Con «incredulidad«, «estupefacción» y «desolación«, asisten los exempleados afectados por el cierre de la Central Térmica de Andorra a cómo «desde la secretaría de Estado de Energía, la Dirección General de Trabajo y el Instituto para la Transición Justa informan, después de la reunión mantenida el pasado día 14 de octubre por la comisión de seguimiento del pacto tripartito, de que este acuerdo puede ser un hecho histórico. Poniendo en valor «los avances producidos en todos los compromisos adquiridos».
A través de un comunicado de prensa, aseguran que «no podemos más que mostrar nuestro más profundo rechazo a estas declaraciones cuando en esta reconversión, mal llamada transición y mucho menos justa, se está produciendo en los términos que las y los trabajadores hemos estado vaticinando y denunciando durante mucho tiempo». Continúan afirmando que «o no se enteran, o no están bien informados, o pretenden manipular a las personas y la situación. No sabemos de qué avances ni compromisos hablan, pues aquí, en el territorio afectado reina el desconcierto, el caos y los intereses de las mismas empresas que pusieron en la calle a sus trabajadores, para decidir hoy quién, cómo y cuándo se trabaja en las actuales labores que se están acometiendo en la Central Térmica de Andorra».
Muestran su respaldo respecto al personal que ha sido solicitado para realizar estas tareas, sin embargo, «tenemos que denunciar que lo han hecho renunciando a unos cursos por incompatibilidad con los horarios de trabajo, y bajo amenaza de no poder volver a los mismos», dicen. También denuncian que «son muchos más los compañeros que no saben si van a tener la misma suerte y que no pueden planificar un futuro digno para sus familias. Por no hablar de las 17 familias de trabajadores de la propia Enel-Endesa, que van a tener que abandonar Andorra y Aragón como única salida laboral».
«¿Es todo esto un avance en los compromisos adquiridos? Los responsables de esta reconversión deben saber que no nos vamos a enfrentar entre trabajadores, pues somos conscientes de que el deber y derecho de todos y todas nosotras es el de trabajar para alimentar a los nuestros», añaden.
Se refieren también a las líneas de ayudas, «lo único que queda claro y concreto de las últimas informaciones recibidas». «Incluidos 316 millones para energías renovables que suponemos que irán a los bolsillos de los que de momento son los únicos beneficiarios de este «error histórico, las eléctricas», apuntan.
Desde la plataforma de Subcontratas y el Comité de Empresa continúan el comunicado diciendo que «tenemos que informar a nuestros representantes sindicales en la comisión de seguimiento, pues muchos y muchas de nosotros somos afiliados y hemos sido delegados de los diferentes sindicatos implicados, además de parte activa en la lucha y reivindicaciones que hemos protagonizado con nuestros sindicatos a la cabeza, de que no podemos hablar de avances, o de mecanismos justos a futuro. La entrada a los cursos de las empresas “ya” se están realizando en este momento de una forma arbitraria y sin asegurar la contratación de ninguno de los y las despedidas en este proceso, mucho menos para las contrataciones, pues actualmente parece ser que los cursos no son más que un negocio puro y duro, ya que sabemos que las mismas empresas que despidieron a sus trabajadores están contactando a gente para las labores de desmantelamiento presentes y futuras sin tener los tan cacareados cursos», denuncian.
Sin respuesta a la petición de reuniones
Recuerdan en el escrito que todavía esperan la reunión solicitada «hace ya meses» al Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; y a la Directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín. Extienden esta petición al alcalde de Andorra «y a todos los cargos con responsabilidades que han hablado y prometido durante este proceso, sacando pecho de sus contactos y relaciones políticas para que todos juntos y aquí en Andorra mirando a los ojos de los y las afectadas nos expliquen cuáles son esos avances, en qué afectan a las personas más perjudicadas y qué es lo que se va a hacer por los mismos, si se va a hacer algo».
Terminan reclamando que, «por lo menos nos merecemos la verdad y que se nos diga a la cara, pues hoy lo único que está claro es que las empresas están haciendo lo que les da la real gana. Dicho esto, creemos que ya ha pasado hace mucho el tiempo de hablar y prometer, es el tiempo de hacer, y el que no sepa o no quiera defender a los y las trabajadoras y el interés general de los territorios y sus ciudadanos, que se vaya. Nosotros y nosotras no olvidamos, ni olvidaremos llegado el momento».
La historia se repite, pero los paganos son las familias de los trabajadores en paro.