El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) de la Unión Europea para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva.
El desarrollo de esta medida ha sido posible tras la aprobación del reglamento transitorio que incluye la extensión del mecanismo previsto en el sector del vino al del aceite de oliva, como había sido solicitado por España en el transcurso de las negociaciones de este reglamento y de la futura Política Agraria Común (PAC).
La norma nacional, largamente demandada por los representantes del sector, posibilita la autorregulación en un cultivo cuya producción se encuentra caracterizada por el fenómeno de la vecería, con campañas de producciones muy altas alternadas con otras de rendimientos bajos. Esta es una de las causas de la gran volatilidad de los precios, que tiene a su vez una clara incidencia en la viabilidad económica de muchas de las explotaciones oleícolas, en particular las más tradicionales.
Este real decreto permitirá que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado pueda, previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector, determinar a través de una orden una retirada temporal de producto de manera obligatoria para todos los operadores del sector, hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario.
De esta forma se pretende favorecer la recuperación de los precios percibidos por los agricultores en situaciones de crisis como las que se han padecido en las dos campañas anteriores.
Un sector estratégico
La norma, que forma parte de las 10 medidas de la hoja de ruta para el sector oleícola presentada por el ministro Luis Planas el pasado mes de junio, permitirá mejorar y estabilizar un mercado fundamental en la producción agroalimentaria española, con un marcado carácter social, que desempeña un papel clave para la economía de las zonas rurales.
El decálogo se articula en torno a tres ejes principales: favorecer el ajuste de la oferta y la demanda (en la que se enmarca el real decreto aprobado hoy); mejorar la trazabilidad, la información al consumidor y la segmentación del mercado; y aprovechar los mecanismos de la nueva política agraria de la Unión Europea.
Luis Planas ha informado con detalle al Consejo de Ministros sobre el plan del ministerio y esta batería de medidas que se complementan y crean sinergias con otras iniciativas del Gobierno, como la modificación de la ley de la cadena alimentaria, que se lleva a cabo en dos fases, la última de las cuales se tramita ahora en el Congreso de los Diputados.
El ministro ha explicado que España es líder mundial en producción y exportación de aceite de oliva. De los 2,7 millones de hectáreas de cultivo se obtiene una media anual de 1,4 millones de toneladas de aceite, que es el tercer producto agroalimentario más exportado y llega a más de 100 países. El valor de estas ventas supera los 2.800 millones de euros.
El olivo lo cultivan en 15 de las 17 comunidades autónomas más de 350.000 agricultores, con cuya actividad y producto se generan, además, más de 32 millones de jornales y más de 15.000 empleos en la industria transformadora. Existen 31 figuras de calidad diferenciada (indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas) que amparan a un producto clave de la Dieta Mediterránea.
Como parte del patrimonio paisajístico y medioambiental, el olivar es también un cultivo estratégico y muy bien posicionado para dar una respuesta satisfactoria a las demandas sociales en el ámbito de la ecología, la sostenibilidad, la economía circular y la bioeconomía.
Aumentan las exigencias para los Paneles de Cata
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de modificación de la normativa básica que regula los paneles de catadores de aceite de oliva virgen. El objetivo es profundizar en su armonización y mejorar la formación de sus integrantes y la supervisión que se realiza de estos
equipos, que serán autorizados en función de resultados.
La nueva norma introduce requisitos para la autorización de los paneles de catadores oficiales, que tendrán que ser designados por la autoridad competente y superar determinadas pruebas de aptitud de manera periódica. Para ello, la autoridad para la que realicen el trabajo podrá llevar a cabo cuantas acciones de control considere oportunas con el fin de evaluar la idoneidad de los jurados y verificar que no existen conflictos de interés.
Por otra parte, se incluyen nuevas exigencias de formación para los jefes de panel, que también deberán acreditar un tiempo mínimo de experiencia que se recomienda de dos años. Además, se crea la Mesa de Jefes de Panel, con indicación de composición y funciones, para favorecer la armonización de las actuaciones de todos ellos.
El cambio obedece a una demanda de mejora del sistema de control oficial de las características organolépticas del aceite de oliva virgen por parte del sector productor, que también solicita aumentar las exigencias a los paneles y proporcionar mayores garantías de uniformidad de criterios entre estos. La experiencia adquirida a lo largo de los trece años de aplicación del real decreto que ahora se modifica también avala los cambios.
La actualización garantizará la verdadera calidad en el producto y lo preservará mejor frente a posibles fraudes. En consecuencia, ofrecerá mayores garantías a los operadores, por lo que se estima que tendrá un impacto positivo sobre la economía.
El aceite de oliva es el único producto agroalimentario en el que se usa la cata para distinguir una categoría de otra. Se trata de un método oficial avalado por estándares internacionales con validez científica y reconocido por el Comité Oleícola Internacional y la Unión Europea. Aunque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en la búsqueda de métodos alternativos complementarios, todavía no ha sido posible encontrar uno suficientemente satisfactorio.
