El comisionado para la lucha contra la despoblación en Aragón, Javier Allué, ha comparecido este lunes en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario para informar a los grupos parlamentarios a petición del PP del trabajo realizado en el último año y, especialmente, sobre la elaboración del proyecto de ley de Dinamización del Medio Rural, que entre marzo y julio ha recibido medio centenar de alegaciones de diversas organizaciones sociales y organismos como el IAF y la Dirección General de Ordenación del Territorio.
Para Allué, el futuro texto servirá «de complemento» a los instrumentos ya existentes y pretende incorporar aspectos como un «mecanismo rural de garantía», el establecimiento de principios de «sensibilización y atractividad» para el medio rural, un bloque de «gobernanza, coordinación y operadores territoriales», así como una «delimitación y zonificación» para una «fiscalidad diferenciada».
Frente al «victimismo» del discurso «negativo y falso» que proyecta muchas veces la «España vaciada», el comisionado ha abogado por destacar el atractivo que atesoran las zonas rurales para vivir en ellas y reivindicado el trabajo y el esfuerzo inversor del Gobierno de Aragón y de las distintas administraciones, «sin los que Aragón sería un auténtico desierto». Además, ha apuntado el crecimiento en el número de habitantes en los dos últimos años (también el de ciento cuarenta municipios de escasa población) y ha considerado que la pandemia puede ser una «oportunidad». Una oportunidad que desde su Comisionado se pretende aprovechar impulsando mejoras de financiación en la comisión sectorial sobre la estrategia nacional frente al reto demográfico que está previsto se apruebe a finales de este año. En ese grupo de trabajo Allué se ha atribuido la inclusión en el documento estratégico de un capítulo específico de mecanismo financiero. «No lo iban a poner y sin él sería otro documento estratégico más y para qué, ya los conocemos todos», ha explicado.
En esa línea de trabajo, la participación aragonesa ha solicitado la inclusión de un fondo específico para luchar contra la despoblación y el reto demográfico que esté vinculado al fondo europeo Next Generation. También, que el órgano sectorial reclame una reforma del modelo de financiación que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios básicos y que de ello dé traslado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La estrategia nacional también contempla un «plan calendado» o agenda común para la ejecución de objetivos transversales, en la que Aragón ha solicitado que figure una metodología de aplicación para las regiones y entidades locales con «criterios de priorización de zonas» para los espacios menos poblados. La otra línea trabajo son las alianzas interregionales, en las que la Comunidad aragonesa ha firmado un documento junto a Castilla y León y Castilla La Mancha por el que, en razón de su condición de territorios NUTS 3 (con menos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado), estas tres regiones solicitan a la UE poder acceder a una serie de ventajas fiscales como las que rigen en los países nórdicos y que no sean consideradas como ayudas de Estado.
La diputada del PP Mar Vaquero ha criticado la política «de expectativas» y «no de realidades» del Gobierno de Aragón en materia de despoblación y ha lamentado que la directriz peque de «poco ambiciosa y conformista» porque «no establece objetivos claros ni prioridades». En ese sentido, Vaquero ha asegurado que «no necesitamos un estudio más, sino compromiso y medidas como incentivos, medidas de alivio fiscal, ayudas directas o inversiones para infraestructuras como la banda ancha y las carreteras que den servicio a nuevos habitantes y a los que permanecen en el medio rural.
Por el resto de los grupos representados, Darío Villagrasa (PSOE) ha pedido «menos literatura» sobre «la España vaciada» y menos «victimismo» y más unión de los grupos para defender políticas de dinamización de las zonas rurales y ha apelado a la libertad individual para decidir vivir en un pueblo.
Ramiro Domínguez (Ciudadanos) ha aludido al destino del dinero invertido en los pueblos, «los palos en las ruedas» que se ponen a los emprendedores, el decreto de purines, el plan de gestión forestal, las renovables y el estado de las carreteras.
Itxaso Cabrera (Podemos Aragón EQUO) ha reclamado «más autonomía local y servicios» para afrontar la situación «crítica» que viven doscientos nueve poblaciones de menos de cien habitantes frente al «caciquismo y el clientelismo» de 2008.
Y David Arranz (Vox en Aragón) se ha posicionado en contra de la creación de más estructuras administrativas como la de Allué y le ha pedido «soluciones y resultados» adoptando medidas sin esperar a la entrada en vigor de la ley de Dinamización.
