El Inaga asegura que no hay conflicto de intereses en la tramitación de las renovables

El director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, aseguró este martes que no ha habido ni un solo conflicto de intereses en la evaluación autonómica de los proyectos eólicos y fotovoltaicos. Lobera explicó que las tres consultoras contratadas para analizar los parques ante el aluvión de expedientes debían presentar actas de compatibilidad de cada expediente supervisado y que, «en ningún caso», llegaron a intervenir en parques en los que previamente habían colaborado. 

En una comparecencia en el Pignatelli, el máximo responsable del órgano ambiental aseguró que la fragmentación de los proyectos tampoco rebajó el grado de control, ya que en todos los casos se analizaban los efectos acumulativos con todos los parques planificados y en funcionamiento, además de actividades en su área de influencia que pudieran ser relevantes para el impacto ambiental. «El Inaga hace gestión ambiental, no política ambiental, trabajando en la línea más escrupulosa de la legalidad, con todo rigor», declaró.

El alto cargo de la DGA también negó la acusación del PP sobre la «purga» de altos funcionarios en el Inaga por no plegarse y achacó el relevo del que fuera histórico secretario general, Ángel García Córdoba, y de dos jefes de área, Jordi Reinoso y Susana Olavide, que no intervenían en la evaluación de las renovables a la «falta de cumplimiento de sus obligaciones». 

En el caso de García Córdoba, el director del Inaga añadió que fue cesado hace un año y ahora trabaja para la alcaldable del PP en Zaragoza, Natalia Chueca. Lo dijo en dos ocasiones, aunque negó, a pregunta de los periodistas, que entienda que haya una relación. Este alto funcionario es jefe de servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, en el área de Servicios Públicos que gestiona Chueca, desde el pasado 19 de abril y el PP hizo la denuncia de irregularidades en la tramitación de renovables tres semanas después.

La comparecencia fue una respuesta directa a la información publicada este martes por el diario El Mundo en la que apunta que dos de las tres consultoras que han evaluado parte de los 672 expedientes de renovables tramitados en esta legislatura, Satel y Calidad y Estudios, habían redactados previamente proyectos para la principal empresa impulsora de proyectos, Forestalia.

A este respecto, Jesús Lobera subrayó que todos los parques de esta compañía aragonesa los supervisaron tanto Sarga como la tercera consultora contratada, Vea Qualitas, para no incurrir en una incompatibilidad. Y detalló que el 60% recayeron en la empresa pública de la DGA y el 40% restante en la asistencia técnica privada. «Parece que se estuviera hablando de que hay empresas de asistencia técnica que han estado trabajando en ambos bandos y no ha sido así de ninguna forma», aseveró.

«Procedimos a comprobar que todas estas empresas eran compatibles con los encargos que se les hicieran y se exigió desde el primer día la compatibilidad», destacó, explicando seguidamente que Satel y Calidad y Estudios se encargaron de supervisar los expedientes del resto de empresas.

El máximo responsable del Inaga insistió en que el medio centenar de funcionarios que constituyen el ente público no tienen «ningún interés» en que salga o no salga determinados proyectos. «Lo que hacemos es gestión, trabajamos técnicamente los elementos evaluatorios que marca la Ley de Evaluación Ambiental. No debemos evaluar en virtud de nuestro criterio personal y la seguridad jurídica evita este tipo de problemas», remarcó.

Lobera también se refirió a la tramitación de un parque eólico, Canteras I, que tuvo dos propuestas de resolución desfavorables y que finalmente obtuvo una aprobación condicionada. A este respecto, detalló que el promotor modificó el proyecto, reduciendo el número de aerogeneradores, entre otros ajustes, cuando se le dio trámite de audiencia, como se hace «en el cien por cien de los expedientes».

El PP exige explicaciones a Lambán

La portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, exigió este miércoles explicaciones a Javier Lambán ante la «gravedad de lo ocurrido dentro del INAGA con el proceso de las energías renovables». Vaquero recordó a Lambán que «esto no es un tema de campaña, esto es un escándalo y una trama que se ha fraguado durante su mandato. Lambán es responsable y sus socios de CHA, PODEMOS y PAR cómplices».

Por eso, Vaquero instó a Lambán a dar explicaciones urgentes y no utilizar «a una persona interpuesta», como ocurrió el martes con una rueda de prensa del director del INAGA que se convirtió en «más inconcreciones, más contradicciones, más incongruencias y una falta de coherencia en todas y cada una de sus palabras».

«Hoy hemos visto en los medios de comunicación como hay personas importantes del PSOE, del PAR y de CHA, personas que han estado vinculadas al Gobierno de Aragón, que en estos momentos están a nómina, están a sueldo de la empresa promotora de los parques, o bien prestan directamente servicios. Si se cree el señor Lambán que no debe dar explicaciones ante todos los aragoneses, está muy claro que está muy lejos de lo que debe corresponder con  un político, con un gobernante responsable, honorable y honesto», sostuvo la portavoz popular.

Vaquero señaló que el PP está pidiendo explicaciones ante un grave escándalo que se refiere a los años de gobierno de Lambán y recordó tal y como el martes anunció el presidente de los populares, Jorge Azcón, que El PP en «el primer momento en que se constituyan las Cortes registraremos esa petición de Comisión de Investigación para que en la primera Junta de Portavoces se solicite incluir en el orden del día del primer Pleno de la próxima legislatura su constitución».

La portavoz popular concluyó instando a Lambán a dar explicaciones, «por la honorabilidad que se corresponde con un presidente de Gobierno, le pedimos que dé explicaciones sobre un asunto que en estos momentos escandaliza y preocupa a cualquier aragonés».

Teruel Existe ya denunció irregularidades

El candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por la coalición Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, valoró este las recientes informaciones publicadas en distintos medios de comunicación respecto a los procedimientos administrativos desarrollados por el  Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), entidad perteneciente al Gobierno de Aragón, para la evaluación y valoración de los proyectos presentados de centrales de renovables en la Comunidad.

Guitarte recordó cómo Teruel Existe junto a Aragón Existe, ofreció una rueda de prensa en diciembre de 2022 para informar de la denuncia ante las tres fiscalías de Medio Ambiente en Aragón, y también en la fiscalía general del Estado (sala de medioambiente y urbanismo). Expusieron entonces, explicó Guitarte, «15 casos flagrantes de presuntas irregularidades constantes en la evaluación de plantas de energías renovables en Aragón, para las que aportaron pruebas y documentación». Francisco Juárez, portavoz de Aragón Existe, afirmó en aquel momento que , «cuando obtengamos representación parlamentaria, solicitaremos una comisión de investigación de la tramitación de renovables en Aragón, tanto en el departamento de Industria como en el INAGA».

Tomás Guitarte trasladó que la denuncia de Teruel Existe ya judicializada y en proceso de investigación se está constatando «y con las últimas informaciones de los propios trabajadores del INAGA insistimos, como ya solicitamos en su día, en establecer una moratoria de todos los proyectos que se tramitan por este organismo hasta que quede aclarado este asunto».

Asimismo, el candidato de Teruel Existe recordó que en febrero de este año se pidió la dimisión del director del INAGA, Jesús Lobera, y del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, «por la gravedad del asunto y sus consecuencias, con impactos irreversibles». Teruel Existe detalló con un informe elaborado con datos públicos, que «en el año 2022 el INAGA dio el visto bueno al 96% de los expedientes», lo que «denota un nulo control medioambiental» por el que exigen dimisiones.

Asimismo mostró cómo desde principios del año 2021, el INAGA ha realizado contratos con tres empresas para apoyo técnico y administrativo para la tramitación de estos expedientes, que a su vez elaboran para los promotores muchos de los Estudios de impacto que son objeto de esta evaluación ambiental, lo que denunciaron como «muy grave». También destacaron que el INAGA no actúa como evaluador en la tramitación ambiental sino que actúa durante todo el procedimiento de manera proactiva, indicando a los promotores las medidas a considerar antes de emitir la Declaración de impacto ambiental (DIA). Esta denuncia hoy se corrobora con las declaraciones de funcionarios del INAGA que denuncian que se han aprobado expedientes que «no están amparados por informes técnicos de funcionarios de la casa».

Desde Teruel Existe han sido muy críticos con las declaraciones del Partido Socialista en las Cortes de Aragón en las que presumen que las macro renovables es uno de los pilares, y una de las fortalezas económicas, de desarrollo y de redistribución de la riqueza en nuestro territorio. Guitarte denunció una vez más que «esta implantación no fija empleo sino que causa despoblación». «Queremos que contribuya de verdad con un canon del 20% al 30% de los beneficios para el territorio que lo sufre, como en otros países de la Unión Europea, y se respeten el patrimonio natural y cultural, junto a los sectores económicos que sustentan nuestras comarcas», destacó.