El ejecutivo autonómico ha insistido en culpar del retraso a que está condicionado por la estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit que marca el Gobierno Central
La construcción del Hospital de Alcañiz se retrasa de nuevo. No comenzará hasta la primavera de 2017 pese a que DGA había mantenido en los últimos meses que se colocaría la primera piedra antes de final de año. Además, su ejecución se prolongará durante cinco años, uno más del previsto inicialmente, para "poder cumplir así la estabilidad presupuestaria que exige el Ejecutivo central". Así lo han anunciado en Zaragoza el consejero de Presidencia, Vicente Guillén; y el de Sanidad, Sebastián Celaya, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en el que se ha dado luz verde al gasto y al expediente de contratación de las obras de dicho centro hospitalario. El ejecutivo autonómico ha insistido en culpar del retraso a que está condicionado por la estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit que marca el Gobierno Central. «Es la respuesta a estar totalmente intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Esto ha provocado que Intervención no fuera capaz de dar el visto bueno a los cuatro años inicialmente previstos porque no podíamos garantizar que hubiera un presupuesto que permitiría cubrir esos gastos», ha dicho el consejero de Sanidad, Sebastán Celaya.
La decisión del Gobierno ha consistido en cinco acuerdos que incluyen la autorización del gasto plurianual para las obras de construcción, la dirección de obra, de instalaciones, de ejecución y de coordinación de seguridad y salud, lo que suman un total de 81.838.360 millones de euros.
Se contempla la construcción en cinco años, uno más de lo que se había previsto en un principio, porque, ha recordado Celaya, la situación económica "no permite otra cosa", aunque ha adelantado que dependerá de las ofertas de las empresas, que calcula que puede ir a la baja y acelerar las obras en el último año para que pudiera estar finalizado a principios de 2021. En este sentido, el consejero de Sanidad ha recordado que en 2009 el gasto sanitario del Gobierno central en Aragón era 1.525 euros por habitante, cifra que se situó en 2015 en 1.214 euros, lo que supone un descenso del 21 % y coloca a la Comunidad por debajo de la media.
En opinión de Celaya, el Gobierno central "debería darse cuenta de que Aragón necesita una cantidad mayor por su situación geográfica y envejecimiento". Ante esta situación, el Gobierno de Aragón se ha visto obligado a cinco plurianuales, con un presupuesto el primer año de 11,2 millones de euros en inversiones, que sobre un presupuesto de 2.000 millones son "perfectamente asumibles", ha explicado el consejero. En 2018 se destinarán 17,5 millones de euros y la misma cuantía en 2019, para pasar a 17,7 millones en 2020 y 2021.
Esta semana se publicará el acuerdo en el boletín de las Comunidades europeas y en el del contratante y posteriormente en el de la comunidad. El Gobierno de Aragón prevé que en un plazo de dos meses las empresas puedan comenzar a presentar sus ofertas y que en otros dos se pueda decidir la oferta más ventajosa, que, ha apuntado Celaya "siempre puede estar sometida a reclamaciones debido a la escasez de obra pública". Una vez pasados estos plazos, la previsión del Ejecutivo autonómico es que entre marzo y abril como muy pronto puedan empezar las obras de construcción del hospital.
El consejero de Presidencia ha recordado que el anterior ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi aprobó la construcción del Hospital mediante el sistema de colaboración público privada por el que la empresa constructora gestionaba lo no sanitario y recibía un canon durante 20 años, una fórmula que el actual Gobierno consideró "lesiva" y paralizó la adjudicación. Guillén ha justificado la decisión por estimar que el sistema de colaboración público-privada presenta algunos problemas, el primero el elevado coste de construcción, que "se dispara entre 5 y 7 veces", a lo que se suma el "escaso control" y las dificultades para controlar el incremento del canon anual.
El segundo aspecto negativo, ha citado, es que los hospitales "disminuyen de manera notable" el personal y con ello la calidad de la atención primaria y ha puesto como ejemplo el exceso de mortalidad detectado en Londres en los hospitales construidos mediante este sistema. El tercer aspecto es que las infraestructura suelen tener "diferencias notables" con los construidos de forma pública.
Para Guillén, otra de las características negativas es que cuando se producen adjudicaciones a las UTE éstas "terminan vendiendo sus participaciones a multinacionales de capital riesgo con la posibilidad de que "desaparezcan cuando disminuye su rentabilidad".
Preguntado por el nuevo hospital de Teruel, Celaya ha informado de que ya está adjudicada la redacción del proyecto para adaptarse a las nuevas normativas de gasto energético, seguridad e instalaciones, que se conocerá a final de año y se pondrá en marcha la licitación.
El único partido que se ha pronunciado públicamente al respecto ha sido Podemos. Su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón ha calificado de «preocupante» que el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, haya anunciado un nuevo retraso en la finalización del hospital de Alcañiz. La diputada Marta Prades ha recordado que «Celaya ya aseguró hace un año que las obras se iniciarían a finales de 2016». «Ahora nos encontramos con que el plan de ejecución se dilatará otros 5 años», ha criticado.
Para Prades, «es una mala noticia esta ampliación del plazo, hasta 2021. El señor Lambán podría haberlo pensado mejor antes de prometer en campaña electoral, en la misma puerta del actual Hospital de Alcañiz, que el nuevo centro estaría en funcionamiento en 2019».
«Si a esto le sumamos que en esta legislatura tan solo van a ejecutar la mitad de la partida presupuestaria aprobada en 2016, tememos pasar otra legislatura debatiendo sobre el hospital de Alcañiz y no viendo cómo es un proyecto iniciado y real no sólo propio de programas electorales y fotos de campaña», ha concluido la diputada.
