motivaciones políticas, propaganda. La ciudadanía no es tonta y esto explica lo que pasó en las urnas», dijo el alcalde Ignacio Urquizu
El tripartito también criticó que se perdieron 280.000 euros en subvenciones para obras que hubo que sufragar con dinero municipal y que hubo 141.000 euros en facturas «casi todas a la misma empresa» tan solo firmadas por el exalcalde Juan Carlos Gracia Suso y no por ningún técnico (facturas con reparos, una práctica habitual en las administraciones). Al respecto, Urquizu insinuó posibles irregularidades en dos pagos a la empresa Excavaciones Lecha de 23.500 y 30.000 euros por dos demoliciones, unas cifras que consideró elevadas para un derribo, por lo que invitaba a «reflexionar».
Otro de los aspectos en los que incidieron de las conclusiones de la Cuenta General es que el Ayuntamiento concede de forma directa el 66% de las subvenciones cuando debería ser por concurrencia competitiva.
«Solo» se reduce deuda en 3 millones
Estos datos se han aportado durante la rueda de prensa de presentación de la Cuenta General de 2018. La deuda total del Consistorio es de 8,3 millones y no de 1,4, los últimos números ofrecidos por los populares cuando gobernaban. El PP contabilizaba únicamente la deuda del Ayuntamiento, que bajo su mandato bajó hasta los citados 1,4 millones, sin embargo, ahora el tripartito suma el déficit del Consistorio y también de sus sociedades, que llega a los 5,1 actualmente.
A ello se le suma un crédito de 1,1 millones solicitado en la anterior legislatura para pagar las obras del cerro Pui Pinos pero firmado ya por el alcalde Ignacio Urquizu y los 2,3 millones del adelanto del canon de Aquagest. Esta operación, una de las más polémicas de los últimos años, los populares no la entendieron como deuda pero sí PSOE, Cs e IU cuando estaban en la oposición y ahora en el gobierno. Es más, acusaron ayer al PP de «ocultar» un «informe» del Ministerio de Hacienda que computa el adelanto de Aquagest como deuda.
«Decían que su principal meta era reducir la deuda y no han hecho prácticamente nada en comparación con otros pueblos y lo que se encontraron, hicieron lo que cualquier Ayuntamiento. En cambio, con su obsesión han paralizado la ciudad ofreciendo mal los servicios. Todo ese esfuerzo ha sido inútil», dijo el alcalde Urquizu, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por el edil de Hacienda, Javier Baigorri, y sus socios Kiko Lahoz (Cs) y María Milián (IU), muy crítica con la gestión de Aquagest.
En cuanto a la Cuenta General, que será auditada el próximo año, una de las conclusiones para Baigorri es que no cumple con la regla de gasto -al igual que 2017- pero sí con el objetivo de estabilidad porque hay más ingresos que gastos.
No hay dinero para la piscina
Otro asunto que se ha dado a conocer en la rueda de prensa es que en el ajuste presupuestario de más de un millón de euros por incumplir en 2017 la regla de gasto se redujeron la mayoría de las inversiones para este año, entre ellas, el medio millón para la nueva piscina climatizada. Es decir, que el proyecto estrella del PP durante el último tramo de legislatura y durante la campaña electoral no tenía financiación para licitar e iniciar posteriormente las obras en los últimos meses de este año, un dato que los populares desmintieron pero del que tampoco dijeron nada el resto de grupos, que aprobaron por unanimidad el plan.
Otra cuestión es qué pasa con el proyecto de obra, que tendría que haber sido entregado en junio o julio al Ayuntamiento por el estudio que lo realizaba. Desde el equipo de gobierno aseguran que desconocen si ya está en el Consistorio aunque tampoco se han interesado. Este miércoles Urquizu no ha descartado el proyecto de una nueva piscina pero ha dejado claro que no está entre sus prioridades. «Queremos planificar las instalaciones deportivas con los clubes. Es necesaria una piscina pero, ¿dónde y cómo?, eso lo tenemos que debatir», ha dicho el alcalde.
Visto el contenido del segundo punto de la reclamación de un servidor contra la Cuenta General de 2017, que se presentó el pasado año y se desestimó en Comisión y en Pleno, con los votos de PP-PAR -con un fondo del asunto y argumentario idéntico al de la actual Cuenta General de 2018, ésta en fase de exposición pública y pendiente del plazo de reclamación contra la misma-, la anterior Concejala Delegada de Hacienda, el anterior Alcalde y el representante del PAR en la Comisión Especial de Cuentas deberían reflexionar al respecto con el Interventor de la Corporación, ver lo que votaron el pasado año y ver lo que votan éste.
A mi juicio el actual equipo de gobierno debería hacer lo propio.
El reconocimiento, hoy, de que nos encontramos ante una operación financiera, de una operación de endeudamiento -negada hasta la saciedad a quien fue concejal en su día y contabilizada como ingreso-
no es suficiente, si no tiene un reflejo contable en el Balance de Situación y en el resto del conjunto documental de la Cuenta.
Con el debido respeto, entiendan que se pagó un alto precio por sacar adelante, en un bronco Pleno, el primer punto de la reclamación, relativo al Inventario Municipal y al asiento contable de su amortización, a cuyo Acuerdo de Pleno, por cierto, no se ha dado cumplimiento a día de hoy.
Sería de justicia y un ejercicio de transparencia en la presentación de las cuentas públicas a los alcañizanos que ahora, frente a la ceguera del anterior equipo de gobierno -que habría que esclarecer-, el nuevo gobierno municipal retomara, con la información dada en rueda de prensa y de la se hacen eco los medios de comunicación comarcales, aquel segundo punto de la reclamación que ya no pudo llevarse a término.
Siempre cabe la rectificación, antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio de 2018, salvo que, dicho sea con el debido respeto y en términos de defensa, el actual equipo de gobierno incurra en el mismo error inexcusable, no dando luz a una importante deuda municipal que alcanza apróximamente 2M€.
No debería ser necesario volver a impugnar la Cuenta General del ejercicio de 2018, respecto de lo cual cualquier vecino de la ciudad ostenta legitimidad.
Solo puedo decirle que se pase por los juzgados de Alcañiz e interponga la oportuna denuncia contra quien corresponda, si no lo hace, se convierte en complice y ústed es un cargo público.